Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
En días pasados se publicó la propuesta del Gobierno de Chiapas de conformar una Mesa de Diálogo bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, para efecto de instrumentar el proceso de ejecución de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la controversia constitucional por conflicto por límites entre los estados de Oaxaca y Chiapas.
La propuesta es responsable por las implicaciones sociales y de derecho, que conlleva ejecutar los diversos puntos de la resolución, iniciando por las reformas a las Constituciones de ambos estados; aunque se lamenta que esta Mesa de Diálogo no se haya propuesto e instrumentado en los nueve años que la SCJN estudió el asunto; lo que sin lugar a dudas hubiera abonado a un resultado sustancialmente diferente.
Se dice ‘una Mesa más para Chiapas’, al considerar que existe ya una Mesa de Diálogo para la atención de la problemática de la Selva Lacandona, instalada desde el año 2020 bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobernación, donde participan la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria; y el Gobierno de Chiapas; donde el objetivo es proteger las poco más de 470 mil hectáreas que le quedan a la Comunidad Zona Lacandona del municipio de Ocosingo, Chiapas, de las 614 mil hectáreas que originalmente el Estado Mexicano le reconoció y Tituló al Pueblo indígena Lacandón en el año de 1971, ordenando la convivencia entre pueblos indígenas con derechos territoriales.
La Mesa Selva Lacandona, a dos años ha hecho otras cosas menos diálogo; y la Selva la siguen repartiendo comuneros tzeltales y choles a poseedores de tierras comunales en áreas de selva no aptas para uso agrícola; basta ver en las redes sociales en el presente año, la existencia de diversos videos de comuneros de la comunidad Zona Lacandona, donde informan de acuerdos agrarios entre pueblos indígenas otorgando “derechos” de uso de tierras comunales que suman miles de hectáreas, para beneficiar a grupos campesinos externos a la comunidad, con conocimiento de las instancias gubernamentales que conforman la Mesa de Diálogo, que han ponderado la estabilidad política por encima del derecho colectivo del Pueblo Lacandón, imponiéndose la voluntad de las mayorías sobre los derechos de las minorías e ignorando la Norma Comunal y Derecho Consuetudinario.
Esta experiencia se expone como antecedente ante la propuesta de ‘una Mesa más’ para atender la zona noroeste de Cintalapa, Arriaga y Tonalá, cuyos municipios quedaron involucrados territorialmente en la Sentencia que define limites inter estatales; quienes como terceros con interés vinculados por disposición de la fracción primera del Artículo 115 Constitucional, no fueron llamados ni considerados sus derechos como Municipios Libres.
Esperemos que la Mesa propuesta no solo sea para poblados, ejidos y comunidades; debiendo considerar a los Municipios, como Entidades de Derecho.
