- Un inexistente proyecto académico
- La represión como política pública universitaria
- Un llamado a las comisiones de Derechos Humanos
Agustín López Cuevas
En la anterior entrega publicada en este mismo rotativo el 12 de septiembre, señalé: la otrora “honorable” Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, en tosco e inocultable contubernio con el rector, “mañosamente” divulgó el pasado 8 de septiembre la convocatoria con el que dio inicio el proceso de designación del nuevo rector o rectora de la UNACH para el período 2022-2026, adelantando los tiempos del proceso de designación con el descarado propósito de beneficiar a quien hoy despacha en la colina universitaria para que continúe, por cuatro años más, al frente de los destinos de la Universidad.
El actual rector concluye su caótica gestión el 3 de diciembre de 2022. Como lo mandata la ley orgánica, Faustino Natarén, al iniciar su periodo rectoral de cuatro años (diciembre de 2018), debió presentar al consejo universitario un proyecto académico integral que guiara los destinos de la máxima casa de estudios de los chiapanecos y que le permitieran alcanzar las metas definidas en dicho documento universitario; sin embargo, el proyecto presentado es ajeno a nuestra realidad social, además de haberlo entregado fuera de los plazos que prevé la legislación universitaria. La entelequia ofrecida por el inquilino de la colina universitaria, en su mamotreto de plan, no ofreció una solución académica viable a la problemática universitaria existente, ya que no fue alineado a las políticas públicas estatales, nacionales e internacionales, como debe ser un documento serio, nacido de las mentes más lúcidas de la comunidad unachense. No, no fue así. En estos cuatro años de gestión rectoral, su prioridad fue llevar a cabo una perruna persecución en contra de los universitarios, especialmente de aquéllos que no estuvieron de acuerdo con su forma de pensar y de actuar, que cuestionaron sus políticas de trabajo o que se opusieron a sus actitudes represivas violatorias de derechos laborales y humanos.
En este desafortunado periodo rectoral que está por concluir, se conoció el verdadero proyecto académico: la represión como política pública universitaria, concretizada en un concierto de ultrajes cometidos en agravio de universitarios (académicos y administrativos) que se pueden resumir de la siguiente forma: despidos laborales injustificados, renuncias obligadas mediante coacción, hostigamiento laboral; acusaciones falsas de plagio, de falta de probidad y honradez, robo de bienes, pérdida de la confianza, así como temerarias querellas con inicio de carpetas de investigación penal y demandas civiles por daño moral en contra de quienes se han resistido a doblegarse a sus caprichos y venganzas, y, por supuesto, una generalizada violación a los derechos humanos en agravio de muchos integrantes de esta comunidad universitaria.
Ahora que las voces de quienes, en carne propia han sufrido las políticas represivas empiezan a escucharse, podemos conocer el verdadero rostro de un rector perverso y vengativo. Acá una pequeña lista de afectados:
- Miguel Ángel Cordero Molina, docente de la Facultad de Derecho, campus III, a través de Facebook, dio a conocer su caso. Sin su consentimiento, fue cambiado de adscripción (de San Cristóbal a Palenque) en flagrante violación a la Ley Federal del Trabajo. Un claro ejemplo de hostigamiento laboral por parte de la rectoría, y solo por haber participado en la conformación de una planilla para contender en las elecciones sindicales y pretender ser parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico (SPAUNACH), planilla que no fue de la preferencia del rector. En otras palabras, una venganza política.
- Heriberto Mendoza de la Cruz, docente de la Facultad de Negocios, y Alicia Hansen Rojas, docente de la Facultad de Administración, ambos en Tapachula. La actual administración rectoral, dolosamente y para obligarlos a renunciar a sus plazas académicas, les inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, acusándolos del delito de plagio; después de un largo proceso de litigación, la autoridad judicial federal desestimó la acusación en virtud de que la rectoría no acreditó los hechos imputados. Un claro acto de hostigamiento laboral, con evidente violación a sus derechos laborales y humanos.
- Eleazar Acopa García, docente de la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios con sede en Catazajá, al igual que otros seis maestros más, fueron despedidos y otros más cambiados de adscripción laboral para obligarlos a renunciar. A la fecha, a los docentes despedidos no les han pagado su finiquito laboral y a quienes fueron cambiados de adscripción no les han otorgado respuesta acerca de sus asuntos.
- Paula Mendoza Nazar, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con sede en Tuxtla Gutiérrez, quien a través del programa radiofónico “Hablemos Claro”, denunció que la actual gestión rectoral le rescindió su contrato laboral sin razón alguna, no obstante ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, al igual que a varios catedráticos de esa unidad académica y, por mera venganza personal, le iniciaron carpeta de investigación ante la Fiscalía, solo que la Universidad no pudo probar la imputación, hecho que demuestra la política de invención de delitos en que sistemáticamente incurre la rectoría para rescindir laboralmente a quienes considera sus enemigos por el hecho de no pensar igual con quien despacha en la colina.
- Javier Rodríguez Jiménez, trabajador administrativo de confianza adscrito a la Coordinación General de Finanzas, sin su consentimiento y en flagrante violación a la Ley Federal del Trabajo, fue cambiado de adscripción laboral (de Tuxtla a Catazajá) con el propósito de obligarlo a renunciar a su plaza. Otro claro ejemplo de hostigamiento laboral.
- Socorro Elizabeth Oseguera Vázquez y Francisco Oltra Paniagua, trabajadores administrativos de confianza adscritos a la Coordinación General de Finanzas, denunciaron que personal universitario, por órdenes del rector, ejerció presión para obligarlos a renunciar a su trabajo y como no los convencieron fueron rescindidos. Por el hostigamiento ejercido, la madre de la trabajadora Socorro Elizabeth sufrió agravamiento de su salud, lo que finalmente la llevó a la muerte. Este hecho motivó la interposición de denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin resultado favorable para los trabajadores universitarios.
- Gerberto Escobar Mancilla, denunció por las ondas hertzianas del programa radiofónico “Hablemos Claro” que, a pesar de padecer enfermedad de Parkinson y trabajar intensamente en bien de la universidad en programas que producían recursos económicos para la institución, fue rescindido laboralmente por venganza que atribuye a personal de la rectoría, dejándolo sin recursos económicos y de seguridad social para atender su salud y de los suyos, colocando a su familia en total estado de indefensión.
Como puede verse, lo que se relata es solamente una pequeña muestra de los cientos de atropellos que el encargado de la Universidad ha cometido en agravio de la comunidad universitaria durante la actual gestión. Es, sin duda, la herencia de abusos, arbitrariedades y violaciones laborales y a derechos humanos que deja este nefasto rector. Este ha sido su proyecto académico y su programa de trabajo. ¡Acá tienen el modelo de universidad que pretende prolongarse en la UNACH! Es por todo ello que los auténticos universitarios decimos: ¡no a la reelección!
Ante los innegables hechos que dan cuenta de violaciones y arbitrariedades cometidas en la Universidad Autónoma de Chiapas, tanto por el rector como por sus serviles funcionarios, por este medio hago un atento llamado tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en lo inmediato, intervengan en todos los casos de violación de derechos humanos que se han cometido y se continúan cometiendo en perjuicio de un sin número de trabajadores académicos y administrativos de esta comunidad universitaria; lo anterior, por ser de explorado derecho que ambas comisiones tienen el imperioso deber jurídico de iniciar y tramitar, de oficio, las quejas e inconformidades por violaciones a los derechos humanos que se den a conocer a través de los medios de comunicación. Veremos y diremos.
