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Sin rastro de guardias nacionales

Alto Mando

Miguel Ángel Godínez García

Dos miembros del 31 Batallón de la Guardia Nacional: David Alejandro González González, de 28 años, y Brandon Alexis García Jiménez, de 22, han sido inscritos en el registro de personas desaparecidas en México. El 21 de febrero, los dos oficiales desaparecieron en el fraccionamiento Ciudad Moderna, luego de haber estado en casa de la mamá de Alejandro, festejando su cumpleaños.

De acuerdo a un rastreo de la señal del GPS del celular de Alejandro, éste y su compañero dejaron su vehículo estacionado en la zona de Santa Teresa y de ahí se dirigieron a Anapra, lugar donde se perdió la señal, sin embargo, durante la búsqueda por parte de familiares, se detectó que el WhatsApp y el Facebook de su teléfono estaban activos.

David y Brandon participaban activamente en acciones de vigilancia como parte de la Estrategia “Unidos por Juárez”, una misión vital en la lucha contra la delincuencia que azota la región. Este no es el primer caso de desaparición de guardias nacionales. El 11 de agosto de 2023, tres agentes fueron privados de su libertad por un grupo armado en Ciudad Juárez, aunque fueron liberados horas después. La situación de personas desaparecidas en México es una preocupación seria y triste. Según datos no oficiales, son más de 115 mil los desaparecidos, pero para el gobierno federal son poco más de 50 mil.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hace unos días en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, que “lo mejor es lo peor que se va a poner”. ¿A qué se refería exactamente? ¿Anticipaba el recrudecimiento de la violencia en el marco de un proceso electoral que antes de comenzar ya ha cobrado la vida de numerosos aspirantes?

Un día después de la intrigante declaración, minimizó la ola de violencia asegurando que “no hay, afortunadamente, cosas graves”, motivo por el que suspendió las reuniones del gabinete de seguridad. Las contradicciones presidenciales no hacen más que sembrar dudas. Si bien un día se alerta sobre la gravedad de la situación, al siguiente se minimizan los hechos, como si los asesinatos de aspirantes no pintaran un cuadro de urgencia nacional. ¿No es acaso grave lo que sucede en el país cuando en lo que va del año 15 aspirantes han perdido la vida de forma violenta?

Apenas el pasado lunes fueron asesinados Miguel Ángel Reyes, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN, ambos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán y según trascendió, fueron eliminados porque no pidieron permiso al narcotráfico para contender por los cargos. Estos asesinatos en un mismo municipio, son un triste recordatorio de la ominosa influencia del narcotráfico, que decide quién vive y quién muere, imponiendo su voluntad sobre la democracia misma. Lo mismo pasó con otros 13 precandidatos.

Ante este panorama desolador, las FA emergen como un último bastión para la protección de los candidatos. El Ejército mexicano, la GN y la Marina asumen una nueva responsabilidad, aportando vehículos y efectivos para fungir como escoltas personales de políticos. Sin embargo, la intervención militar no está exenta de riesgos.

La seguridad de los candidatos se convierte en un delicado aspecto político, donde cualquier incidente, un magnicidio o un atentado de alto perfil, tendría, sin lugar a dudas, un impacto devastador para el país y las FA. No me canso de señalar el caso Colosio, cuyo asesinato generó la desconfianza en el sistema político. Por eso es fundamental que las autoridades militares y civiles asuman una coordinación efectiva para garantizar la protección, en extremo, de los candidatos y eviten que la violencia oscurezca nuestra democracia. Por lo pronto hay la orden para que las ZM, RM y ZN, estén muy atentas, desde hoy, a los acontecimientos de las campañas electorales.

De Imaginaria. El fiscal del Edomex. José Luis Cervantes debe tomar cartas en el asunto sobre el caso de la niña que fue abusada sexualmente por su tío, mismo que fue absuelto por el juez Alejandro Martínez y proceder en consecuencia, porque fue precisamente el MP, el que no sustentó con pruebas suficientes el caso. 

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