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El abandono de las infancias

Saúl Arellano

Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, 2022, muestran que, una vez más, el grupo de población que registra el mayor porcentaje de personas en pobreza, es el de las niñas, niños y adolescentes. Esto no es una novedad. En todas las mediciones realizadas por el CONEVAL, desde el 2008 hasta el 2022, han arrojado el mismo resultado: las infancias son los pobres entre los pobres.

En términos de política pública, tal resultado obliga de inmediato a la pregunta de por qué, si se sabe lo anterior, no se ha diseñado un programa que garantice un ingreso mínimo a cada niña y niño, y por qué sí se realiza eso a favor de las personas adultas mayores, a quienes se les otorga la llamada pensión universal.

La respuesta solo puede ser una: las personas adultas mayores son uno de los grupos de población que en mayor porcentaje participa en los procesos electorales. En evidencia, por su edad, las niñas, niños y adolescentes no votan y dependen además de las personas responsables de su cuidado, para acceder a la garantía de sus derechos.

No se trata, entiéndase bien, de sostener que no se apoye a las personas adultas mayores. Por el contrario, en un país con un presupuesto acotado como el que tenemos, los gobiernos deben fijar prioridades de atención. Y al hacerlo, deben justificar plenamente por qué toman una decisión y no otra.

Por eso resulta éticamente incomprensible que el gobierno de la República haya decidido incluso proponer la eliminación del Sistema Nacional de Protección Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); y que haya llevado a niveles prácticamente de extinción del Sistema Nacional DIF. Y en sentido inverso, resulta electoral y políticamente explicable que el gobierno haya optado por la racionalidad más fría, al desproteger a las infancias para proteger a las personas adultas mayores.

Una perspectiva de gobierno ética, con capacidades técnicas, habría evitado esa aparente disyuntiva y habría tratado de equilibrar las políticas a favor de ambos grupos, localizando apropiadamente apoyos para personas sin seguridad social; y habría optado por universalizar los programas que mejores resultados han mostrado a favor de las infancias, como las escuelas de tiempo completo, que antes bien, se decidió que debían ser eliminadas.

Se puede afirmar que en números redondos, la mitad de la población infantil está en situación de pobreza multidimensional; hecho de por si grave. Pero esto se dimensiona aún peor, si se comprende que el número de casos de corrupción de menores, de abuso sexual, de violación, de tráfico de menores, y de víctimas de lesiones intencionales y de violencia familiar, se han incrementado de manera muy significativa en los años que le corresponden a esta administración.

Es de lamentarse que, en esta materia, el discurso del presidente no solo sea equívoco, sino que además, puede decirse que es prácticamente inexistente. El Presidente de la República tiene eventos solo los días 30 de abril y su retórica en la materia es tanto anacrónica, como ajena absolutamente a una perspectiva integral de los derechos de las infancias.

Pero lo que puede decirse del gobierno de la República es igualmente aplicable a todos los gobiernos de los estados y de los municipios, de tal forma que, con base en los datos disponibles, se puede afirmar que no hay una entidad o algún municipio del país o alcaldía en la Ciudad de México, que pueda presentarse como ejemplo de lo que se debe hacer para garantizar todo lo que la Constitución y la Ley General en la materia establecen como obligación de todas las autoridades, en todos sus niveles

Leer, en este contexto, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, resulta tan ilustrativo como aterrador. En efecto, alrededor del 55% de las niñas, niños y adolescentes han vivido, en las semanas previas a la encuesta, eventos de disciplina violenta, es decir, han recibido insultos, gritos, tratos denigrantes y hasta golpes y violencia atroz. De igual forma, la misma encuesta estima que casi el 8% de la población adolescente tiene ideaciones suicidas.

¿Cómo fue que nuestro país ha llegado a esto? ¿Por qué si la tasa de homicidios de niñas niños y adolescentes casi triplica a la de los feminicidios, no hemos salido a la calle a romper ventanas, intervenir monumentos y a exigir que está brutalidad y estado de barbarie paren?

Elena Azaola, en la presentación del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, 2022, afirmó, con justificada indignación, que ante los datos disponibles, puede afirmarse que México es un país que odia a sus niños.

Todo lo anterior debería llenarnos de una profunda vergüenza y sacarnos de la parálisis, de una especie de estado zombi que nos impide darnos cuenta de la atrocidad que significa el estado generalizado y estructural de violación reiterada de los derechos de las infancias; y esa vergüenza debería comenzar en Palacio Nacional y en todas las oficinas de las y los gobernadores y de las más de miles de alcaldías que hay en todo el territorio nacional.

La indiferencia enferma y mata, empobrece y victimiza; y en este caso, la indiferencia no solo proviene de la ignorancia o el descuido de una agenda prioritaria para el país. Está antes bien, arraigada profundamente en una sociedad adulto céntrica, que además es machista y misógina en múltiples ámbitos. Y eso debe parar y debe ser transformado. Porque si persistimos en la ruta transitada hasta ahora, seguiremos en la posibilidad total de ser caracterizados como una sociedad infame bárbara.

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