Jeny Pascacio/ Diario de Chiapas
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, de enero a noviembre de 2021 se registraron 680 delitos cometidos contra personas en movilidad humana. Aunque la cifra no es mayor a la registrada en 2018 cuando se contabilizaron mil 423, demuestra el casi nulo acceso a la justicia, pues a decir de la sociedad civil muchos casos no alcanzan ni la carpeta de investigación.
Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor registro de delitos cometidos contra personas migrantes.
Los crímenes que ocupan los primeros lugares de la lista actual son el tráfico ilícito de migrantes, robo, secuestro y extorsión, principalmente contra originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, lamentó que las cifras públicas no evidencien la realidad, pues los migrantes no alcanzan la categoría de carpeta de investigación, “son víctimas invisibles, nadie las ve, nadie las sabe”.
En la reciente visita del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el gobierno de México tampoco tomó en cuenta en la cifra de 94 mil, los casos de desaparición de personas migrantes en tránsito por este país: delito que mucho aqueja y del que poco se habla, coincidieron organizaciones.
AUMENTAN SECUESTROS DE MIGRANTES EN CHIAPAS
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que existe un aumento en los delitos de extorsión y secuestro en Chiapas y Tabasco durante este 2021.
“Los migrantes son secuestrados y cuando sus familias no pagan el rescate les proponen trabajar para ellos y cuando se niegan a hacerlo los matan. Ellos, los propios migrantes son obligados a secuestrar a otros migrantes y a traficar con ellos”, lamentó la encargada de un albergue en Chiapas de identidad reservada, “es un círculo delictivo que no para, incrementa”.
De 2016 a 2019, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas encabezaron las listas de entidades con más delitos cometidos contra migrantes: secuestro, robo y tráfico de personas.
Desde 2017, el Centro de Análisis e Investigación publicó: “Aunque en México existen fiscalías especializadas para migrantes, persisten obstáculos graves para denunciar delitos y para investigarlos”.
El informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel” señaló en su momento que las autoridades mexicanas no tienen voluntad de investigar delitos contra migrantes y buscan pretextos para alargar los casos sin castigar a los responsables.
“La denuncia de delitos se dificulta porque las autoridades no se encuentran accesibles ni en las estaciones migratorias ni en otros lugares donde se cometen los delitos. Además, las víctimas no tienen confianza en las autoridades”.
