- De acuerdo con un informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la ONG Climate Focus; las comunidades indígenas actúan como «salvadores silenciosos» que frenan la crisis climática, pero no obtienen el reconocimiento.
Brasil, Colombia, México y Perú no podrán cumplir con sus objetivos climáticos para 2030 a no ser que protejan las tierras de las comunidades indígenas, concluye un informe presentado este jueves tras analizar los cuatro países más boscosos del Amazonas.
Para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, la comunidad internacional debe tomar en cuenta las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PILC), afirma ese informe elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y Climate Focus.
El 92 por ciento de las tierras boscosas de los PICL de los cuatro países son sumideros netos de carbono —que almacenan más del que emiten— y cada hectárea captura una media de 30 toneladas de carbono cada año.
En promedio «capturan más del doble de carbono que las no indígenas» debido a sus prácticas tradicionales y sostenibles y al hecho de que en gran parte son bosques vírgenes.
«Las comunidades indígenas y locales realmente actúan como una especie de salvadores silenciosos que están frenando la crisis climática pero no obtienen el reconocimiento que necesitan y, lo que es más importante, apoyo para dar pasos positivos», declaró este jueves uno de los autores, Darragh Conway, consultor jurídico de Climate Focus, durante una rueda de prensa virtual con motivo de la publicación del informe.
Los autores estiman que si no se aplican medidas para proteger las tierras boscosas de los PILC en estos países «se tendrían que llevar a cabo acciones drásticas prácticamente imposibles en otros sectores».
Tierras bajo amenaza
Conway pone como ejemplo Perú, que «tendría que retirar todo su parque automotor para compensar la pérdida de solo la mitad de los servicios de captura de carbono que proporcionan los bosques que están en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales». Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80 por ciento de su flota de vehículos y México el 35 por ciento para compensarlo.
En los cuatro países, responsables del 5.1 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, «estas tierras están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala de árboles, que en gran parte es ilegal y está vinculada a la corrupción y la complicidad entre los gobiernos y los actores ilegales», denuncia el estudio.
Los autores instan a Brasil, Colombia, México y Perú, que albergan a más de 300 grupos indígenas, a acelerar la titulación y garantizar que las comunidades indígenas y locales tengan plenos derechos sobre la tierra, así como a respetar su derecho «al consentimiento libre, previo e informado» antes de llevar a cabo proyectos en su territorio.
«Tienen derechos consuetudinarios pero no son seguros y eso los hace particularmente vulnerables a cualquier tipo de proyecto de desarrollo, como los campos petroleros» en el Amazonas, afirma Conway.
Harol Rincón Ipuchima, líder indígena del pueblo Maguta del clan Grulla en la Amazonía colombiana, coincidió en la rueda de prensa en que «el paraguas, lo más importante es blindar la tenencia de la tierra» a nivel constitucional.
Los marcos de gobernanza en los cuatro países «están muy lejos de lo que se necesita para aprovechar el potencial de mitigación que ofrecen las tierras de los PICL», alerta el informe, que pide a los gobiernos que tengan más en cuenta a las comunidades locales.
Brasil va de reversa en protección ambiental
Adriana Ramos, coordinadora del Programa de Política y Derecho del Instituto Socioambiental, una ONG brasileña, se queja.
«Brasil va al revés», aseguró. El gobierno de Jair Bolsonaro «no solo ha desmantelado las políticas culturales y aquellas para avanzar en el manejo sustentable de los territorios indígenas, sino también ha estimulado la invasión de tierras indígenas por mineros de oro, madereros ilegales y otras ilegalidades», acusó.
El Acuerdo de París pide a cada país que planifique sus acciones climáticas posteriores a 2020, conocidas como las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC).
El informe asegura que los países analizados se quedan cortos a la hora de incluir en estas planificaciones las tierras de las comunidades indígenas y locales a pesar de que representan una parte importante del carbono forestal mundial.
Los cuatro países firmaron la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra en 2021, por la cual se comprometieron a poner fin a la pérdida de bosques y a la degradación del suelo para 2030.
Con información de: Milenio
