AMLO, obligado a investigar a Juan Sabines
Lo que pasa en nuestro bendito sistema político mexicano es en realidad inaudito. No damos pie a tanto acto de corrupción que se citan a diario en los medios de comunicación a nivel nacional y en las entidades, como Chiapas, y que éstos no sean investigados y mucho menos castigados.
Del pasado, de los horrorosos e increíbles hechos corruptos que enriquecieron a políticos y sus familias y que hoy en día la mayoría siguen gozando de esas canonjías, se pueden contar por cientos. Del ayer, se han escritos páginas y derramado miles de litros de tinta para plasmar lo que los gobiernos priístas y panistas hicieron sin que una autoridad les haya llamado la atención.
El presente no canta mal las rancheras. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a la austeridad y ha asegurado que ya no existen actos de corrupción, la exhibida de hechos corruptos de funcionarios de primer nivel e incluso de familiares cercanos, ha dejado mal parado al mandatario pues contrario a lo que podríamos pensar de que aplicaría mano dura o por lo menos permitiera que se investigara a fondo las denuncias, ha optado por descalificar diciendo que son embestidas de la oposición, de sus adversarios conservadores y de los periodistas que ya no reciben “chayos” o “embutes”, del gobierno.
Sin duda es una postura que le resta al Presidente. Si se decidiera ordenar proceder hasta sus últimas consecuencias las querellas contra Manuel Bartlett, Eréndira Sandoval, el caso de la casa de su hijo en Houston, los sobres de dinero que recibieron sus hermanos en el 2018 y una docena más de casos de servidores públicos, su popularidad creciera no al cien sino al mil por ciento.
Sus razones debe tener, pero esta actitud callada también afecta lo que pasa en los estados, donde en una docena como mínimo se han dado a conocer hechos de corrupción, hechos que, aunque no se registraron en lo que va de su administración, como es el caso de Chiapas, adolecen de una enérgica posición institucional que aclare desfalcos y abusos de poder sobre supuestos delitos que aún no prescriben.
Para el caso de Chiapas, esta casa editorial ha dado cuenta de manera pormenorizada y detallada del endeudamiento millonario que se hizo en el gobierno de Juan Sabines Guerrero, gestión 2006-2012, donde casi 20 mil millones de pesos fueron contratados como deuda pública y cuyos préstamos deben liquidarse como mínimo hasta el 2036.
Pagar intereses durante 22 años es una grosería para la memoria de los millones de chiapanecos, es una canallada porque en lugar de pensar en el progreso económico y social de la entidad, a las administraciones posteriores les ocupa cómo desembolsar millones de pesos diarios como pago de intereses y lo que se aporta a capital.
Es cierto, los préstamos fueron autorizados con la complacencia de las legislaturas que en su momento fungieron. La complicidad y sentencia de la historia la tienen sobre sus espaldas. También habría que precisar que no hay delito que perseguir cuando alguien pide un préstamo y se compromete a pagarlo. Acá la corrupción a la que se hace referencia es que no se sabe dónde quedó el dinero, en qué fue utilizado. No hay ninguna obra que distinga al gobierno de Sabines Guerrero, hoy Cónsul del Orlando, Florida.
Y exactamente esto último es lo que se interpreta como una bofetada con guante blanco a la población de Chiapas, el permitir, a pesar de que se presentan pruebas del mal uso del recurso público, que se le mantenga en una posición privilegiada, como si su administración hubiese sido un ejemplo de transparencia.
El que a la fecha el gobierno actual tenga que pagar 12.7 millones de pesos al mes, producto de la deuda publica contraída con Sabines, es una mentada de madre. Y no estamos exagerando con este lenguaje llano, coloquial y popular, no. Lo que los chiapanecos exigen es que el presidente de México, como mínimo, ordene abrir las querellas que ciudadanos valientes interpusieron contra Sabines, encajonadas éstas como si se tratara de un tema de “seguridad nacional”.
Juan Sabines sigue gozando de impunidad, continúa riéndose de la bajeza que hizo a Chiapas. Por ello es necesario, urgente y de obvia resolución, separarlo del cargo de Cónsul y de inmediato investigar la situación legal del exgobernador. No hacerlo es pensar que existe complicidad y aún más, que, en su tiempo, fueron ciertas las denuncias que partidos hoy de oposición, señalaron contra Juan Sabines Guerrero a quien acusaron de apoyar a AMLO para que llegara en su primera incursión como candidato a la presidencia de la República.
Los chiapanecos que tanto han brindado su voto de confianza al presidente AMLO hoy deben tener una señal de que la justicia aún existe y si no existe ya la paga, por lo menos que los culpables del atraso en Chiapas paguen con cárcel. Es lo mínimo con lo que se les puede corresponder: Ordenar que se inicie una investigación contra el exgobernador de Chiapas.
