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Regresan los desmanes a Teopisca

Hombres armados vinculados a la expresidenta municipal siembran el terror, realizando diversos actos violentos, incluyendo disturbios en una farmacia, bloqueos carreteros y amenazas a paseantes.

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas
En el municipio de Teopisca un grupo de hombres armados, a los que auspicia la expresidenta municipal, Josefa Sánchez Pérez, están sembrando el terror en la zona, con consecuencias fatales.
Son unos 20 sujetos los que están sembrando el terror en este municipio, bajo el liderazgo de unos delincuentes plenamente reconocidos.
Sólo este sábado fueron autores de diversos disturbios; tomaron las instalaciones de la farmacia Guadalajara, cerraron las puertas del inmueble exigiendo una indemnización, pero al ser negada la petición, decidieron dejar encerrados a seis trabajadores de esta farmacia.
Este mismo sábado también se reportaron tres bloqueos carreteros en este municipio; en el primero incluso se atrevieron a interceptar dos camionetas de la guardia nacional y detener a los elementos que patrullaban.
En el segundo bloqueo, bajo el liderazgo de Juan alias “El Halcón”, Juan alias “Shum”, ocurrió en la entrada de la comunidad Chijistec.
Juan “Shum” y Mariano alias “El Cortado” están plenamente identificados por estas acciones, y lo peor es que ambos son pagados por la expresidenta municipal Josefa Sánchez Pérez, quien les permite andar con armas largas de grueso calibre para intimidar a la gente.
Bajo la protección de la expresidenta, hicieron un tercer bloqueo, esta vez en el punto carretero conocido como La Campana, en donde amenazaron con matar a un grupo de paseantes, y se sabe también que hicieron varios disparos a carros que circulaban en la zona.
Este incidente habría ocasionado el accidente de una unidad de transporte tipo Urvan, donde viajaba un grupo de personas con rumbo a Chanal, ocasionando la muerte de cuatro personas y fuertes lesiones a otras ocho.
Son estos gatilleros el azote de Teopisca, siempre protegidos por ser parte del personal de seguridad de la expresidenta, sin que hasta el momento las autoridades intervengan para detenerlos, entre los que también se encuentran Cristian, alias “El Camarón”, y otro hombre identificado como Jair Vargas.
A través de un comunicado los habitantes informaron a la opinión pública que el viernes 1 de marzo de 2024, aproximadamente las 13:00 horas, policías comunitarios detuvieron a tres presuntos polleros a la altura del cerro la Lanza, transportando a personas indocumentadas.
Señalaron que por acuerdo de asamblea, dicha actividad ilícita está prohibida dentro del territorio de la localidad de Nicolás Ruiz, “a quien se sorprenda será juzgado por usos y costumbres”, advirtieron en el documento.
Ante esta acción los habitantes de las localidades de Nicolás Ruiz, Matamoros, Nuevo León y Ponciano Arriaga, activaron los guardias en caminos y veredas, afirmando estar cansados de la inseguridad en la entidad.
“Haremos una limpieza para lanzar a quienes provocan la violencia en estos territorios. Por lo que se teme cualquier agresión por parte de grupos armados que aún se encuentran en los alrededores”, aseguraron en el documento.
Más tarde a través de un vídeo difundido en la cuenta titulada Nicolás Ruiz, informaron a la autoridad de la localidad sobre la situación de una persona mayor y tres menores de edad que llegaron para negociar la liberación de los presuntos polleros.
“Queremos aclarar que los menores de edad y la persona grande de edad que llegaron a negociar la liberación, en ningún momento se les retuvo, ellos están bien y retornarán a sus casas en unas horas, han tenido comunicación con sus familiares, no están golpeados ni nada que ponga en peligro su vida”, expresaron.
Autoridades de cuatro localidades: Nicolás Ruiz, Matamoros, Nuevo León y Ponciano Arriaga, instalaron los protocolos de seguridad, para impedir que los polleros sean rescatados.
Por lo anterior, las localidades antes mencionadas hicieron un llamado al gobierno, “exigimos al Estado mexicano que controle a su gente, sabemos muy bien que es desde las instituciones gubernamentales y altos funcionarios, donde se permite y se tolera la acción de estos grupos”.
De igual modo hicieron el llamado a las organizaciones de derechos humanos y la solidaridad nacional e internacional, “para estar atentos y exigir al estado mexicano un alto a la violencia en nuestros territorios”.

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