Letras Desnudas
Mario Caballero
En los primeros días de junio de 2023, la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ) llevó a cabo un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y en el quinto día de las protestas sus integrantes bloquearon los accesos a Palacio de Gobierno y no dejaron salir a la burocracia y a los ciudadanos que se encontraban en el lugar realizando algún trámite. Entre el grupo de ciudadanos, cabe mencionar, se encontraban mujeres embarazadas y niños.
En la madrugada del seis de junio, permitieron que todas las mujeres y los niños pudieran irse. Los hombres que se quedaron durmieron ahí y salieron hasta el mediodía, hora en que los manifestantes se dignaron a abrir las puertas.
Ese mismo día se escuchó la voz de un hombre entre el tumulto que, con pancarta en mano, dijo que hicieron lo que hicieron porque “protestar es un derecho”.
De eso no hay duda. La libre manifestación es un derecho humano consagrado en las constituciones de las democracias liberales como la de México. Por tanto, los miembros de la OCEZ estaban en su derecho de llevar a cabo protestas por no estar de acuerdo con la situación en que estaban viviendo en sus comunidades, donde la Alianza de Comuneros Indígenas Tzotziles San Bartolomé de los Llanos había provocado para ese entonces la quema de casas y el desplazamiento de 221 habitantes.
La pregunta es: ¿eso les daba el derecho de bloquear el edificio gubernamental y literalmente secuestrar a los trabajadores del gobierno junto con un numeroso grupo de ciudadanos?
Si apelamos a la máxima de que “tu derecho termina donde empieza el mío”, entonces podríamos responder que no: los de la OCEZ tenían el derecho a manifestarse más no a hacer lo que hicieron. Sobre todo, cuando hubo muchas personas, y repito niños y mujeres embarazadas entre los infamemente retenidas, que no tenían nada que ver por lo que ellos protestaban.
LA POSTURA
He rememorado este acontecimiento para destacar una postura del gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas que no ha sido debidamente valorado. Esto es, el respeto a la libertad de expresión y manifestación.
¿Qué hubiera pasado con la OCEZ en otros gobiernos?
Sin duda, sus integrantes hubieran sido reprimidos. No fue el caso en esta administración. Nadie fue reprimido. No les aventaron a las fuerzas policiacas, y a pesar de que habían cometido un crimen al retener a funcionarios públicos y sociedad civil ni siquiera los intimidaron. Todo lo contrario, fueron convocados al diálogo y a encauzar sus demandas por las vías de la legalidad, la paz y la concordia.
Es más, el conflicto de la OCEZ Casa del Pueblo es un tema federal, pero siempre tuvieron el acompañamiento del Gobierno del Estado con tal de que se solucionaran sus controversias. Y nadie en esta agrupación podrá negar que la autoridad estatal haya mantenido una mesa de atención permanente con ellos.
Esto, sin duda de ningún género, es señal inequívoca de que en Chiapas impera la democracia y se respetan las libertades, en este caso la libertad de expresión y de manifestación.
RESPETO A PENSAR DISTINTO
Durante su toma de protesta, el gobernador Rutilio Escandón dijo que haríamos historia y lo que podemos observar desde aquel 8 de diciembre de 2018 es un cambio claro en la forma de hacer política y ejercer el poder.
Antes hubo un discurso de estigmatización y difamación contra los grupos opositores, incluidos los medios de comunicación y periodistas críticos, que degradó el lenguaje público y coartó gravemente la libertad de expresión. Sin mencionar que polarizó el ambiente político. En pocas palabras, discrepar con el gobernante era un asunto condenable que merecía las peores medidas de disciplina.
La censura, las sanciones administrativas, la persecución política, los amagos judiciales, los encierros injustificados y los destierros fueron algunas de las acciones que se llevaban para contrarrestar a la oposición. La advertencia para los críticos era la censura o pagar las consecuencias. Con decir que muchos colegas fueron encarcelados y otros tuvieron que huir de Chiapas para librar la cárcel o incluso salvar la vida. Ejemplos hay muchos.
Esta prohibición a pensar distinto, criticar y cuestionar al gobierno alcanzó no sólo a los medios y periodistas, sino también a líderes sociales, políticos y campesinos, grupos ambientalistas, defensores de los derechos humanos, dirigentes magisteriales y obreros, activistas y hasta académicos.
Como miembro del gremio periodístico chiapaneco puedo afirmar que estos tiempos son diferentes. Se puede criticar sin ser censurado, amenazado o perseguido.
Recuerdo que hace no mucho tiempo a los editores y columnistas les imponían lo que tenían que publicar o, como se dice en el argot periodístico, les tiraban línea. A veces eran sólo ideas para formar el texto y otras el texto completo que se tenía que publicar sin modificarle una coma y ni los horrores ortográficos. Una aberración.
¿Por qué lo permitían los dueños de medios y periodistas? Porque no les quedaban otras opciones. O era eso o la cárcel. Quizá a pasar una temporada fuera de del estado, alejado de la familia y con todo lo que ello representaba.
¿Sabe que fue lo peor? Que se distorsionaba la realidad mediante la difusión de mentiras, hechos maquillados, logros inexistentes y el reprobable ocultamiento de la verdad.
Hoy, en cambio, hay un manejo honesto de la información oficial. El Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas es precisamente eso, un instituto, un organismo público donde comunicólogos, periodistas con oficio reporteril y expertos en redacción trabajan para que la información sobre el desempeño gubernamental llegue a las manos de los ciudadanos con claridad, sin frivolidades, con pulcritud, con datos comprobables y, sobre todo, acorde con la realidad.
A partir de esa información, de esas crónicas, de esas notas de color y boletines, medios y periodistas pueden cuestionar, analizar y profundizar sobre el desempeño del Gobierno del Estado y los entes públicos.
Lo que es mejor, se valora la crítica y se respeta el derecho a disentir.
UN LEGADO
Nadie con dos dedos de frente podrá negar que el avance democrático de toda sociedad tiene como prerrequisito indispensable la confrontación libre de las ideas. Todo pueblo requiere que sus ciudadanos cuenten con la libertad necesaria para cuestionar verdades que se presentan como absolutas y los medios para ejercerla.
Aplaudo, por tal razón, que el gobernador Escandón Cadenas esté honrando el derecho a la expresión y manifestación, pues este derecho, en todas sus formas, es fundamental e inalienable: inherente a la vida de todas las personas. Además, es un requisito para la existencia misma de una sociedad democrática como la nuestra.
No se exagera cuando se dice que estos son otros tiempos para Chiapas, donde el reconocimiento a la labor gubernamental se recibe de quien venga y se respeta la crítica y la oposición sin menospreciar el motivo que la genera.
En fin, este aspecto del gobierno formará parte del gran legado de la administración del gobernador Rutilio Escandón para los chiapanecos. Doy fe.
yomariocaballero@gmail.com
