Carlos Matute González
El Presidente López Obrador seguramente ya acordó en un desayunito con el Ministro Zaldívar la ruta crítica para la reforma de la Guardia Nacional, que ya no será por decreto del ejecutivo, sino por una iniciativa de ley que presentará y seguramente aprobará la mayoría del Congreso aliada al gobierno sin modificarle una coma, para que este cuerpo de seguridad pública pase a depender de las fuerzas armadas. Esta afirmación se deduce de la declaración en la mañanera consistente, en esencia, en que la forma para que el ejército siga realizando tareas propias de la policía más allá del 2024 será emulando lo sucedido con la Ley de la Industria Eléctrica.
Hagamos memoria. La autollamada 4a transformación considera a la reforma constitucional en materia energética del 2013 como parte de una estrategia entreguista de la riqueza nacional a los extranjeros y una privatización perversa. Ambas conclusiones son cuestionables, pero no son motivo de estas reflexiones.
En congruencia con esta ideología, Rocío Nahle, la secretaria de energía, emitió la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” en mayo de 2020, pero ésta fue declarada inconstitucional en los 22 puntos esenciales por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto en contra de la Ministra Jazmín Esquivel -aliada interna del Ministro Zaldívar- porque se violentaban las competencias de los reguladores del mercado y afectaba el orden jurídico relacionado con la prohibición de los monopolios (Forbes, 04-01-21).
El gobierno minimizó este revés jurisdiccional por la inminente aprobación de la iniciativa preferente de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que fue aprobada y publicada el 09 de marzo del 2021, que violenta varias disposiciones constitucionales y que fue combatida a través de dos controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, suspendida su aplicación en forma definitiva el 19 de marzo. Además, se interpusieron numerosos juicios de amparo por las empresas afectadas.
Es factible que en uno de los “desayunitos”, que tanto presume el Ministro Zaldívar con el Presidente de la República, se le haya encargado que con los ministros afines al gobierno se votará en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la LIE y se desestimaran las controversias y acciones promovidas por la COFECE y la minoría del Senado de la República. Como era de esperarse, una mayoría de 7 ministros considero en abril de 2022 que la LIE era inconstitucional, pero esto no fue suficiente para invalidar la norma combatida definitivamente en forma general, ya que se requería de una mayoría de 8 ministros para su abrogación.
Con el favorcito que le hizo el Ministro Zaldívar y sus aliados al Presidente López Obrador, este último falazmente afirma que la LIE es constitucional, lo cual no es cierto y sólo se sabrá su condición de válida o inválida, cuando el Poder Judicial de la Federación se resuelva en definitiva los juicios de amparo promovidos por las empresas, que probablemente no sucederá este año.
Con esta experiencia, el presidente López Obrador ya desistió de su primer vía anunciada en la mañanera que era emitir un decreto para transferir la guardia nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por notoriamente inconstitucional y ahora prefiere promover una ley, que si bien también violentará directamente lo dispuesto en la Constitución que establece que este cuerpo policiaco es de naturaleza civil, el presidente tiene la certeza de que la mayoría legislativa subordinada a su voluntad la aprobara con celeridad sin modificarle nada y que el Ministro Záldivar ya tiene el encarguito de convocar a sus aliados dentro de la corte para sumar por lo menos 4 votos en contra de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Tampoco importa que se promovieran juicios de amparo contra la anunciada nueva ley de la Guardia Nacional, puesto que el tiempo estimado de su resolución definitiva es de dos años, después de concluido este sexenio.
En esta lógica, es inútil e inconveniente la promoción de una modificación constitucional en la parte que le estorba al presidente “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” (artículo 21) y que fue parte de la reforma lopezobradorista del 2019. No vale la pena correr nuevamente el riesgo que no sea aprobada en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional donde se requiere una mayoría que exige el apoyo de la oposición, más aún cuando AMLO tiene en su bolsa política a Zaldívar de quien ha dicho públicamente que es el único ministro honesto y comprometido con el pueblo.
La Ley de la Guardia Nacional será otro encarguito más para Zaldívar, quien ya le cumplió fielmente al Poder Ejecutivo en la consulta popular contra los expresidentes, la revocación de mandato y la LIE. ¿Y la independencia judicial apá?
