Roger Heli Díaz Guillén.
El 17 de abril conmemoramos, no celebramos, desde hace 28 años el “Día Internacional de las luchas campesinas”, siete días después de la muerte y asesinato de Emiliano Zapata, icono de movimientos y luchas campesinos del siglo XX en México que costaron miles de vidas de mexicanos que creyeron en que la tierra debía estar en manos campesinas e indígenas, que hoy representan más de 32 mil ejidos y comunidades en México y más de 3 mil en Chiapas que son dueños de más de la mitad de los territorios nacional y estatal. Conmemoración en memoria a la muerte de 19 campesinos en Brasil que iniciaron y dieron vida al movimiento de “los sin tierras”, que para Chiapas y México representa la muerte de miles de campesinos, indígenas, líderes y representantes de pueblos y grupos que al igual que Brasil fue un movimiento de los sin tierras que estaban en manos de la iglesia y grupos del poder oligárquico imperante en México.
Decretar la conmemoración fue acordada en la segunda conferencia del movimiento internacional “Vía Campesina” cuyo origen se da en Brasil con el movimiento de “Los Sin Tierras” que transitó a 1993 a la convergencia de intereses de campesinos y agricultores del mundo creando una coalición internacional denominada Vía Campesina integrada hoy por 182 organizaciones de 81 países del mundo, quienes en la cumbre mundial por la alimentación organizada por la FAO en 1996 introdujo el concepto de soberanía alimentaria cuya categoría es asumida como derecho colectivo de pueblos en el 2007, planteando esta organización en declaración de Nyéleni en Mali que “la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimento nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, basados en los derechos sobre el patrimonio cultural natural y territorial de los pueblos.
Este mes de abril es trascendental para los ciudadanos que creemos que la historia en el pensamiento, conciencia y razón humana es una fortaleza de nuestra identidad como chiapanecos y mexicanos, al recordarse y engrandecerse fechas que han incidido en la vida pública como destacar el 5 de abril el día de la conciencia que permita valorar el 8 de abril como el día contra alimentos transgénicos; el 22 de abril como el día de la madre TIERRA y el 17 de abril para dimensionar la conmemoración del día internacional de la lucha campesina, que en la vida de México es un recorte de la historia que explica hoy el tema de la soberanía alimentaria y la organización campesina e indígena y; justifica su vinculación con la perspectiva de nuestro gobierno.
Con la consigna “Por el bien de México primero los pobres” la perspectiva gubernamental priorizó la atención personalizada del Ciudadano en los programas sociales de bienestar social y el campo, desplazando en las reglas de operación la gestión social administrativa de las organizaciones de la Sociedad Civil, campesinas, sociales e indígenas, que suplen y han suplido como representación social la falta de conocimiento de las reglas de operación, tiempo y dinero de los campesinos, indígenas y ciudadanos para que cada interesado se traslade del mundo rural a las ciudades donde están las oficinas de bienestar social; además de violentarse el derecho personal de libremente poder otorgar representación a otro para realizar gestiones en su nombre e interés jurídico; afectando con ello el bienestar social que irónicamente es lo que buscan los programas sociales y el campo.
La perspectiva de bienestar presenta un problema de observancia social que obedece a la ponderación de los derechos ciudadanos individuales y omisión de los derechos colectivos para el bienestar social que impacta en la soberanía alimentaria; ejemplo de ello es el programa “sembrando vida” que atiende a campesinos pero no a los más de 32 mil ejidos en México en sus tierras de uso común que representan millones de hectáreas, para que estas tierras cumplan con sus fines legales de “sustento económico de la vida en comunidad” que precisa la Ley Agraria. Asumir lo expuesto implica el entendimiento que la soberanía alimentaria más que una responsabilidad de estado es un derecho colectivo vinculado a la tierra y territorio que debe sustentarse en la propiedad social, autonomía, libre auto determinación, ordenanza y gobernanza, consulta pública e intervención social comunitaria para la vida y existencia humana, pueblos, ejidos y comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas.
Históricamente pueblos, ejidos y comunidades han participado en la vida pública a través sus organizaciones locales, regionales, estatales y nacionales, lideres y asambleas integradas por personas de bien común, derechos humanos y bienestar social, que en este escenario emergió su resiliencia, organización; despertar del pensamiento al razonamiento y la conciencia y; capacidad de sostenibilidad con base social, misión y visión coherente e integral de la lucha social; donde muchas organizaciones han caminado al ámbito de financiamiento y apoyos internacionales, fortaleciendo su capital humano y la gestión.
En este contexto de experiencias y tiempos llamados de transformación y globalización debemos asumir el contexto como aprendizaje donde el interés político y económico se apoderó de los liderazgos nacionales, estales, regionales y locales y; rumbo del desarrollo rural y urbano; para transitar HOY de los acuerdos políticos institucionales y gubernamentales a la gestión, alianza y solidaridad de las organizaciones locales, municipales, estales, nacionales e internacionales y; Ciudadanos de la Sociedad Civil y del mundo; en una convergencia de intereses basada en la soberanía alimentaria, derechos humanos; orden social, cultural y natural y; funciones y atribuciones institucionales y gubernamentales; así como del orden en y de los poderes públicos del Estado Mexicano en ejercicio de la Soberanía Constitucional del Pueblo.
¡LAS ORGANIZACIONES son expresiones y frutos inherentes de la ORGANIZACIÓN como formas de representación legítimas de la SOCIEDAD CIVIL y; ¡la ORGANIZACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA CON LEGITIMACIÓN SOCIAL es la base del DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA! Mejoremos Reglas de Operación fortaleciendo la voluntad política.
