Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
En medio de un clima de violencia incesante, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional han sido asignados con una nueva tarea: proteger a los candidatos en el proceso electoral de junio. Esta decisión surge como respuesta a la preocupante incidencia de agresiones contra la clase política, un fenómeno que ha cobrado vidas y ha sembrado el temor entre los aspirantes a puestos de elección popular.
El esquema de protección del INE establece tres niveles de riesgo, que van desde alto hasta bajo, determinados por un análisis de riesgo realizado por la Guardia Nacional. Los candidatos con niveles de riesgo alto recibirán la protección más robusta, con la asignación de vehículos y elementos de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La necesidad de esta protección no es infundada. La violencia política y las amenazas del crimen organizado han marcado el panorama electoral en México, con numerosos casos recientes de políticos asesinados en distintas regiones del país. Desde precandidatos hasta altos funcionarios partidistas, nadie parece estar exento de este peligro latente.
Los casos más recientes se registraron en Zacatecas, donde fueron asesinados Juan Pérez Guardado y Cecilio Murillo. Juan Pérez Guardado era el director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, y cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila. El gobernador, David Monreal, confirmó que el asesinato fue un ataque frontal, en tanto, Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, era empresario gasolinero y del transporte.
A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Julián López Galeana, fue levantado en la Autopista del Sol junto con la coordinadora de Mujeres, Deyanira Uribe y el jefe de prensa, Édgar Neri Quevedo. Los tres fueron golpeados y luego liberados tras ser confundidos.
En Huamuxtitlán, en la Montaña de Guerrero, fue asesinado Abraham Ramírez, padre de la aspirante de Morena a la alcaldía de ese municipio, Rosalba Ramírez.
Estos asesinatos engrosan las estadísticas que sugieren más de 960 asesinatos, evidenciando una preocupante infiltración del crimen organizado en el sistema político mexicano, situación que ha generado una seria inquietud entre los magistrados del TEPJF, quienes han advertido sobre la posibilidad de que el crimen organizado distorsione los procesos electorales e incluso coloque a un capo al frente de la presidencia en un futuro.
Ante este panorama, la protección militar a las candidatas y candidatos, se erige como una medida necesaria pero también desafiante. ¿Podrán el Ejército y la GN hacer uso de sus armas en caso de ser necesario? Esta pregunta adquiere relevancia en un contexto en el que el presidente López Obrador ha expresado que los narcotraficantes son parte del pueblo y merecen ser tratados con humanidad, lo que añade un nivel de complejidad, ya que las FA deben operar dentro del marco legal y sin intervenir en asuntos de competencia exclusiva de las autoridades civiles.
La protección de los candidatos representa, sin duda, un reto logístico y operativo para las FA, especialmente, por la cantidad de aspirantes que podrían requerirla y los recursos limitados disponibles. Sin embargo, es crucial garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica.
La participación del Ejército es un reflejo de la grave situación de seguridad que enfrenta el país, pero también un recordatorio de la importancia de fortalecer las instituciones y el Estado de derecho. El magnicidio ocurrido en 1994, de Luis Donaldo Colosio, marcó un antes y un después en la historia de México y una repetición puede tener consecuencias devastadoras.
De Imaginaria. Los fosfo emecistas, Jorge Álvarez Máynez, aspirante a la Presidencia y Samuel García, gobernador de Nuevo León, se grabaron consumiendo litros de cerveza. Bajo el efecto del alcohol se burlaron del INE y uno de ellos retó a Manlio Fabio Beltrones, mientras, compañeros de su partido eran secuestrados en Guerrero y Nuevo León vive semanas de violencia.
