Ulises Lara López
A escala nacional e internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en mucho, ha sido, es y seguirá siendo un referente por su trayectoria académica, su organización monumental y su masividad. Su peso histórico en el México contemporáneo está vinculada el desarrollo del país y por tanto, todo lo que refiera al presente y futuro de la Máxima Casa de estudios tiene resonancia en nuestra vida social y política como nación.
Una evidencia notable es la reflexión que suscita la convocatoria para el proceso de nombramiento del nuevo titular para la rectoría de la UNAM 2023 -2027. Un proceso donde más de 350 mil estudiantes, más de 40 mil docentes y cerca de 20 mil trabajadores, que conforman la comunidad universitaria, quedaremos al margen de elegir al llamado Jefe Nato de la Universidad Nacional y solo tendremos derecho a ser “auscultados” sobre las personas que podrían ocupar tan digno cargo.
En el contexto actual, donde se han materializado cambios, otrora impensables, de democratización del estado mexicano, en la UNAM sigue vigente el método diseñado hace casi 80 años en donde 15 integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM -que ahora lo conforman 8 mujeres y 7 hombres-eligen al siguiente rector y a todos los directores de escuelas, facultades e institutos no hacen sino entrever una institución, reconocida como masa crítica de la sociedad en su gobierno interior no es aliada de las decisiones democráticas.
Este es un debate que ha estado presente por décadas y el cuestionamiento a dicha normatividad ha sido motivo de iniciativas y propuestas en diferentes momentos como el Congreso Universitario de 1991 así como un sinnúmero de movimientos de resistencia contra la imposición de Directores y Rectores.
Por años, las transformaciones de las normas y formas de gobierno vigentes han abierto parcialmente procesos de electivos en urnas como ocurrió con los Consejeros: Técnicos, Universitarios y Académicos, pero no se permitió que se abriera el espacio de decisión que han detentado grupos de poder estructurados en gremios profesionales y en intereses no necesariamente universitarios, interactuando en ámbito general o en el de subsistemas y entidades académicas.
La más de las veces, encubiertos en un discurso de méritos y beneficios académico, pero realidad defienden el orden vigente argumentando que en los fines de la educación superior no es garantizar un gobierno participativo, representativo y plural, en su visión la democracia universitaria no puede no debe existir, aunque a la vista de todos se haga visible la falta de innovación en el método para la designación de sus autoridades.
En estas definiciones la élite universitaria no ha tomado en cuenta el hecho de que, en nuestro país como en distintos países del mundo, algunos sistemas universitarios y universidades utilizan formas diversas de sufragio (de estudiantes, profesores e incluso de trabajadores) para la elección de autoridades.
México ha registrado transformaciones donde resaltan avances en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en ese sentido la UNAM registra un rezago respecto de los cambios ocurridos en el país.
La Universidad Nacional debe reasumir el papel de protagonista al frente de los procesos de cambio, de no hacerlo es quedar atrapada en el pasado y seguir al margen de los procesos de cambio social.
Ante la convocatoria para definir un periodo más en la vida universitaria, se abren oportunidades inéditas para imaginar y construir un modelo democrático que haga de la UNAM la institución insignia del México que anhelamos.
La Universidad Nacional está frente a una nueva oportunidad para hacer posible esta aspiración, partiendo de la creatividad, la energía y el potencial de cambio que aportan una vez más los estudiantes.
Por el bien de las nuevas generaciones de estudiantes se debe asumir el reto de transformar el paradigma universitario; no se puede dejar pasar la oportunidad de colocar a la Universidad Nacional Autónoma de México a la altura de los tiempos que hoy se viven. Si creemos en la autonomía debería el Congreso de la Unión derogar la Ley Orgánica de 1945 (!) y permitir al Consejo Universitario aprobar un sistema de nuevas reglas para la elección de autoridades. No hay mejor argumento que la democratización de Estado y todas sus instituciones.
