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La criminalización de la política

Carlos Matute González

El principio democrático es que todas las personas son iguales ante el poder y quienes reúnen los requisitos que establecen las constituciones son ciudadanos y, por lo tanto, tienen derecho a participar en política votando y siendo votados como representantes. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

En México, que comparte mucho de la realidad latinoamericana, ha vivido procesos de alternancia en el poder y transición a la democracia significativos con instituciones que se han consolidado en los últimos treinta años, aunque hoy estén cuestionadas por el gobierno y la autonomía del INE en vilo por los constantes ataques y recortes presupuestales.

En este contexto, la clase política mexicana ha tenido comportamientos económicos y financieros sospechosos con una generación y acumulación de riqueza inexplicable. De ahí que las preguntas sin respuesta clara son:

¿Cómo Peña Nieto puede vivir como marajá en España si toda su vida fue un servidor público y sus orígenes son clasemedieros?

¿Cómo López Obrador pudo mantener a su familia durante 12 años de campaña ininterrumpida y sin un ingreso declarado?

En ambos casos hay un comportamiento que, con una investigación a modo, pudiera ser delictivo por lavado de dinero, evasión de impuestos y otras conductas que en la gran mayoría de las personas serían perseguidas por las autoridades.

Esto es lo que pone en crisis a la democracia, la credibilidad de sus instituciones y la confianza en la clase política, sin importar a que organización o partido político pertenezca. Además, si le agregamos que la mayoría de los grandes capitales en nuestro país están vinculados con la explotación de un bien o un servicio públicos o beneficiarios de concesiones de obras o contratos administrativos (Slim y Salinas Pliego a la cabeza), entonces, la sensación de corrupción y colusión generalizada entre el poder y el dinero para aprovecharse del pueblo crece exponencialmente cada sexenio.

La esperanza que generó la autollamada cuarta transformación lentamente se revierte en su contra con los casos de Bartlett, los hijos del presidente, el exgobernador Jaime Bonilla y los casos que se acumularán por el desorden administrativo de este gobierno.

En este contexto, la divulgación de una investigación en curso contra el expresidente Peña Nieto está plagada de especulaciones relacionadas con los procesos electorales del 23 (gobernador del Estado de México) y el 24 (presidente de la República). Estas inferencias se fortalecen con lo sucedido en la elección intermedia y la de este año, una apoyada con la consulta popular del juicio contra expresidentes y otra con el proceso revocatorio.

Un empujoncito para ganar la mayoría es útil para pintar de guinda el país hacia el resurgimiento del régimen de partido hegemónico que ponga en jaque a la democracia representativa y busque la igualdad social con base en una simulación populista de democracia con elecciones controladas por el gobierno y la selección de candidatos en la Federación y las entidades federativas en manos del presidente.

La vida deshonesta del presidente Peña Nieto se sospecha desde la exposición pública de la Casa Blanca propiedad de su entonces esposa y si hubiera un auténtico ánimo de perseguir la corrupción de este gobierno las investigaciones en su contra debieron haberse iniciado desde el primero de diciembre de 2018, pero éstas tienen un tinte político que las mancha y convierte a la instancia penal en un peligroso instrumento electoral, que explica, parcialmente, que en el latinobarómetro de la democracia, está continúe en declive.

El encarcelamiento de diversos presidentes latinoamericanos con motivaciones políticas ha resultado contraproducente para la vida institucional de varios países y en un deterioro del bienestar de la población. La primera década del siglo XXI hubo una reducción de la pobreza, la pobreza del 45.5% en 2004 al 27.8% en 2014 y esta tendencia se revirtió. La criminalización de la política es una ruta peligrosa.

Si a Peña Nieto se le demuestra un delito que se le encarcele, pero que su investigación y procesamiento sea jurídicamente correcto. La acusación en la mañanera es un mal comienzo. Estas estrategias tienen un inicio, pero un final incierto que suelen alcanzar a quien las promueve. Quien a hierro mata, a hierro muere.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

cmatutegonzalez@gmail.com

www.carlosmatute.com.mx

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