¿Hará Uriel campaña con traje indígena, huaraches y bastón?
A media semana, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas desechó la impugnación que se había interpuesto contra José Uriel Estrada Martínez, ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por agandallarse de una diputación de los pueblos originarios, pues a lo largo de su vida productiva realizada en la capital, aunque es originario de Simojovel, nunca se supo que fuera de “ascendencia indígena” como se lo hizo creer al Instituto Electoral y Protección Ciudadana
Al final de cuentas, sí el controvertido servidor público y llamado “rata” en las redes sociales, según comentarios de los internautas, usurpa la cultura y tradición de un pueblo indígena, es muy su problema, pues no será el primero ni el último que lo hace.
Lo cuestionable es que con qué cara puede pararse, si es que gana, ante la máxima tribuna del estado chiapaneco, si no se es congruente, si no se es honesto y miente ante la autoridad, que se deja engañar por las “pruebas fehacientes” presentadas como un auténtico descendiente de los pueblos indígenas.
Bien dicen que para juzgar o criticar hay que presentar las pruebas que acrediten los dichos. En Diario Media Group lo hemos hecho a lo largo de los últimos años, evidenciando las corruptelas y compadrazgos que el ex auditor tuvo con casi todos los 123 alcaldes y alcaldesas de Chiapas, luego de que para ninguno hubo una sanción penal que tramitara ante la Fiscalía del Estado o un reporte de las anomalías ante la LXVIII Legislatura, ente rector de las funciones de la ASE.
Citar de nueva cuenta los millones de pesos que no fueron solventados por los presidentes municipales y “cuadrados” al mismo tiempo por el personal de la ASE, con el visto bueno de Estrada Martínez, están reseñados en estas páginas, pero no tiene caso repetirlos.
Sólo es pertinente decir que, si el Congreso del Estado se decidiera a investigar cada una de las denuncias, no habría espacios en el Amate para dar cabida a los alcaldes “chaqueteros” que se burlaron de su pueblo con el respaldo del auditor con licencia.
En el caso del atropello a los pueblos originarios, en este punto a los que se ubican en el Distrito 8 con cabecera en Simojovel, donde José Uriel se hizo de la candidatura con la venia del PVEM, los argumentos leguleyos se prestan a sorna, pero como bien dice el sabio refrán popular, en este caso no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre.
En el acuerdo IEPC/CG-A/186/emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la parte demandante argumenta que a él (la dependencia omite el nombre) le corresponde la candidatura “por tener mejor derecho por su amplia trayectoria en el partido”.
Señala haber participado en diversas actividades, funciones y cargos dentro de su comunidad, y, sobre todo, está en desacuerdo porque no se siguieron las formalidades del debido proceso, derecho de audiencia y transparencia por no atender acciones afirmativas referentes a las cuotas de personas indígenas.
De manera dolosa, sostuvo, “no se le informó ni notificó sobre la improcedencia de su registro; por la falta de fundamentación y motivación e indebida valoración probatoria en la etapa de registro, ya que no existe o se advierten pruebas que acrediten que el candidato tenga algún vínculo comunitario o sea una persona indígena; así como que no existe documentación que acredite la separación del cargo del candidato a la Diputación del Distrito 8, esto al no encontrarse dentro de los parámetros exigidos por la Ley”.
Estas razones, dice la parte afectada, violan sus derechos como aspirante a la candidatura indígena. Sin embargo, todo esto no valió porque la candidatura de Uriel fue avalada debido a que sí se separó del cargo de auditor a tiempo y porque un agente rural indígena le “avaló con un escrito que es descendiente indígena y ha trabajado por la comunidad”.
Si la autoridad electoral le dio el visto bueno a su candidatura con base a la documentación presentada pues habría que tomarlo como válido, pero no se midió con la misma vara al que impugnó que el PVEM le haya dado la candidatura al ex auditor.
Está claro que, en esto de los negocios políticos, el único beneficiado fue el partido Verde, pues es vox populi, que por esta transacción se forraron de varios millones de pesos. A como están las cosas es no lo podemos confirmar, pero cuando el río suena porque agua trae”.
Lo que es cierto es que la película aún no termina, pues la parte ofendida canalizó su inconformidad a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, quien tendrá la última palabra.
Entre tanto, vamos a darle seguimiento en qué comunidades indígenas anda haciendo campaña política el candidato de “dedo”. Ojalá no le dé calor la vestimenta porque es muy diferente portar trajes a la medida, de marca, con cinturones valuados en miles de pesos, a recorrer parajes y comunidades con huarache y su bastón para no caer en su peregrinar.
