Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
México, desde el 2010, es el primer país en el mundo en construir un instrumento metodológico de medición oficial multidimensional de la pobreza, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, utiliza varias dimensiones adicionales sobre las cuales focaliza la política social y bienestar económico de la población, vinculando los derechos humanos civiles de seguridad social como educación, trabajo, salud y vivienda.
La superación de la pobreza exige acciones de política pública, destacando en este rubro en el Gobierno federal el Programa “Sembrando Vida”, que se asume como un segundo frente a los Programas de “Apoyos Directos” a población con condiciones particulares como Tercera Edad, Becas a Jóvenes, personas con Capacidades diferentes, entre otros.
“Sembrando Vida” está dirigido al medio rural, donde más del 50% de las tierras y territorios culturales de México y Chiapas, corresponden a formas de propiedad social y organización colectiva campesinas e indígenas, denominados Ejidos y Comunidades; que irónicamente no los considera como “Sujetos de Derecho”, mucho menos a las diversas formas asociativas en el medio rural permitidos por la Ley Agraria, como Asociaciones de Interés Colectivo (ARIC), Uniones de Ejidos y comunidades, entre otras, no son sujetos de derecho y/o beneficio del programa, dividiendo el interés y derechos colectivos de los sujetos agrarios o rurales, excluyéndolos de sus beneficios.
Este programa que opera con recursos públicos de los mexicanos -que lo creó para beneficiar exclusivamente a Hombres y Mujeres del medio rural- hoy, a la mitad del sexenio, debe revisar sus criterios de elegibilidad considerando que hay Derechos Colectivos que vinculan a los pueblos con la tierra, territorio, biodiversidad, biocultura y diversas formas de organización para su uso, disposición y sostenimiento; que deben ser considerados en el marco de la Convencionalidad Jurídica con pleno respeto a la Autodeterminación de los pueblos, como lo reza la Constitución de Chiapas; abriendo espacios necesarios de “intervención social”, que abonen al objetivo de combate a la Pobreza, Desarrollo Humano, Medio Ambiente y Bienestar Social.
Los derechos colectivos en el medio rural deben ser reivindicados a través de “Sembrando Vida” y considerados en sus reglas de Operación como una expresión consecuente del interés de reformar y promulgar Leyes en el 2020 y 2021, que empoderan la intervención social en asuntos de interés colectivo de la vida pública de México.
El Programa necesita trascender la atención de la “individualidad”, incorporando el interés social y trabajo colectivo en aprovechamiento de tierras, que atiendan objetivos diversos más allá de la producción y comercialización, como la conservación de Sitios, Espacios y Paisajes Naturales, Cuerpos de Agua, Recuperación de Suelos; que sin lugar a dudas fortalecerá la confianza Gobierno-Sociedad y sustantivamente abonará a la mitigación del calentamiento global.
