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Marcos Ramos / Jiquipilas

Cerca de las 16:00 horas del miércoles, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad, así como de la Fiscalía General del Estado, arribaron a la caseta de cobro que se ubica en el kilómetro 61 de la carretera de pago Ocozocoautla-Arriaga para ejecutar la orden de desalojo en contra de un grupo de campesinos que mantenía un bloqueo intermitente en esta caseta desde hace tres días.

Antes de que este momento llegara, los manifestantes oriundos de diversos ejidos de este municipio, ignoraron dos exhortos que les presentó la Delegación de Gobierno región II Valle-Zoque, argumentando que lo único que querían era el pago de sus tierras que ocupan el tramo carretero Ocozocoautla-Arriaga, pero ese dinero tampoco llegó.

Cabe mencionar que no se ocupó la fuerza pública, mediante el diálogo que entabló Héctor Andrés Gil Ajuria (director de Asuntos Agrarios) con los manifestantes, se logró que ellos aceptaran dejar de bloquear y retiraran las piedras, palos y ramas que se ocupaban para obstaculizar el libre tránsito.

Ahora falta saber qué va a pasar con lo que los campesinos reclaman y por lo que llegaron a esto, el pago de sus tierras, ya que se obligaron a bloquear porque nadie les da una respuesta a eso.

El funcionario estatal les dijo a los campesinos que los avalúos aún están en proceso, que no han terminado y que después de ese proceso, se procedería al siguiente paso.

Los afectados dijeron en entrevista para este medio que ya hablaron con personal del grupo Aldesa, (dueño de la carretera) y ellos les dejaron en claro que ese grupo no le debe un solo peso a los ejidatarios, que ellos ya pagaron al gobierno cuando se hizo el trámite y sería en ese caso, que el gobierno les debería de pagar sus terrenos.

Para evitar que los manifestantes volvieran a colocar el bloqueo, decenas de cuerpos policiacos se quedaron resguardando el lugar y les dejaron en claro a los inconformes que, si no se retiraban de forma inmediata, serían detenidos y presentados ante la instancia competente, pero los campesinos se rehusaban a aceptar esa indicación.

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