Francisco Mendoza / Diario de Chiapas
El pasado 10 de septiembre, operadores del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez S.A. (Situtsa) realizaron un paro de labores frente al parque central, exigiendo el pago por su labor, ya que casi llegaba el mes y no habían recibido el sueldo de dos quincenas.
La petición era justa, ya que los choferes, mecánicos y administrativos no han cobrado con regularidad desde el pasado mes de junio, con el argumento de la administración de falta de pasaje por la pandemia.
El oponerse a la administración actual les valió a los operadores que solo exigían el pago de sus quincenas, el despido de una manera arbitraria, argumentando la empresa que sí podían manifestarse, pero no con los camiones porque era un daño a la empresa económicamente, es decir, hacer una manifestación en donde nadie los iba a escuchar porque no habría presión, cosas incoherentes.
Fueron en primera instancia 13 operadores que no les permitieron regresar, por órdenes del coordinador, José Rubén Cruz Aguilera, quien señaló que no habría represalias ya que la demanda era justa.
“’Pero que va a pasar, no nos dejaron recibir’ (operador), ‘no hay problema así de sencillo’ (Cruz Aguilera), ‘fin de semana’ (operador), ‘yo les digo, ahorita voy a checar los que tienen y cómo vamos a salir y ahora si quiero ir a comer a tiempo’ (Cruz Aguilera)”.
Los afectados señalan que todo fue una treta ejecutada por José Rubén Cruz, quien se ha enraizado en este puesto y maneja al personal con mentiras de apoyo, cuando la realidad es otra.
Nancy Vences, supuesta licenciada de la Secretaría de Gobernación (así se presentó), llegó a despedir a los trabajadores, señalando que podían hacer una manifestación, por la falta de su salario, pero no parar las unidades, a lo que le respondieron los operadores despedidos, que de esa forma nadie les haría caso, ya que las promesas de pago se las aplazaban llegando prácticamente a la otra quincena sin cobrar, solo les daban un apoyo para su pasaje de 100 o 200 pesos, lo cual ya había publicado este medio.
“El día de hoy, ustedes van a ser separados de sus labores, yo vengo representando a gobierno, nosotros estamos obligados porque así lo demanda la ley, a haber levantado una demanda en contra de ustedes el día 10 (septiembre), se le pidió al contador Rubén que es el apoderado legal de la empresa, que procediera a entablar la demanda porque esto es un delito”, señala Nancy Vences.
La abogada amedrentó a los trabajadores para que firmaran su renuncia, señalando que, si no lo hacían, procedería la demanda que levantó José Rubén Cruz en la Fiscalía por supuesto abuso de confianza.
“Firman su renuncia, ya les tenemos preparada su renuncia, y nosotros como empresa nos encargamos de que el contador Rubén se vaya a desistir (de la demanda), porque finalmente esto es un delito que se le va a dar seguimiento, cuál es el delito, abuso de confianza habiéndoles dado los camiones para que los traigan en su ruta ustedes lo utilizaron con otro fin de lo pactado”, dijo.
En época de pandemia, la administración de esta empresa dejó sin empleo a los operadores por pedir lo que les corresponde, con un finiquito mediocre de seis mil pesos, que es nada con los años que llevaban trabajando en Situtsa.
CONTINÚAN SIN PAGAR
Los retrasos por el pago a los empleados del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez S.A. (Situtsa), hasta el día lunes 28 de septiembre, se les debía a los operadores, mecánicos y administrativos la quincena del pasado 15 de septiembre.
Es decir, a pesar del plantón y los operadores despedidos, las cosas continúan de la misma forma, sin que las autoridades de transporte hagan algo para apoyar a la clase más vulnerable, que son los trabajadores.
El despido de las personas que exigían solo el pago de su salario fue aplicado por altos mandos, según el apoderado legal de la empresa.
“El dato es que nosotros ya no lo manejamos, fue una decisión tomada en otro nivel, porque fueron varios los que pararon de manera, yo te diría injustificada porque sabíamos positivamente y así estábamos enterados todos que lo que estaban reclamando llegaría el viernes y ellos por propia cuenta fueron a parar el jueves”, José Rubén Cruz Aguilera, gerente operativo de Situtsa.
La sanción debería ser generalizada, si es que se aplica la normativa interna de la empresa, como ha señalado su abogada Nancy Vences, a todos los que estuvieron en el parque central, ya que, sin poder dar declaración; los despedidos solo fueron llamados a las oficinas su renuncia sin el finiquito que les corresponde por los años prestados a la empresa.
El propio coordinador y apoderado legal señaló que de no pagárseles lo que les debían a los trabajadores también se sumaría al paro, subiéndose como señala en el audio “al carro” para exigir el pago de los salarios.
“El que no quiera trabajar, que no trabaje, que espere su pago, pero si nos van a pagar, mañana, nos pagan, (se compromete), sí señor, en ese caso vamos todos en el mismo carro”.
La realidad es que las autoridades de transporte en el estado y la propia empresa deben esclarecer los números que manejan; existen muchas inconsistencias que deben ser transparentadas.
Los problemas que arrastra el Situtsa desde hace años atrás, trae factura ahora mismo; deudas con el pago de diésel, con los concesionarios, con los operadores, mecánicos, gente de administración, que en su momento fueron contratadas y ahora el único argumento para que les paguen es que esperen o que busquen otro trabajo, situación que lacera la integridad laboral de los propios prestadores del servicio.
Es necesaria una contraloría general de parte de las autoridades a fin de ver cómo se está manejando la empresa, por qué hay tantos retrasos en los pagos y hacerle entender a la administración que los trabajadores, laboran para sostenimiento de sus familias y no como un pasatiempo.
El problema mayor aquí, es que de un castigo que debió generalizarse a los que pararon, incluidos personal de taller, solo despiden a dos o tres personas, que lo único que pedían es su salario; como señala la administración del Situtsa, que serán las autoridades de Trabajo y Previsión Social las que determinen este fallo (esperando que no haya tráfico de influencias), y de terminar esa relación laboral, que se les pague los ocho años de labores y no la miseria de seis mil pesos que la administración quiere darles por casi una década de laborar en esta empresa que cada vez se desquebraja más rápido.
