Jeny Pascacio /Diario de Chiapas
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció la falta de acciones contundentes del Poder Judicial de la Federación para garantizar la protección de las personas migrantes que fueron sometidas y torturadas en la estación migratoria Siglo 21 de Tapachula, el pasado 15 de junio.
“Son actos de tortura a los que fueron sometidos los hombres detenidos en el módulo masculino, luego de que protestaran por la falta de claridad en sus procesos migratorios y de acceso al refugio, y por recibir comida en descomposición”.
De acuerdo con testimonios, fueron sacados al patio de la estación migratoria, algunos fueron golpeados y todos obligados a acostarse bocarriba con las manos en la nuca, posición en la que permanecieron 14 horas bajo el sol y la lluvia, con la prohibición de cerrar los ojos, bajo amenaza de ser golpeados si así lo hicieran.
Ese martes, defensores de los derechos humanos denunciaron el hecho ante medios de comunicación y difundieron algunas imágenes que evidenciaron el actuar de los agentes del INM. Como consecuencia, las personas migrantes presentaron afectaciones físicas como problemas respiratorios, debilidad, dolores en el cuerpo e impactos psicológicos.
“En las fotografías públicas se observa la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, se interpusieron un amparo con número 254/2021 y una queja ante la CNDH, para solicitar una visita de inspección judicial y de la Comisión a la estación migratoria, con la colaboración de la sociedad civil; ordenar la revisión médica y psicológica de las personas en detención”.
Además, solicitaron evitar la deportación o devolución de las personas alojadas en el módulo de hombres el día 15 de junio, “hasta en tanto se manifiesta su libre voluntad en este sentido”. Asimismo, pidieron remitir la lista de personas detenidas en dicho módulo y videograbaciones del día y horario indicados.
El comunicado firmado por las organizaciones de la sociedad civil, reza que la respuesta del Poder Judicial solicitando a la organización promovente la identificación de las posibles víctimas y su presentación ante las autoridades, deslinda de responsabilidad al Estado en tanto que es el único ente en posesión de los datos.
A la par, impide el acceso a atención médica y psicológica de las mismas y deja de manifiesto la falta de mecanismos efectivos de acceso a la justicia para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en México.
Estos actos de violencia a manos de las autoridades migratorias mexicanas han sido denunciados en innumerables ocasiones tanto por defensores como por los propios migrantes y sus familiares, pero las prácticas continúan sin importar el llamado internacional a los derechos humanos.
En el 2019, con la entrada masiva de personas en movilidad humana, se hizo un llamado a los organismos responsables por las irregularidades dentro de Siglo 21; lo mismo se hizo a finales de 2020, con la llegada de los centroamericanos afectados por los huracanes,
“La participación de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratorio y la designación de autoridades con formación militar en cargos directivos o de representación en el INM, expone a las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas a múltiples abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos, como lo ha señalado incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
