Ulises Lara López
En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y desde ese momento quedó obligado a cumplir con diversas medidas para hacer efectivos sus derechos y para evitar la participación de la niñez en conflictos armados, venta, prostitución infantil y pornografía.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que busca beneficiarlos con una serie de medidas especiales de protección y asistencia; que tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud; que puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y que reciban información sobre sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
En el caso de nuestro país, gracias a la CDN, se reformó el artículo 4o Constitucional para reconocer que las niñas y niños son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Derivado de ello se emitió la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y niñas en situación de migración, pobreza, víctimas de delitos, sin cuidados parentales, entre otros. Estas medidas tendrán como fin reparar el daño y colocar al niño, niña y adolescente en una situación en la que todos sus derechos estén garantizados.
Por otro lado, mediante la reforma al artículo 18 Constitucional, se transformó el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sentaron las bases para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal acorde con la CDN. La reforma obligó a la Federación, a los estados y a la Ciudad de México a establecer, en el ámbito de sus competencias, este nuevo sistema y a crear instituciones, tribunales y autoridades especializados para su aplicación.
Dentro del orden jurídico nacional existen también otras leyes que resultan esenciales para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre las que se encuentran la legislación civil y penal; y las leyes General de Salud; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Desarrollo Social.
En este contexto, muchos esfuerzos se han canalizado mediante diversos programas orientados a respetar los derechos y asegurar que cada niño sea sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Un aspecto trascendental es el ámbito educativo y en ese tenor las diversas disposiciones jurídicas precisan el derecho de los niños a la educación. Para ello el Estado mexicano, debe impulsar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todas y todos; fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad.
Con el inicio de este milenio, se realizó un Foro Mundial sobre la Educación donde se hizo un balance que mostraba que muchos países estaban lejos de haber alcanzado las metas establecidas en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, realizada en 1990. Como resultado de este nuevo Foro Mundial, los participantes reafirmaron su compromiso de lograr la Educación para Todos en el año 2015, y se identificaron seis objetivos clave de la educación: 1) extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos; 2) velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen; 3) velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa; 4) aumentar para el año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente; 5) suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria y lograr, antes del año 2015, la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento; 6) mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.
Ha pasado casi una década, de esos objetivos y, como en muchas naciones, en nuestro país, garantizar y dar certidumbre a los derechos de los niños, es una tarea en la que hay mucho por hacer. Sin embargo, las niñas y niños van a vivir una etapa de mejoras económicas y ampliación de derechos que no vivieron otras generaciones, y deben saber es el resultado de un largo proceso de transformación que, para evitar regresiones es fundamental que los asuman y defiendan a plenitud.
Desde luego es un tema que debe ser prioritario para los ejes de acción de las nuevas propuestas políticas que este año buscarán convencer a la ciudadanía para definir el futuro de los próximos seis años.
