Cimbra ministra Piña actuar de Zaldívar como titular de la SCJN
Electoral o no, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, le asestó un duro golpe a la “transparencia” con la que se manejó el ministro Arturo Zaldívar cuando fue titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por “presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Esta vez, la atacada un día sí y otro también, ministra Piña, elevó la temperatura por las diferencias públicas que desde el Poder Ejecutivo le han señalado por estar al servicio de los grupos conservadores.
Nadie se esperaba que atendiendo una “denuncia anónima”, como lo estila el actual gobierno para atacar a sus adversarios, la funcionaria haya ordenado una investigación contra ex colaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar.
Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia, es uno de los sindicados por presuntamente “ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables”, según se contempla en la denuncia anónima, pero que dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas.
Otro involucrado es el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.
Otro golpe certero a la política gubernamental es que Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), forma parte del grupo que ejercía presión para obtener prebendas. En este caso se denuncia que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely, se encargaba de amenazar con declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
El exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval y al ahora magistrado, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la «Estafa Maestra», son los otros dos personajes que están acusados para ir a la “silla eléctrica”.
Otro “pez gordo”, Julio Scherer, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, se confabulaba con Zaldívar para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
La investigación anunciada para comprobar o no si los señalados incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa, es un severo golpe a la transparencia con que este gobierno se ha desempeñado.
Claro está que el ex ministro salió a decir que es una revancha contra la Cuarta Transformación y lo atribuye a que la intencionalidad de la ministra Piña es porque hay “desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”.
Sean peras o manzanas, el golpe certero, por lo menos mediáticamente, ha cimbrado las estructuras del gobierno federal, pues evidencia que la corrupción fue una prioridad para alcanzar resultados a su favor, con la labor que encabezaba Záldivar.
Hoy el integrante del equipo de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia se queja de que la ministra Piña su actuar es diferente a como lo venía haciendo, pues las quejas anónimas o que no aportan pruebas, no se admiten, incluso se desechan, y hoy hace lo contario.
Pues qué quería el ministro en retiro, que se desaproveche una oportunidad de oro de poner en jaque su actuar, pues indudablemente que no. Si los ataques al Poder Judicial eran constantes y él se prestó a ello, pues, aunque haya jurisprudencia en el caso, tiene que entender que le reviraron el que haya abandonado de botepronto, su actuar como ministro de la SCJN y se haya unido a un equipo donde no es que no pueda llegar, sino que no formaba parte de las formas tradicionales de respeto a la política del sistema mexicano.
