M de R / Diario de Chiapas
Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, no se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos que se realizó este martes en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), donde se le inició el procedimiento IEPC/PE/Q/003/2020, por presunta violencia política en razón de género.
Su contraparte, la regidora Adriana Guillén Hernández, entregó, acompañada de su equipo legal, las pruebas que tiene respecto a los hechos y dichos en su contra, mientras que Carlos Morales se limitó a enviar un escrito.
Cabe mencionar que esta era la oportunidad del munícipe para defenderse, no obstante, prefirió ignorar el llamado de la autoridad local electoral; ahora, en al menos seis días, la Dirección Jurídica de este instituto deberá determinar, mediante un dictamen, si existen razones suficientes para tipificar la conducta del presidente municipal como violencia política en razón de género y, de ser así, en 12 días más la
Comisión de Quejas y Denuncias podría turnar el caso al Pleno, para su votación.
De configurarse el delito, estas conductas podrían ser motivo, como lo solicitó la demandante, de que el presidente municipal sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que lo dejaría impedido para participar en elecciones a cargos públicos, como lo señala la ley en la materia.
Este listado tiene por objetivo inhibir este tipo de violencia, concretar la reforma sobre violencia política en razón de género y servir como una base para que las personas que incurren en este delito no tengan acceso a cargos públicos.
Guillén Hernández entregó testimoniales, videos y comunicados de las cuentas oficiales, donde se sustenta su demanda.
