Juan Óscar Trinidad Palacios
Letras Desnudas
Mario Caballero
Aplauso al presidente del tribunal
Desde que me dedico a esto siempre he entendido la labor del columnista como la de cuestionar lo que a mi juicio son errores o abusos del gobierno, pero también reconocer e incluso aplaudir sus aciertos. Hoy toca lo segundo. El reconocimiento será para el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, quien en días recientes entregó el segundo Informe de Actividades del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
¿Por qué deberíamos reconocer la labor de Trinidad Palacios?
Algunos colegas me han dicho entre sus razones que por la capacidad que ha tenido el magistrado para dirigir al Tribunal Superior de Justicia alejado de los escándalos de corrupción, por sacar el trabajo a pesar de los impedimentos propios de la pandemia, por adoptar la vigilancia y protección de los derechos humanos en los procesos y sentencias, por fomentar la equidad de género en el sistema judicial y, una razón que me pareció muy importante, por lograr transformar para bien a la casa de la justicia de Chiapas a través de las diversas modificaciones legislativas que se han dado en la materia durante los últimos años.
Yo creo que debe reconocérsele por tres situaciones elementales. La primera, por poner todo su empeño y experiencia en el servicio público para devolverle credibilidad al Poder Judicial. Prueba de ello es que hoy por hoy la cultura de la denuncia se ha fortalecido entre los chiapanecos. Cada vez acude más gente a interponer sus demandas porque ve transparencia, aptitud, actitud y ganas de servir en las distintas instancias jurisdiccionales, donde a diferencia de antes ya no resuelven bajo consigna, ni por cohecho o tráfico de influencias, sino con apego a la ley.
SEGUNDO
Segundo, por la autonomía que demuestra en los hechos, en las resoluciones y en las decisiones tomadas por el órgano administrador de justicia. Más allá de la buena relación que tiene el magistrado con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y de la coordinación constante en las tareas de las Mesas de Seguridad, ha sido valiosísimo que ni uno ni otro han traspasado las fronteras de las facultades de los poderes que representan.
Recordemos que en épocas anteriores el Poder Judicial ejecutaba cacerías políticas y encarcelamientos que eran ordenados desde el Palacio de Gobierno. Todas, casi siempre, eran en contra de los opositores del Ejecutivo.
Desde las oficinas del máximo tribunal de justicia del estado se investigaban y perseguían a periodistas, activistas sociales, líderes de partido, en fin, a todo aquel o aquella que se atreviera a cuestionar las decisiones del gobernador. Por lo mismo, los penales se llenaron de presos políticos. La cárcel fue una manera con que los antiguos dueños del poder silenciaban a sus opositores. Otra forma era el exilio.
Por esa falta de autonomía, o mejor dicho, por esa genuflexión del Poder Judicial al Ejecutivo, esta institución cayó en la deshonra. No fueron pocas las veces en que se revelaron casos en que desde ahí se protegían a los funcionarios que eran denunciados por corrupción y desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, acoso sexual e incluso actos de violencia.
No fue todo. Por el mismo motivo, cada gobernador en turno convirtió al Tribunal Superior en una especie de caja chica, de la cual podía tomar recursos a la hora que le pegara la gana, y también en agencia de colocaciones, donde iban a parar todos sus recomendados con altos nombramientos, jugosos salarios y, algunas veces, eran sólo aviadores.
¿Cómo confiar nuestras demandas de justicia a un organismo tan putrefacto? Simplemente, no se podía.
Debido a ello crecieron las tasas de impunidad de delitos como violación, homicidio, robo, fraude, extorsión, entre otros. Asimismo, el tortuguismo judicial, por el cual una denuncia tomaba hasta diez años en recibir sentencia, y los casos de justicia por propia mano, sobre todo en las comunidades indígenas de Chiapas, donde hasta por atropellar a un perro las personas eran linchadas en las plazas públicas.
En este momento, gracias a esa independencia que guarda para con el titular del Ejecutivo estatal, el Tribunal Superior de Justicia se ha transformado en una institución confiable, creíble, segura y al servicio de los ciudadanos.
Por lo anterior, destaca la importancia de la autonomía para resolver asuntos sin presiones ni consecuencias de índole político, siendo dicho poder el encargado de velar por el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos que consagra el texto constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, pues es la forma de garantizar que es posible la existencia de una entidad y un país libre de impunidad, donde los responsables de impartir justicia lo hacen con apego a las normas y no por orden política.
Muestra de ello es que en nuestro estado se han dado avances importantes en el sistema de justicia, donde a partir de la entrada de la oralidad penal todo el sistema quedó hilvanado, amarrado, las primeras instancias con las instancias federales y éstas a su vez con todos los recursos que se tienen en diferentes materias. Antes los juicios penales se llevaban años y hubo veces que hasta morían tanto la víctima como el victimario. Ahora sí llega la justicia. Hay casos en que la sentencia se emite en razón de dos años, incluso menos.
El cambio más perceptible está en que el Poder Judicial ya no es más un instrumento de represión política y facilitador de impunidad al servicio del gobernador, sino un órgano de impartición de justicia que ha mejorado y crecido. Sólo en este periodo se han inaugurado dos nuevos edificios de juzgados especializados en materia laboral, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Con ello se han facilitado los procesos y los procedimientos para una justicia mucho más pronta y expedita.
Con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca la uniformidad en los requerimientos para los distintos delitos, se ha podido beneficiar a los justiciables y facilitarle a los abogados un mejor y adecuado proceso. Un logro destacable es que con las Mesas de Reconciliación se les ha dado una nueva oportunidad a más de mil 200 personas que obtuvieron su libertad.
RÉGIMEN DE DERECHO
El tercer motivo es que, con la separación de poderes, Juan Trinidad Palacios ha logrado en colaboración con el gobernador Rutilio Escandón avances importantes en la consolidación efectiva de un régimen de derecho democrático, que resulta vital para la armónica convivencia en la sociedad y, no menos importante, para la profesionalización del servicio judicial en Chiapas que permite velar en todo momento el correcto actuar de los funcionarios públicos.
Hay que felicitar, en resumen, al magistrado presidente Trinidad Palacios. Aplausos. Sin protagonismos, con los dos pies bien puestos en la tierra y consciente de la realidad que nos ha tocado vivir, se ha involucrado en todos los aspectos del Poder Judicial para devolverle su credibilidad como garante de la justicia, la equidad y la reconciliación. Hoy me echaré un whisky a su salud.
@_MarioCaballero
