Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Se cumplió un mes de la militarización de la frontera sur de México con consecuencias en violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes: desde el rechazo a las solicitudes de asilo y refugio, hasta detenciones arbitrarias.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova con sede en Tapachula, Chiapas, documentó el rechazo de solicitudes de refugio y protección internacional en el puente fronterizo Rodolfo Robles que une a Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala.
“Al no haber una representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados las familias quedan expuestas a la voluntad de los encargados de turno del Instituto Nacional de Migración”, explicó Yuriria Salvador, coordinadora del área de Cambio Estructural del citado centro.
Señaló que incluso cuando familias extensas logran ingresar y son interceptados existe una separación “bajo un criterio arbitrario del INM”, donde los menores y madre y padre se van albergues, y a los demás familiares los trasladan a estaciones migratorias.
“Nos preocupan todas las consecuencias e impactos que eso tienen en la salud física y psicológica de las personas y sobre todo de los menores”.
Además de esta situación, continúan las redadas en mayor número, así como la operación policiaca coordinada por policías municipales, incluso por la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional, en colonias o zonas con presencia de personas migrantes.
“Las detenciones arbitrarias y violencia están recrudeciendo el ambiente de criminalización a pesar de que el discurso institucional desde el Estado mexicano es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. En los hechos es distinto”, insistió.
