Letras Desnudas
Mario Caballero
De rodillas y cooperando
Encuentro un acierto en las distintas voces que reclaman el servilismo del Tribunal Electoral federal hacia el presidente de la República. Cancelar las medidas cautelares que el INE le había impuesto a Andrés Manuel López Obrador, que le prohibían hablar de las elecciones en las conferencias mañaneras y en actos públicos, no es otra cosa que ciega y baja obediencia.
Como en los tiempos del viejo PRI, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación está alargando su control sobre las instituciones, especialmente sobre aquellas que estorban a sus propósitos políticos.
Desde antes de asumir la presidencia, AMLO ha hecho todo lo posible para someter a los órganos autónomos, que por definición son entes del control y contrapeso al poder.
Si no he hecho mal las cuentas, de los once organismos de este tipo y reguladores, el presidente ha logrado colocar a seis personas cercanas a él. Una de ellas es Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de ella, el caso más relevante había sido el nombramiento de Alejandro Gertz Manero, en la Fiscalía General de la República.
Total, López Obrador tiene comiendo de su mano a la CNDH, a la Fiscalía, a la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Coneval y el Banco de México. Y con esas instituciones obedeciéndole a ciegas ha podido hacer, deshacer, ocultar y desinformar lo que le ha venido en gana en materia de derechos humanos, política energética, política social y política monetaria.
Aunque, a la verdad, su mayor anhelo ha sido asumir el control del INE, para así erigirse dueño absoluto de la democracia. Por eso no son pocos los intentos que funcionarios y legisladores de Morena han realizado por obstaculizar el desempeño y tratar de quitar a Lorenzo Córdova de en medio.
Por fortuna, los intentos e iniciativas de ley no han logrado prosperar. Sin embargo, al no poder apoderarse del organismo organizador de la democracia, se apoderó del árbitro, lo cual no es un asunto insignificante.
SERVILISMO PURO
La inmensa responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no cabe y ni se refleja en su nombre. Lo que muchos nombran como “Trife”, es en realidad el Supremo Tribunal Electoral.
Es una instancia del orden constitucional, por encima de los poderes locales y también de los poderes federales. Igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral es un organismo suprafederal, encargado de vigilar que los poderes públicos se ajusten, en materia electoral, al derecho y a los cánones democráticos. Es decir, que los que han de gobernarnos surjan, efectivamente, de la voluntad del pueblo.
Por eso su servilismo hacia el presidente es una tragedia. Poner sus facultades legales, administrativas y operativas al servicio del poder no sólo es reprobable, sino pone en peligro la democracia de México. Porque al ser la última instancia a la que puede acudirse para destrabar un conflicto del tipo electoral, ¿qué garantías tenemos de que sus sentencias serán legítimas si es clara su lealtad y prosternación al Ejecutivo federal? Seguro, ninguna.
El primer acto de sumisión del TEPJF se dio durante el proceso de selección de la dirigencia nacional de Morena. El presidente del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que en su proyecto decidió cancelar el método de las encuestas para elegir al dirigente nacional, horas después se retractó y acabó votando a favor de no suspenderlas. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? Mejor dicho, ¿de dónde recibió la orden? Creo la respuesta es obvia.
Pero lo que sí fue un escándalo fue la manera en que el Tribunal decidió darle el registro a tres partidos políticos afines a López Obrador y negárselo a México Libre, entonces liderado por Margarita Zavala. Dio hasta vergüenza el uso selectivo de la ley para favorecer a unos y perjudicar a otros.
Para no aprobar el registro a ese partido que, por razones lógicas, le disgustaba al presidente López Obrador, se llegó al extremo de inventar una serie de reglas inexistentes. En el fondo se trató de una venganza contra Felipe Calderón ejercida por un juez, en este caso el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral, quien se olvidó que su función es aplicar la ley con total imparcialidad, no cumplirle caprichos al que manda en Palacio Nacional.
Creo que, a partir de ese momento, no cabía la menor duda de que el TEPJF ya había sido capturado por las fuerzas de la Cuarta Transformación.
La reciente resolución de revocar el acuerdo del INE de prohibirle tanto al presidente de la República como a los gobernadores y demás funcionarios públicos hablar sobre temas electorales, nos lo confirma.
Y lo que también parece confirmarnos el Tribunal es que está dispuesto a faltar a su responsabilidad de verificar que las elecciones del 6 de junio sean limpias, libres y auténticas. Pues al quitar el impedimento de que Andrés Manuel López Obrador, que es experto en la propaganda política y la difamación, intervenga con posicionamientos en el proceso electoral, está dando permiso para que desde el poder se favorezca a los candidatos de Morena y se hable mal de la oposición.
Las medidas cautelares no se trataban, como alega López Obrador, de censura, sino de la legítima defensa del principio de equidad que tanto merece la democracia. Dejar suelta la lengua viperina del presidente sólo profundizará la ya grave polarización política que se vive en el país y tendrá, sin duda, su reflejo en el voto de los ciudadanos. El sólo hecho de denostar a los partidos opositores y traer a mención “la mafia del poder”, “no somos como ellos” y “el tiempo neoliberal”, cooperará con conseguir más votos para Morena.
¿URNAS O TRIBUNALES?
También podríamos decir que es un acto de servilismo que el Tribunal Electoral haya quitado el candado para que diputados y alcaldes no tengan que separarse del cargo para buscar la reelección. Sobre todo, considerando el gran número de legisladores y presidentes municipales de Morena que están buscando repetir en el puesto tres años más.
Esta sentencia lo único que consigue es desequilibrar la competencia. Pues los que pretenden reelegirse, bajo el pretexto de no dejar el puesto a la deriva, podrán valerse de mil artimañas para utilizar los recursos financieros, materiales y humanos a su disposición para hacer campaña política. Eso los pondría en una enorme ventaja frente a sus oponentes.
Aplicando este fondo en el caso de Carlos Morales Vázquez, quien busca reelegirse en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, al no separarse del cargo nada impedirá que de la misma manera en que ha gobernado estos dos años, es decir, por encima de la ley, utilice el dinero de las obras, los automóviles del municipio, financiamiento de empresas amigas (Veolia) y hasta a los barrenderos, en los actos proselitistas.
Dicho de otro modo: lo que el TEPJF está abriendo es la posibilidad de que lo que Morena y el presidente no puedan ganar dentro de la ley o en las urnas, lo ganen a punta de impugnaciones e influencias en el Tribunal Electoral, cuyo voto hasta el momento les ha favorecido.
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