Urge exista mayor participación ciudadana
Dr. Gilberto de los Santos Cruz
El debate sobre la participación ciudadana en el ejercicio y el control del gobierno constituye un terreno complejo y políticamente confuso en el México actual. Todos los actores políticos y sociales aceptan y reclaman la necesidad de la participación, pero cada actor le otorga significaciones diferentes. La confusión se ha acentuado en tiempos recientes con la popularización de conceptos relacionados con la participación, como transparencia y rendición de cuentas. La matriz última de esta curiosa coincidencia discursiva nos remite a la lucha ideológica que desde la década de los ochenta han venido librando los dos principales proyectos políticos que se disputan hoy por hoy la hegemonía política e ideológica en América Latina: el neoliberal y el democrático- participativo, teniendo siempre como trasfondo cultural, tanto en un caso como en otro, los remanentes, más o menos vivos y actuantes en cada país, del proyecto autoritario. Debe aclararse que la idea de proyectos remite a modelos típico-ideales, no a realidades concretas, las cuales son siempre hibridaciones complejas y con frecuencia contradictorias de principios y aspiraciones políticas.
De un lado, el proyecto neoliberal necesita de la participación, concibiéndola como un instrumento o mecanismo que permite la mejora administrativa y procesual de la política pública y como un instrumento que puede facilitar la terciarización de la política social, es decir, la ejecución de la misma por agentes privados. Esto puede conducir, ultimadamente, a la desresponzabilización del Estado en relación a los derechos de ciudadanía, en especial los derechos sociales. El discurso neoliberal de la participación ha ganado terreno en los últimos años gracias a algunas de las políticas públicas fomentadas por el Banco Mundial y al avance del discurso contemporáneo del tercer sector, el voluntariado y la responsabilidad social de las empresas.
Desde el otro proyecto político, que denominaremos democrático-participativo, la participación es vista como el eje de una práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde no sólo se debaten, sino que se deciden y vigilan, las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno. Esta vertiente de la participación resume numerosos experimentos sociales en varias partes del mundo y se inspira en desarrollos recientes de la teoría democrática, ante todo las teorías de la sociedad civil, del espacio público, la democracia deliberativa y la propia democracia participativa.
En México la limitada experiencia nacional en esta materia ha conducido a que se confunda la noción de participación ciudadana con las formas de democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Indudablemente las formas de la democracia directa abren un espacio político a la expresión de las preferencias de la ciudadanía, pero todas ellas tienen un carácter excepcional, es decir, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas, de tal forma que rara vez pueden ser empleadas realmente. Más aun, no dejan de ser ambivalentes en la medida que puedan ser utilizadas para fines de legitimación de gobiernos autoritarios o de líderes personalistas. Equiparar la participación ciudadana con la democracia directa es un error conceptual que limita el horizonte político de la democracia.
Entenderemos aquí el concepto de participación como “…la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socioestatales que pueden o no estar.
México la discusión sobre la participación está atrasada respecto de los debates latinoamericanos más relevantes. En realidad, atestiguamos el predominio de una confusión conceptual y política, de manera que los actores civiles y políticos hablan de participación en un sentido meramente figurativo, es decir, como una alusión a muy diferentes procesos en marcha. No encontramos en el horizonte simbólico de los actores una idea clara acerca del papel de la participación en la democratización de la vida pública.
La notable ausencia en México de tradiciones participativas en el sentido de culturas y prácticas que impulsan la profundización de la democracia necesita ser explicada históricamente. La peculiar configuración de las relaciones entre sociedad, mercado y Estado que produjo el régimen de la Revolución Mexicana está en el origen de la “particularidad mexicana” en este campo, pero también el carácter tardío y prolongado de la transición a la democracia explica la centralidad de la arena político-electoral en el imaginario y en las luchas sociales de toda una generación de activistas sociales y civiles.
Pero esto no implica que el discurso de la participación y la creación de leyes e instituciones diversas para materializarla no haya sido una parte de la política normal. Por el contrario, nuestro país tiene una abundancia de discursos, leyes e instituciones formalmente participativas. Pero esta presencia discusiva y legal contrasta con la escasez de prácticas efectivas y con la generalización de la simulación como cultura política en todo lo concerniente a la participación ciudadana.
Sin embargo, los espacios e instituciones de la participación existen, y muchos de ellos funcionan, de una manera u otra. Es importante preguntarse si es posible darles una función más compatible con la democratización de la vida pública
Una ventana de oportunidad se ha abierto con la recientísima iniciativa del Presidente López Obrador para discutir una reforma política de fondo. Con la consulta popular próxima a realizarse es un ejemplo de Participación Ciudadana que seguramente en las próximas incluirán a Exmandatarios Estatales y Municipales que le urge a los pueblos y comunidades llamar a juicio político a cientos de ellos.
