Razones
Jorge Fernández Menéndez
Ayer no voté en la consulta de revocación de mandato. Es la primera vez que no lo hago, pero ésta es también, desde las elecciones de 1982, la primera en que no votar era una opción real ante un proceso viciado, cuestionado, marcado por la ilegalidad de los propios funcionarios públicos, que tenía como única razón de ser una autoglorificación narcisista.
Por supuesto que pudo haber irregularidades en muchos otros procesos electorales en el pasado, pero desde 1976 nunca antes vimos como en esta consulta a tantos funcionarios públicos, comenzando por el propio presidente de la república, vulnerando la legalidad del proceso una y otra vez, incluso con medidas como aquel viaje a Sonora del secretario de Gobernación en un avión de la Guardia Nacional, acompañados por el presidente de Morena, con una indiferencia a las leyes electorales que impresionó por lo abierta.
Ya ha dicho el presidente López Obrador que “no me vengan con eso de que la ley es la ley”. Dice el Presidente y repiten sus colaboradores que es absurdo que una consulta que aprobaron las oposiciones ahora la rechacen y decidan no participar en ella. Las oposiciones tendrán sus argumentos. Yo les daré los míos, los de un ciudadano y periodista.
Primero, esta consulta de revocación es ilegal de origen. Las leyes no se pueden aplicar para la misma persona que las propuso e hizo aprobar. La consulta de revocación fue propuesta por el presidente López Obrador y aprobada durante su periodo de gobierno: no es legal que se haya realizado durante este periodo. No puede haber leyes a modo o para beneficio (o daño) de una persona, menos aún si es el presidente de la república. Asombra que la Suprema Corte la haya dejado pasar, y mucho más que se haya aceptado una pregunta de revocación que no dice en realidad nada, porque se contradice en sus términos, tratando de hacer pasar una consulta por la revocación por una para la ratificación de mandato.
El tema es importante porque sienta, o puede sentar, precedentes. El presidente López Obrador fue elegido para un periodo de 5 años y 10 meses, termina su mandato el primero de octubre del 2024. Ni un día más ni un día menos. ¿Qué tal si con este precedente, el de haber establecido una ley a modo, para que se utilizara durante el mismo periodo en que el presidente estaba en funciones, el día de mañana se aprobara otra ley para, por ejemplo, extender su mandato? Es pregunta.
No voté ayer porque lo que vimos no fue un ejercicio democrático, sino de propaganda y como decíamos de autoglorificación narcisista. Desde las épocas del muy viejo PRI (desde la elección de 1976 donde José López Portillo fue candidato único, sin opositores que se abstuvieron por razones similares a las de ayer) no veíamos un ejercicio de acarreo, manipulación y utilización del aparato de gobierno tan grosero. Cuando personajes desde la presidencia muestran imágenes de una casilla rural en Sinaloa con colas de cientos de metros de gente esperando votar, y las comparamos con la absoluta soledad de muchas, la enorme mayoría, de las casillas urbanas, sabemos que eso es acarreo, sino del gobierno de quienes en realidad mandan en esas zonas.
Cuando vemos a todas las secretarías de estado trabajando abiertamente en favor del Presidente, utilizando recursos públicos, tiempo en horario laboral, llevando a sus trabajadores a votar, cuando sabemos que cada gobernador tiene cuotas que cubrir, sabemos que no estamos ante un ejercicio democrático. Es, digámoslo así, un ejercicio para probar a la maquinaria de Morena y sus aliados de cara a los comicios de junio, pero sobre todo del año próximo, donde estará en juego el estado de México, y del 2024.
Pero, además, es un ejercicio que busca golpear y transformar al INE en un organismo autónomo más cooptado por el gobierno. El esquema es de una sencillez y un cinismo desvergonzado: primero, se aprueba la consulta y se impone para esta fecha, aunque legalmente no hubiera podido realizarse en este sexenio. Es una consulta que tendría que tener las mismas condiciones que una elección federal pero no se le otorga presupuesto alguno al INE para realizarla. Sin presupuesto no se tendría ni podría haber efectuado. Se obliga al INE a hacerlo de todas maneras. El Instituto consigue de ahorros internos tener un tercio de los recursos que se necesitarían para una consulta de este tipo. Y organiza esa consulta con base en los recursos disponibles.
Las leyes votadas por los diputados establecen que sólo el INE puede hacer difusión de la misma, pero a todo Morena y a todo el aparato gubernamental le parece que “no me vengan con eso de que la ley es la ley” y les vale sorbete y hacen campaña. Cada vez que son apercibidos por el INE o el TRIFE, dicen que los están censurando o persiguiendo, aunque sean ellos quienes están violando las normas y leyes, que ellos mismos aprobaron. Incluso así cuando termine la consulta no tendrán ni remotamente la participación y los votos que quisieran y entonces llegará la hora de que funcionarios federales y Morena pidan una reforma electoral que acabe con el INE autónomo que hoy tenemos. Fin de la historia.
Por eso no voté en la consulta de ayer. Uno no puede ser parte de una farsa de estas dimensiones.
