Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
María de Lourdes González Vázquez se fue a Estados Unidos hace 36 años, pero la muerte de su madre la trajo de vuelta en 2019, en medio de la pandemia por el COVID-19.
Los protocolos sanitarios fueron prolongando su estancia en este país, por lo que aceptó la propuesta que le hicieron representantes de la Confederación de Trabajadores en México (CTM) para ingresar un vehículo como taxi colectivo de la ruta Tuxtla Gutiérrez-Jardines del Grijalva.
En Estados Unidos dejó a su esposo y a sus cuatro hijos, uno de ellos de 10 años con síndrome de Down, a quien deben pagarle atenciones especiales. A su esposo le pareció una buena fuente de ingresos el transporte urbano, por lo que reunieron lo necesario para comprar un automóvil tipo March marca Nissan 2020.
María de Lourdes pagó 30 mil pesos de entrada y 500 mensuales. Cuando le avisaron que la cuota subiría a 3 mil pesos y la CTM pidió el cambio de chofer, decidió salirse y la organización le regresó el dinero que aportó en su inicio.
Al quite entró Autotransportes Coordinados San Judas Tadeo S.A. de C.V. comandado por Alejandra Solís Gómez y Ángel Omar Flores, quienes convencieron a María de Lourdes de agremiarse sin la necesidad de aportar cuotas iniciales.
Al poco tiempo, comenzaron a pedirle préstamos: primero de 26 mil pesos, luego las escrituras de su casa como garantía para obtener una terminal de ascenso y descenso en la 1a Norte oriente 336 B en Tuxtla Gutiérrez, donde quedó como aval sin saberlo.
Regularmente Omar y Alejandra acudían a ella para pedirle de 2 a 3 mil pesos con cualquier pretexto. Entonces los propios pobladores de la colonia comenzaron a alertarla sobre la pareja que, al parecer, tiene vínculos directos con el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) y con la corrupción que impera en la Secretaría de Movilidad y Transporte.
María de Lourdes decidió no darles ningún préstamo más. Por esta razón, de acuerdo con la investigación hecha por el abogado y la afectada, el 29 de abril de 2021 Alejandra Solís pidió la detención del automóvil a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Ese día, los representantes de la dependencia exigieron al conductor una cuota de 5 mil pesos para dejarlo ir. “Cómo mi chofer iba a tener esa cantidad de dinero; no dio nada y se llevaron el automóvil”.
El abogado, Jorge Luis Gómez Villar de Pau, dijo que después del acontecimiento, lo único que han logrado rescatar son las escrituras de la casa de María de Lourdes. El dinero prestado no ha sido devuelto y el vehículo sigue retenido.
Acudieron con el Jurídico de la Secretaría, Arturo Becerra, para exponerle la situación, pero les dijo que no podía hacer nada debido a la corrupción que impera en Transporte.
Solicitaron hablar con el delegado de la Zona I Metropolitana de la SMyT, Manuel Patatuchi Ayala, pero se negó a atenderlos en diferentes ocasiones. Aunque firmó informes con irregularidades.
Patatuchi firmó un documento que argumenta que el chofer no quiso firmar ni la infracción que le pusieron y hacen un acta de Supervisión y Vigilancia el 29 de abril, pero el escrito es “fabricado” pues tiene el folio número uno. “Si es real entonces la Secretaría no ha trabajado durante todo el año”, analizó Gómez Villar de Pau.
Posteriormente, les dijeron que el problema se arreglaría y que regresaran en dos días, al volver les pidieron pagar 25 mil pesos, más la grúa y el arrastre. “Dinero que ya no tengo, me quitaron todo”, lamentó María de Lourdes.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya recibió la queja CEDH/438/2021. María de Lourdes pide que se haga justicia y que le regresen su vehículo, pues asegura que se trata de un acto de venganza donde se favorece a la organización en estrecha vinculación con la SMyT.
Aunque teme por lo que pueda llevar a sucederle, hizo un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que intervenga en la grave corrupción de la citada dependencia.
