Alto Mando
Miguel Ángel Godínez García
El ataque del Gobierno federal para contradecir la decisión de la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera y Francisco Sarabia, de cambiar las medidas cautelares y dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa a ocho de los 13 militares vinculados con la presunta desaparición forzada de los 43 normalistas, tiene dos lecturas, una, cubrir la negligencia del fiscal especial, Rosendo Gómez y canalizar ese error para arremeter y justificar una reforma constitucional del Poder Judicial.
La resolución de la juez y del Tribunal, no va más allá de lo que marca la ley, la cual establece que nadie puede ser sujeto a prisión preventiva por más de dos años salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado y que, cumplido este término, si no se ha pronunciado sentencia, o no se ha solicitado la ampliación de la prisión oficiosa, el o los imputados serán puestos en libertad de inmediato mientras sigue el proceso.
Es evidente, entonces, que la responsabilidad del Poder Judicial estuvo apegada a la Constitución.
La carta enviada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en la que alerta sobre el riesgo de fuga de los militares, es evidencia de que alguien de la FGR no hizo bien su trabajo.
El propio Consejo de la Judicatura, aclaró el 22 de enero que, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la juez decidió que no era procedente imponer la prisión preventiva justificada, argumentando también que la FGR no presentó pruebas idóneas ni pertinentes, de tal suerte que, si los ocho militares continúan su proceso en libertad, no es atribuible al Poder Judicial.
No obstante, la amenaza de la FGR de iniciar un proceso legal en contra los jueces y magistrados parece más bien un intento para intimidar y presionar a la Corte para justificar el yerro.
Lo incomprensible es quizá, la postura del presidente, quien sabe perfectamente que los militares no tuvieron nada que ver en este asunto. Por un lado, manifiesta su respaldo al Ejército cuando reprueba lo dicho por Alejandro Encinas, en el sentido de que es lamentable que los abogados de la Sedena litiguen en contra de la investigación que encabeza el Ejecutivo, pero por otro, los ataca cuando señala que la justicia no es un asunto de procedimiento legaloide, “sino un asunto de Estado”, y aquí vale preguntar ¿para el mandatario la razón de Estado podría justificar la violación a la Constitución y los derechos de los militares para justificar el fracaso de la investigación?
López Obrador ha repetido una y otra vez que quieren hacerlo quedar mal, pero ¿quién es ese «quieren»? ¿La FGR? ¿El Poder Judicial? ¿Los padres de los jóvenes?… ¿O ex encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, que durante su gestión enredó y echó al traste toda la investigación?
AMLO generó la expectativa de resolver el caso, pero han pasado más de cinco años de su gobierno y no hay señales de que eso ocurra. Los padres de familia deberían cuestionarse si el Estado realmente busca la verdad. En esta administración, 120 de los 157 presuntos delincuentes involucrados han sido liberados, pero hay 15 militares que, sin pruebas concluyentes, siguen siendo señalados como los responsables, mientras los ejecutores gozan de plena libertad.
Dice Rosa Icela Rodríguez que los asesinatos dolosos han disminuido en este sexenio, según el INEGI, pero las familias de las víctimas tienen otros datos. Los números son fríos, en la presente administración se han registrado 177,654 homicidios dolosos y la cuenta aún no termina.
Vergonzoso que en Ayahualtempa, Gro. se reclute a niños y niñas para enfrentar al narcotráfico, mientras la gobernadora Evelyn Salgado presume a sus policías. No es de extrañarse, es un Estado fallido, donde campea la extorsión, los levantamientos, las ejecuciones y la ausencia de autoridad. ¿Más ejemplos? Taxco, Acapulco, Atoyac, Coyuca de Benítez, Tixtla y Chilpancingo, entre otros.
De Imaginaria. El Ejercito mexicano, importante para el desarrollo y gobernanza del país, reconoció AMLO.
