“Quieren silenciarnos”

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Las denuncias por las retenciones de prestaciones sindicales, que están ocurriendo desde hace cuatro años en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), están siendo contestadas con acoso laboral.
“A mí ya no me dejan entrar a trabajar desde noviembre de 2023”, cuenta el abogado especializado en la materia Fiscal, Hebert Espinosa Chanona, quien dio a conocer en 2020 estas irregularidades que afectan a más de un centenar de trabajadores administrativos.
“Estas prestaciones están en el contrato colectivo de trabajo, son prestaciones de previsión social y por lo tanto están exentas del ISR, aunque la Unach las retiene”.
A la fecha, Espinosa Chanona estima que por esta acción la Unach debe responder por más de 240 millones de pesos que ninguno de los trabajadores afectados sabe dónde están, porque tampoco saben si la universidad ha enterado al SAT de estas retenciones.
Por haber hecho pública esta situación, Hebert Espinosa Chanona fue objeto, primero, de cambios injustificados en su adscripción laboral, hasta que consiguieron sacarlo “me comisionaron ilegalmente a Tapachula sin ninguna razón, y por no aceptar este cambio me iniciaron un procedimiento disciplinario para rescindir mi contrato”.
Este mismo modo de operación lo aplican para los trabajadores que se están sumando a este reclamo, muchos de ellos con más de 20 años de servicio, y cuyo delito es preguntar a dónde se ha ido el recursos que, indebidamente, les quitan.
De acuerdo con este abogado, no sólo es que la Unach está omitiendo reportar este recurso desde el año 2020, sino que además contraviene una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que señala que estas son prestaciones de previsión social, puesto que están en el contrato colectivo de trabajo; se les otorga a todos los trabajadores y tienen como finalidad mejorar su calidad de vida, por lo tanto, están exentas de un cobro de ISR, y en este mismo sentido se ha pronunciado el SAT, sin que hasta el momento la autoridad universitaria dé una respuesta.
“Esta gestión rectoral persigue a docentes y administrativos; a partir del 2023 hay varias sentencias laborales en contra de la universidad, lo que evidencia el abuso de autoridad en contra de cientos de trabajadores”.
El mismo procedimiento pusieron en marcha en contra de Raymundo Fol Acuña, con 22 años de servicio en la Dirección de Desarrollo Bibliotecario, quien por haber preguntado el destino de este recurso, enfrentó un cambio de adscripción sin ninguna justificación y, peor aún, ni el sindicato le dio respaldo.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Unach, Pedro Jiménez Pérez, está señalado en estas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.
Jaqueline Hernández Champo, con 31 años de servicio en la Unach, sufre de las mismas consecuencias, en su caso, está siendo obligada a que de pronto deje su vida en Tuxtla Gutiérrez y se traslade a Tapachula, esto luego de haber pedido cuentas sobre estas prestaciones sindicales.
Las órdenes de cambio de adscripción se han emitido con copias al rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa; la secretaria general, María Eugenia Culebro Mandujano; el abogado general de esta universidad, Enrique Pimentel González; el director de Personal y Prestaciones Sociales, José Escobar Aguilar; la secretaria académica, Guillermina Vela Román; y el coordinador de bibliotecas, Arturo Sánchez, sin notificar al Sindicato de Trabajadores Administrativos, y en el más absoluto silencio sobre las razones de este procedimiento