Carlos Matute González
El desmantelamiento de las estructuras autoritarias del régimen autoritario de partido hegemónico comenzó ideológicamente con el movimiento del 68, institucionalmente con la reforma electoral de 1979 y políticamente con la primer alternancia de partidos en Baja California con el gobierno panista de Ernesto Ruffo que sustituyó al priista en 1989. Luego, vino la reforma electoral que transfirió el control de los comicios a un órgano ciudadano autónomo constitucionalmente y la alternancia en el gobierno federal acompañada de la extensión de los gobiernos de oposición en los estados y los municipios.
Uno de los factores que permitieron el avance democrático en México fue la decisión del Presidente Zedillo de mantener y ordenar la neutralidad del aparato burocrático respecto a las contiendas electorales, que en su momento generó mucha molestia entre los priistas autoritarios como Manuel Bartlett, y otro fue la evolución de la legislación electoral hacia el fortalecimiento de la garantía de la equidad en los comicios, que incluso ocasionó que en su momento se declararan nulos los resultados en Tabasco (2000) y Colima (2016).
En el caso tabasqueño, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que en la elección no hubieron escenarios para ejercer el voto libre por las inequidades y desinformación, que no garantizaban las libertades públicas para la expresión de la voluntad ciudadana y no se dieron las condiciones suficientes para la renovación democrática de los poderes, ya que el gobierno encabezado por Roberto Madrazo Pintado no fue neutral durante el proceso.
En Colima, conforme a la sentencia del mismo tribunal, quedó acreditada la violación a los principios rectores en la contienda electoral de equidad y neutralidad; así como la indebida intervención de funcionarios del gobierno estatal, lo que se tradujo en una violación directa al artículo 134 de la Constitución Política y, por lo tanto, se ordenó la realización de comicios extraordinarios.
En los últimos tres años, en forma acelerada, hemos desandado el camino que nos condujo a la democracia de la mano de aquella vieja guardia priista desplazada con la alternancia del poder en el 2000 que han cambiado de afiliación partidista, representada por Manuel Bartlett y Layda Sansores, y que ahora son los principales impulsores de la 4T y uno de los grupos fuertemente instalados en el gobierno actual.
El argumento para el desmantelamiento de las instituciones de la democracia representativa y del pluralismo político es la insuficiencia de la primera y la inutilidad del segundo. Esto se traduce en concentración del ejercicio del poder en el Ejecutivo con un Legislativo subordinado, en la desaparición o por lo menos debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos con recortes presupuestales y falta de nombramiento oportuno de los titulares de sus órganos de gobierno y en el regreso al Poder Judicial de la Federación a su alineamiento a la voluntad del Presidente de la República expresada en los frecuentes “desayunitos” de AMLO y el ministro Zaldívar y los jurídicamente insostenibles votos de éste último en los asuntos de la consulta popular, la revocación de mandato y la Ley de la Industria Eléctrica.
El Pueblo expresado en boca de su líder (argumento filofascista) ha sido la justificación ideológica para acusar a la oposición -fenómeno propio de la democracia representativa- de traidora cuando no apoya incondicionalmente a los proyectos del Poder Ejecutivo. Esto es una regresión autoritaria.
Los funcionarios federales y gobernadores participando y utilizando recursos presupuestas en las campañas de la revocación de mandato y en las elecciones de gobernadores con violación del artículo 134 constitucional, tal y como lo determinó esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando “confirmó la intromisión ilegal de 15 gobernadores, …en su mayoría provenientes de Morena, incurrieron en infracciones electorales durante el periodo prohibido de la revocación de mandato celebrada el pasado 10 de abril para ratificar o no en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador… con más de 100 publicaciones o actos promocionales, incluidas publicaciones en redes sociales y la difusión en redes sociales del desplegado denominado “Gobernadoras y gobernadores de la 4Ta Transformación” (El Economista, 08-06-22). Esto es una regresión autoritaria.
La reforma electoral en la Ciudad de México que afecta la autonomía del órgano local y la iniciativa del Poder Ejecutivo en el mismo sentido, que pretende regresar el control de las instituciones electorales al gobierno y su partido mayoritario y reducir la representación política con un modelo que favorece a la sobrerrepresentación de las mayorías relativas también es una regresión autoritaria.
Hoy vivimos un proceso de destrucción del régimen democrático que tiene sustento en las raíces sociales autoritarias que se expresan en el agache empresarial, la clase política poco autónoma del presupuesto federal, los sindicatos de trabajadores y patronales verticales, las organizaciones clientelares vinculadas con la economía informal, el caciquismo regional y un largo etcétera.
Todo lo anterior inevitablemente remite a Levitsky y Ziblatt, quienes en su libro “Cómo mueren las democracias” advierten que la principal amenaza a las democracias del siglo XXI son los presidentes que destruyen el régimen democrático que los condujo al poder.
