Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Ana tiene 32 años, llegó a México con sus dos pequeños hijos procedente de Honduras. Cruzó la frontera a través del río Suchiate en septiembre de 2021. Poco a poco logró avanzar hasta llegar a la capital de Chiapas para esperar su trámite migratorio.
“Regresar no es una opción”, dijo en entrevista para Diario de Chiapas. Ana fue violentada por el padre de sus hijos durante nueve años, pero hace unos meses ante la desesperación por la crisis económica la violencia incrementó hasta que su ahora ex pareja, casi la estranguló.
Huyó de su país con ayuda de familiares, pero teme ser deportada, pues si el padre de sus hijos la encuentra podría matarla.
La historia de Ana es una entre miles de las mujeres que salen de sus países buscando una vida digna, aunque lamentablemente, en la ruta migratoria se topan con varios tipos de violencia y a pesar de todo, “no podemos regresar, debemos seguir hasta encontrar lo que buscamos para nuestros hijos e hijas”.
Ante la cantidad de solicitudes de refugio que representan las mujeres, organizaciones de la sociedad civil pidieron al Estado mexicano reconocer la violencia de género como causa para solicitar protección internacional en México.
En el marco del activismo contra la violencia hacia las mujeres, el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (Imumi) presentó los documentos “Lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiadas en México, de mujeres sobrevivientes de violencia de género” y “Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México”.
Lo anterior en el contexto de 40% de solicitudes realizadas por mujeres, la mayoría de solicitantes proviene de países con altos índices de violencia de género. La documentación se hizo pública con el objetivo de ejemplificar por qué se debe reconocer a las mujeres como refugiadas.
Tanto periodistas como organizaciones han dado cuenta de las historias de cientos de mujeres, incluso jefas de familia que llegan a México, entrando por Tapachula, en busca de protección y al llegar obtienen más violencia por razones de género, incluso de las propias autoridades.
Por ello, el Imumi, a través de un recorrido por los diferentes instrumentos nacionales e internacionales en materia de asilo y derechos de las mujeres, ambos documentos muestran cómo la violencia estructural de género y las condiciones de desigualdad que viven las mujeres conjugan los elementos principales de su movilidad.
“No obstante, los países de tránsito y destino apenas la reconocen y no la consideran como un elemento para reconocerlas como refugiadas”, a pesar de que en México lo instruye, por ejemplo, el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
“Aunque se cuenta con un denso cuerpo de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, en materia de asilo y derechos de las mujeres, la realidad es que las autoridades mexicanas encargadas de recibir las solicitudes de asilo y brindar el reconocimiento de la condición de refugiadas cuentan con pocas herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan robustecer su argumentación y analizar los casos a la luz de la violencia de género. Hacerlo, supondría reconocer las violencias que viven las mujeres”.
El Imumi documentó en los acompañamientos de 2020 de solicitantes de asilo en México que 7 de cada 10 mujeres vivió violencia física, 8 de cada 10 violencia psicológica, 6 de cada 10 violencia patrimonial, 4 de cada 10 violencia económica y 2 de cada 10 violencia sexual. La mayoría, son mujeres entre 20 y 31 años de edad, provenientes de Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Cuba.
