Juan Manuel Asai
El riesgo principal que enfrenta la elección de junio, la más grande de la historia del país, es el acecho de bandas del crimen organizado. La delincuencia obstaculiza los trabajos de organización por parte del INE. En casos extremos los sicarios votan jalando el gatillo. Sacan de la jugada de manera permanente a candidatos que nos les gustan.
Lo han hecho antes. El riesgo ahora es mucho mayor ya que la delincuencia se enseñorea en vastas regiones del país ante el fracaso rotundo de la estrategia gubernamental de “abrazos, no balazos” que ha empoderado a carteles. Las bandas, cínicas hasta el delirio, hacen y deshacen sin temor a rendir cuentas ante la justicia.
Los carteles tienen a su disposición una amplia variedad de modelos de intervención violenta en las elecciones. Está, por ejemplo, el caso del asesino solitario con sueños guajiros, como Mario Aburto que pudo, en un mitin plagado de policías vestidos de civil, acercarse al candidato Luis Donaldo Colosio para ponerle sobre la sien derecha un viejo revolver Taurus. Le disparó a quemarropa.
Está también la irrupción de fuerzas especiales, sicarios con entrenamiento militar que formaron, o forman, parte de las fuerzas armadas y que pueden enfrentar incluso a grupos de guardias. Un caso paradigmático es la ejecución de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, que fue ultimado un par de días antes de los comicios en el año 2010. Torre Cantú viajaba en un convoy rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria cuando fue interceptado por un comando de 16 sicarios que lo chocaron, lo obligaron a bajar del vehículo y lo mataron a la vista de todos sus acompañantes.
Dos de las armas usadas estaban registradas como parte del arsenal de corporaciones policiacas. Se culpó a Eduardo Costilla, El Cos, jefe del Cartel del Golfo en la plaza, de ordenar el asesinato. Hay un dato que estremece, la emboscada fue perpetrada por sicarios que viajaban en camionetas con logos de la Marina-Armada y portaban uniformes de marinos. Se asegura que vehículos y uniformes eran apócrifos. Ojalá.
Otro tipo de intervención del crimen organizado en la política se registró hace muy poco en Valle de Bravo, Edomex. La víctima fue la atleta olímpica Zudikey Rodríguez. Una célula de la Familia Michoacana la interceptó en un mitin, la secuestró y en un lugar apartado le dijeron que le perdonarían la vida si se bajaba de la contienda. Hay crónicas que aseguran que fue el propio “Pez”, jefe de ese cartel, quien encabezó el operativo. Zudikey tomó nota y desde ese día estuvo a muy bajo impacto. Ganó la elección la candidata de Morena, Michell Núñez. Casos como el de la joven atleta se multiplicarán durante la campaña que arranca en un par de semanas.
Urnas y Tumbas
Hay que leer con atención el estudio del Colegio de México titulado “Urnas y Tumbas” sobre la violencia política en el país que analiza 32 casos de ataques letales a candidatos. La mayoría de ellos no había recibido ni siquiera alguna amenaza previa para poder huir, sino que se enteraron que no los querían como candidatos cuando les dispararon. La mayor parte de los ataques ocurren en el mes de marzo, para el ya faltan menos de quince días.
Los eventos violentos deterioran la democracia y afectan la gobernabilidad generando temor entre los ciudadanos. Ocho de cada diez víctimas son de nivel municipal que por lo mismo no contaban con equipo de protección que sí tienen los aspirantes a la presidencia o a las gubernaturas.
Vienen tiempos difíciles, más complejos, porque las bandas del crimen organizado tienen hoy más poder que antes y en muchos lugares la línea divisoria entre los criminales y los policías se ha desvanecido por completo, como es el ejemplo de la policía de Iguala con respecto a los Guerreros Unidos.
