Razones
Sonora: impunidad y votos
Jorge Fernández Menéndez
No sabemos quién ordenó el asesinato de Abel Murrieta en Ciudad Obregón, pero sí sabemos que la muerte del ex procurador y candidato por Cajeme, cambió todo el escenario electoral en Sonora.
Hasta la semana pasada, las encuestas (siempre tan falibles y tan alejadas unas de otras) otorgaban al candidato de Morena, el ex secretario de seguridad, Alfonso Durazo, en promedio, unos 8 puntos de ventaja sobre Ernesto Gándara, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. En tercer lugar, las encuestas colocaron siempre a Ricardo Bours, hermano del ex gobernador Eduardo Bours, con cerca del 10 por ciento de los votos.
En Sonora, como en el resto del país, Movimiento Ciudadano ha decidido en estos comicios ir en solitario. Pero el asesinato de Murrieta indignó a la sociedad sonorense, y en particular a sus amigos muy cercanos como Ricardo Bours (Murrieta fue el procurador del estado con Eduardo y luego durante otros dos años con el panista Guillermo Padrés) cambió todo: Ricardo decidió sumarse a la candidatura de Gándara y con él se irán buena parte de sus votos, ya que MC, por sí mismo, no tiene peso específico en el estado. Por una simple suma matemática, si la diferencia, en el mejor de los casos, era de ocho puntos, con la suma de los votos de Bours, la candidatura de Gándara podría, por lo menos, empatar con la de Durazo.
A ello se han sumado otros movimientos importantes, como el llamado al voto por Gándara de Adrián LeBarón, lastimado también por el asesinato Murrieta, que era uno de sus abogados y que había tenido un papel protagónico, dijo Adrián, en la detención de dos de los asesinos de su hija y otros integrantes de su familia, en Bavispe, en la frontera entre Sonora y Chihuahua. “La muerte de Abel Murrieta, publicó LeBarón en un mensaje en Twitter, nos abrió más los ojos para cambiar el miedo en coraje y darle rumbo a este país y deshacernos de la narcoviolencia terrorista, todos con Ernesto Gándara”.
Todo eso ocurre, como decíamos esta misma semana, en medio de un violento enfrentamiento entre grupos criminales en el estado, que ha generado profunda incertidumbre en la población. Un enfrentamiento en el que participan, entre otros, los grupos ligados a los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos; otro Chapo, pero éste el Chapo Isidro, que fue lugarteniente de los Beltrán Leyva y enemigo de los Guzmán Loera desde hace años y cuyo operador, el Chuy González, fue puesto en la lista de los principales narcotraficantes por las autoridades estadounidenses la semana pasada; y jugando un papel equidistante de todos ellos, pero jugando muy fuerte, Rafael Caro Quintero, dos de cuyos ranchos en Sonora (que estaban a nombre de familiares suyos) fueron quemados ente fin de semana en el estado. Los hechos se los atribuyó un grupo llamado La Gente Nueva del Cazador, que quemó también el parque recreativo Las Palapas, cerca de Caborca, propiedad de la familia de Caro Quintero.
Poco ayuda a la candidatura de Durazo, que hoy el presidente López Obrador, en la mañanera, haya dicho, refiriéndose al caso Murrieta, que, a diferencia de los pasados sexenios, “hoy no queda nada impune, todo se investiga y se castiga a los responsables”. Es evidente que no es así: llevamos 83 personas relacionadas al proceso electoral que han sido asesinadas y cientos de agresiones violentas desde septiembre y prácticamente todos los crímenes han quedado impunes.
El reciente Índice Global de Impunidad (IGI) 2020 publicado en enero pasado, coloca a México entre los países con mayor impunidad en el mundo y en América latina. El diagnóstico del IGI 2020 es lapidario: “la impunidad en México, concluye, es como un tipo de disfunción institucional que erosiona el funcionamiento del Estado y dificulta garantizar una respuesta más efectiva ante la crisis de inseguridad y violencia. Entre las coincidencias que los estudios tienden a señalar, destacan: 1) bajo cualquier metodología en que se mida la impunidad, el promedio de desempeño de los estados (habla de las entidades federativas) tiende a ser mediocre y con tendencia a niveles de alta impunidad; 2) por lo general la mayoría de los estados suelen ubicarse en posiciones negativas con relación al promedio de impunidad nacional; 3) niveles muy altos de impunidad suelen tener relación con la existencia de cifra negra extremadamente alta (menos del 10 por ciento de los delitos se denuncian), así como con capacidades institucionales y humanas muy limitadas para garantizar una investigación efectiva ante los pocos delitos o violaciones a derechos humanos que suelen denunciarse; 4) incapacidad de las autoridades federales y estatales para garantizar condiciones de seguridad y justicia, lo que retroalimenta la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, reforzando la tendencia a la no denuncia; 5) condiciones de impunidad generalizada y pactos de impunidad políticos que retroalimentan los ciclos de inseguridad y violencia, complicando la capacidad de las instituciones para garantizar acceso a la justicia y protección a las víctimas”.
Y desde 2015, cuando se mide este índice, incluyendo 2019 y 2020, las consideraciones son las mismas. En nuestro país el 92 por ciento de los delitos denunciados (y estos son el 10 por ciento de los que realmente se cometen), incluyendo la enorme mayoría de los homicidios, quedan impunes. Y eso influye en el voto.
