Ulises Lara López
Desde la mitad del siglo pasado y a casi un cuarto del siglo del nuevo milenio, la migración ha sido y, por lo que se visualiza, será uno de los temas prioritarios para la política exterior del nuevo gobierno federal que iniciará el próximo 1° de octubre.
A pesar de que no es una condición exclusiva de México y que implica un fenómeno social que aumenta de manera impresionante, la migración requiere de atención multifactorial y de la cooperación de los gobiernos involucrados.
Para muchas personas en el mundo, llegar a Estados Unidos es una de sus metas derivadas de las condiciones sociopolíticas que viven en sus localidades y de las adversidades económicas que los obligan a buscar opciones de solución.
Esas necesidades, para otros tantos, representan oportunidades potenciales de enriquecimiento, ya sea por ayudarles a acercarse a su objetivo -a pesar de los riesgos- o porque, una vez alcanzado su objetivo, son generadores de divisas.
Datos estadísticos, refieren que el año pasado en México se registraron más de 700 mil personas sin documentación de más de 150 nacionalidades, son personas de todo el mundo que buscan alcanzar el sueño americano.
De esa magnitud es el reto que México debe enfrentar, atender el flujo de personas que pasaban por el territorio nacional con miras a llegar a Estados Unidos y que, recientemente, por las políticas del país del norte, se convierte en destino para miles de personas.
En Estados Unidos, ante el fallido sistema de inmigración, el presidente Joe Biden, desde su primer día en el cargo, instó al Congreso sobre el aseguramiento de la frontera.
Por su parte, los republicanos en las Cámaras han seguido anteponiendo la política partidista a la seguridad nacional -votando dos veces en contra del conjunto de reformas. Entre las medidas de la administración del presidente estadounidense para asegurar la frontera, están:
La implementación de medidas ejecutivas para prohibir que los inmigrantes que cruzan la frontera sur de forma ilegal, reciban asilo cuando el número de interceptados sea elevado.
El despliegue en la frontera sur de un número récord de personal de las fuerzas del orden, de infraestructura y de tecnología.
La revocación de las visas de los directores ejecutivos y funcionarios del gobierno fuera de EE.UU. que se benefician de los migrantes que llegan al vecino país ilegalmente.
Ampliación de los esfuerzos para desmantelar las redes de contrabando de personas y el enjuiciamiento de aquellas personas que violan las leyes de inmigración.
Para el presidente Biden es esencial asegurar la frontera. También busca la ampliación de las vías legales para mantener unidas a las familias y que los inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos, pagando impuestos y contribuyendo a sus comunidades, formen parte del tejido social.
El plan de reforma de inmigración que el presidente envió al Congreso el primer día de su mandato refleja tanto la necesidad de una frontera segura como la protección de aquellos que están en situación de indocumentados desde hace tiempo.
Por su parte, el Congreso norteamericano no ha actuado sobre estas reformas, la Administración Biden-Harris ha trabajado para fortalecer un sistema de inmigración legal. Además de defender enérgicamente la política DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). También ha ampliado la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a los beneficiarios de DACA y ha agilizado e instituido nuevos programas de reunificación para que las familias puedan permanecer juntas mientras completan el proceso de inmigración; ello implica llevar tranquilidad y estabilidad a los estadounidenses que viven en familias de estatus mixto, así como a los “dreamers”.
En nuestro país, el presidente López Obrador ha desarrollado una propuesta consistente en la atención a las causas de la migración. De acuerdo con ello, la gente migra por condiciones de pobreza, por desplazamientos, por inseguridad, la mayoría no migra por gusto, se ven forzadas a hacerlo.
La perspectiva del gobierno de México pone cada vez más el acento en atender las causas de la migración, por eso invierte en programas sociales en otros países de América Latina. La meta en este momento es generar un consenso regional que nos ayude a atender las causas de la migración de manera sistemática y que la gente tenga oportunidad de quedarse en sus lugares de origen.
El presidente de México ha dicho: “nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión, no un gasto, de 3 mil 500 millones de dólares, atender el fenómeno migratorio”.
El gran reto que tiene la próxima administración es sortear las políticas de quien resulte ganador en la contienda Presidencial de Estados Unidos. Sabemos que Trump no viene con una actitud amistosa para los migrantes, y aunque Triunfe la reelección de Biden, la oposición republicana seguirá peleando una postura más hostil.
En fin, con esos escenarios, lo más prudente será voltear a ver a los hermanos que están llegando a nuestro país, atender las causas y seguir con la política de alianzas con los gobiernos de aquellos países que generan mayor migración. No podemos cambiar las políticas de Estados Unidos, sin embargo, tenemos la enorme oportunidad de seguir liderando la política con los demás países de centro y Sudamérica.
