- Un juez federal dictaminó que las autoridades fueron omisas
Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas
Ocosingo, Chiapas.- El gobierno federal deberá indemnizar a los propietarios de ranchos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, cuyas tierras quedaron en poder del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) durante el conflicto con el gobierno federal ocurrido en el año de 1994.
Así lo informó Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la zona de Conflicto, quién dijo que de acuerdo con la resolución de un juez federal, es a las autoridades federales a quienes les corresponde solucionar el problema, pues fueron omisas para brindar el respaldo de la justicia y reivindicar por las pérdidas que sufrieron.
“Acaba de salir la sentencia de un juez federal en la que falla manifestando que las autoridades fueron omisas y que por eso hemos sufrido el desplazamiento interno forzado, de andar vagando por todo el estado, de un lado para otro, sin el respaldo de la justicia y la ley, mucho menos que haya habido la reivindicación de nuestros derechos y sin la reintegración digna en nuestros lugares de origen”, expresó.
Sostuvo que tiene 29 años de que fueron desplazados de la zona llamada de conflicto, cuando el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal y desde entonces han estado en carácter de desplazados internos, sin contar con el apoyo de las autoridades en los tres niveles.
Agregó que fueron 41 mil 937 hectáreas invadidas por el EZLN en 1994, afectando a más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, 29 años después, dijo que el fallo del juez ordenó al gobierno federal dar la indemnización justa correspondiente y nombrar una comisión de inmediato para que se atienda todas las pérdidas que sufrieron, entre ellos: propiedades, maquinaria, ganado y todas las vejaciones.
García Álvarez, solicitó a las autoridades de las tres instancias de gobierno atiendan inmediato está situación para que sean resarcidos de las pérdidas sufridas durante el conflicto en el año de 1994, en donde más de 400 propietarios han sufrido el abandono del Estado mexicano.
“Las 42 mil hectáreas que en ese momento eran productivas cien por ciento, han quedado en la zona de conflicto, desde 1994 nosotros no hemos podido ingresar, mucho menos trabajar y obtener el fruto de la producción de esos lugares, lo que nosotros demandamos es una solución digna del problema, y según la sentencia del juez federal, le corresponde a los gobiernos federal y estatal indemnizarnos”, aseguró.
Finalmente, el dirigente Raymundo Augusto García Álvarez, señaló que están esperando que se cumpla ese fallo, “estamos sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron, exigimos que el gobierno federal cumplan con su deber”.
