M de R / Diario de Chiapas
El acto criminal que están realizando empresas como Infra del sur y Praxair debe ser investigado por las autoridades.
En medio del terror que están viviendo miles de familias, con integrantes que están en estado crítico debido al coronavirus, no tienen vergüenza para lucrar con el dolor.
Ha sido evidente en los últimos dos meses; con más complicaciones para atender a personal médico y ciudadanía en general, que acude a estas empresas para adquirir oxígeno para sus pacientes y familiares.
No obstante, usando como pretexto la verificación de los tanques, están aplazando el llenado de los tanques de oxígeno, incluso por hasta dos semanas.
Para algunos el costo de relleno ha sido de 250 pesos, pero otros han tenido que pagar mil 300 pesos por un tanque que tampoco se les entrega.
Esta sería una acción grave y criminal, porque hay personas que tienen la necesidad de rellenar hasta cuatro tanques, y de eso depende la vida de sus familiares, pero con estas condiciones, es un lujo que no se pueden dar, aumentando el dolor que están viviendo.
Incluso, están rechazando a familiares de pacientes en condiciones muy graves, situación que no debe ser tolerada.
La Secretaría de Salud debería poner atención a estas empresas, y obligarlas a que llenen los tanques; es un derecho humano el que tenemos de recibir el servicio, porque tampoco es gratuito.
Pero mientras esto sucede, el proceso de relleno es largo para los clientes y más para aquellos que acuden por primera vez; el procedimiento llega a tardar hasta un mes, periodo donde para muchos resulta una burla por las condiciones de los enfermos.
Esto parece no importarles a estas compañías, mientras en las filas de espera hay personas que lloran y reclaman porque incluso han llegado al grado de no devolverles los tanques de los que depende la vida de su familiar.
Esta retención debe terminar. Es urgente que se investiguen estos procedimientos y las graves violaciones a los derechos humanos que está provocando.
No es posible que sean ellos los que determinen quién vivirá y quién no. Los chiapanecos no merecemos este trato.
Solicitan en Congreso acciones penales
Ante esta problemática, las diputadas Ana Laura Romero Basurto y María Elena Villatoro Culebro, presentaron al Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 445 Bis al Código Penal del Estado de Chiapas.
Lo anterior, tras el exhorto de la diputada Romero Basurto, al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar y supervisar a los comercios y distribuidores del estado, a fin de evitar que acaparen y encarezcan estos productos, propuesta presentada el pasado 14 de junio.
Con esta adición al Código Penal, se busca sancionar penalmente a todos aquellos que aprovechándose de una situación de emergencia sanitaria, cometan actos de acaparamiento o ventas con costos excesivos en medicamentos o insumos esenciales para hacer frente a una contingencia sanitaria, o cuando se comercialicen sin reunir las características técnicas exigidas.
Las legisladoras subrayaron que, ante la creciente demanda de insumos y aparatos de asistencia médica, algunos proveedores han acaparado estos productos, provocando desabasto e incremento en sus precios.
