Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El próximo domingo 3 de octubre, a las 16:30 horas, personas en contra del aborto protestarán frente al Congreso del estado, como parte de una actividad nacional en respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió tres asuntos relacionados con el aborto y uno con la objeción de conciencia.
Agrupaciones en favor de la vida, consideraron que “frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del hijo aún no nacido, la Corte decidió descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda y protección de ambos”.
Además, ese día, en la Ciudad de México, está convocada una marcha a las 11:00 horas, que tendrá punto final el Ángel de la Independencia, que será acompañada con protestas en 10 ciudades del país, entre ellas Tuxtla Gutiérrez.
Entre los objetivos está el de unir a muchas personas y grupos que están activos, y unir sus esfuerzos, a favor de la dignidad humana, de la mujer y de la vida, respetando la identidad y acción de cada uno de ellos.
También el de seguir impulsando acciones de la sociedad civil a favor de la dignidad de la mujer y de la vida, para atender las causas que orillan a pensar en el aborto.
Por decisión de la SCJN en México ya no se podrá procesar penalmente a una mujer que decida interrumpir su embarazo, práctica que en el estado de Coahuila era castigada con hasta tres años de cárcel.
Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir celebraron esta decisión, que reconoce la autonomía y libertad para las mujeres, especialmente aquellas que han sufrido de abusos y violaciones.
La SCJN abrió la puerta a la interrupción legal del embarazo sin límite temporal en casos de violación, por un caso ocurrido en Chiapas, en el año 2018, al impedir el aborto a una menor con parálisis cerebral severa.
La Primera Sala del tribunal concedió un amparo a la demandante quien también enfrentaba “condiciones de pobreza y marginación” y a quien se le negó la posibilidad de abortar en un hospital público, en la ciudad de Tapachula.
Además, la Primera Sala consideró que al negarle este derecho, argumentando que se encontraba fuera del plazo de 90 días después de la concepción, “implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida”.
