Ulises Lara López
En estos días, millones de adolescentes y jóvenes, en todo el país, enfrentan un proceso de transición en su historial educativo al concluir la Secundaria, como final del modelo de Educación Básica, y avanzar al umbral de la Educación Media Superior, situación que, a muchos, incluidos los padres de familia, genera inquietudes.
De acuerdo al Artículo 3 de la Constitución Mexicana, la Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, conforman la Educación Básica y por mandato, ésta y la Educación Media Superior, serán obligatorias.
En ese tenor, la Secretaría de Educación Pública (SEP) precisa que la Educación Media Superior, se divide en Bachillerato escolarizado, Bachillerato no escolarizado, Bachillerato mixto, Certificación de Bachillerato por examen, cursos de Capacitación para el trabajo y para quienes tienen algún tipo de discapacidad.
En este sentido, se define al bachillerato como un proceso formativo de carácter propedéutico y terminal que también incluye programas académicos de capacitación laboral que permite a los estudiantes, adquirir las herramientas básicas para ingresar a la Educación Superior y/o incorporarse a un empleo.
Para adolescentes y jóvenes el bachillerato es un nivel educativo de mucha importancia pues con esa decisión se elige el área académica a la cual quiere dedicarse a nivel profesional.
En el Valle de México, el mes pasado, 282 mil 596 aspirantes realizaron el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) por el cual se definirá, según los aciertos que tengan en la prueba, en qué escuela pública continuarán sus estudios, a pesar de que más del 50% de ellos pidieron, como primera opción, ingresar a alguna preparatoria o CCH de la UNAM.
Desde 1996, la COMIPEMS, integrada por: el Colegio de Bachilleres (COLBACH), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SE), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); se encarga de realizar el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Registros de la COMIPEMS, indican que, a lo largo de 26 ediciones de este proceso para la asignación de espacios educativos, en el año 2000 se ha tenido la más baja participación con 237 mil 656 aspirantes; en contraste, la más alta participación se dio en 2016 con 331 mil 405 estudiantes. El año pasado, la convocatoria fue atendida por 275 mil 347 alumnas y alumnos.
Esto es un proceso de selección donde se convoca a los próximo a egresar de Secundaria a registrarse como aspirantes y luego, mediante un solo examen, evaluar sus habilidades y conocimientos. Como parte de ello, el estudiante elige una serie de opciones que van desde el mayor nivel de preferencia al menor y el plantel asignado depende del número de aciertos que tenga en la prueba de 128 preguntas.
En los últimos 25 años, este ha sido un mecanismo de competitividad que ha puesto nerviosos a miles de estudiantes, tanto de la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México, como de otras regiones del país que buscan en la Zona Metropolitana, acceder a un espacio en las instituciones de Educación Media Superior, sobre todo en aquellas, que podrían asegurarles su ingreso a la Educación Superior.
Durante estos años, a pesar de que auditores y notarios vigilan su correcta realización y dan fe de la transparencia de los procesos, la suma de esfuerzos y recursos de las instituciones públicas que ofrecen Educación Media Superior y las autoridades educativas de los gobiernos federal y del Estado de México, a través del concurso de asignación, no ha estado exento de críticas e inconformidades, sobre todo cuando los resultados obligan a los estudiantes a estudiar en planteles que no eran de su preferencia y, en consecuencia, los recorridos de traslado, los gastos económicos, la inseguridad, entre otros aspectos, impactan en la vida familiar.
En ese sentido, llama la atención el pronunciamiento de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación a que, “este examen debería cancelarse y asignarse la preparatoria o institución más cercana al domicilio del aspirante”.
Al indicar que, si un estudiante sale de Secundaria con un nivel aprobatorio no tendría que presentar un examen, ya que, dijo la mandataria capitalina, todos tienen derecho a una escuela media superior de calidad y que se tiene que seguir luchando por el derecho a la educación, sobre todo la superior.
En el contexto actual, donde los adolescentes y jóvenes a pesar de parecer interesados por ser más competitivos, tenemos un abandono cercano al 20% en el primer año que más allá de la discusión y el debate, están relacionados con su visión o expectativas sobre su futuro.
Está claro que se deben ampliar los espacios y las oportunidades para que los estudiantes adquieran una formación académica sólida y experiencia directamente en los campos laborales. Pero no es tan claro si la oferta educativa responde o atiende al horizonte de los jóvenes millenials.
La COMIPEMS permitió construir una coordinación interinstitucional para distribuir de forma conjunta y transparente la demanda de estudios de Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero nada más. Hoy debe replantearse si puede jugar un papel distinto como llegar a ser el factor que ayude a transitar a un sistema de bachillerato unificado que permita portabilidad y movilidad a los alumnos de sus conocimientos y habilidades adquiridas. El derecho universal a la educación media superior no puede seguir garantizando un complejo sistema de sorteo y diferenciación de los egresados de secundaria.
