La ley orgánica de la UNACH 

• En cincuenta años tres leyes orgánicas  
• Las fallas de los doctores de la ley  
• ¡Qué ruindad del rector!   

Agustín López Cuevas  

Primera de tres partes  

La Ley Orgánica es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y de funcionamiento de una institución; es la norma interna de mayor jerarquía que regula la estructura de una organización. La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en sus casi cincuenta años de vida, ha tenido tres ordenamientos de esta naturaleza. Casi todas las autoridades universitarias han sabido respetar y engrandecer esta norma fundamental.  En una organización, quien más está obligado a cumplir la ley, muchas veces sucede que es el principal violador de la misma. En la universidad chiapaneca así acontece. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, en cada acto que realiza comete una violación con total impunidad y como si fuera una gracia, todavía lo cacaraquea. En 2020 se atrevió a proponerle al titular del poder ejecutivo estatal un nuevo ordenamiento normativo, para, una vez aprobado por el Congreso del Estado, violarlo mediante abusos y absoluta prepotencia.  

La primera ley orgánica que tuvo la Universidad se promulgó en octubre de 1974, gracias al gran impulso y clara visión del entonces Gobernador Manuel Velasco Suárez, la cual dio vida jurídica a la UNACH. Este ordenamiento tuvo muchas fortalezas, la principal fue ser el motor que impulsó la educación superior en esta etapa contemporánea de Chiapas. También nació con debilidades, como haber incluido la continuidad del rector por un período más y mantenerlo en su cargo tres años, situación que descarriló a la universidad en 1979, cuando el primer rector, Federico Salazar Narváez, aceptó la “reelección”. Esa desafortunada decisión le costó a la UNACH diez años de luchas fratricidas y como consecuencia vivió lo que se conoce la como “decena trágica universitaria”. Se necesitó de un enorme trabajo de la comunidad universitaria y la intervención de autoridades de distintos niveles de gobierno para reparar el tejido social roto. Quince años estuvo vigente este ordenamiento jurídico. 

Como resultado de la experiencia anterior, se publicó en agosto de 1989 la segunda ley orgánica propuesta por el entonces titular del ejecutivo estatal, José Patrocinio González Garrido. En este instrumento, se incrementó a cuatro años el mandato del rector y se eliminó la posibilidad de continuar por un segundo periodo en el encargo, con el propósito de excluir los elementos desestabilizadores en la lucha por el poder. 

Pasaron más de 30 años después de haberse aprobado la ley orgánica de 1989 para que se dieran las condiciones adecuadas para proponer un moderno y avanzado instrumento jurídico que recogiera todas las experiencias de más de cuarenta y cinco años de ejercicio de actividad académica universitaria y plasmar los nuevos avances legislativos que dieran cabida a los conceptos jurídicos más recientes que permitieran ampliar el panorama universitario con una clara visión al futuro. 

Pero no, no fue así. En una semana y en periodo vacacional, el actual rector Faustino tuvo la “brillante idea” de consultar a la comunidad universitaria mediante reuniones a las que nadie asistió. En noviembre del 2019, en las ciudades de San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el rector Natarén Nandayapa simuló los “Foros Universitarios de Consulta” para que la comunidad participara en la construcción de la nueva ley orgánica. La Comisión de Legislación del Consejo Universitario, con la colaboración de la oficina del abogado general y la secretaría técnica de rectoría, fueron los entes responsables de recoger la información supuestamente emitida. Como no hubo éxito en la organización, ya que los foros fueron un rotundo fracaso, optaron por elaborar, desde la oficina de algún “iluminado”, una propuesta de nueva ley orgánica.  En un oscuro y burocrático escritorio pergeñaron, a toda prisa, un documento que el gobernador, junto con el rector, enviaron al Congreso como una iniciativa de ley para que los diputados, sin ningún análisis crítico, la aprobaran sin haberle cambiado una coma y con dispensa de lectura.   

Así nació la tercera y actual ley orgánica de la UNACH, publicada por el titular del ejecutivo en febrero de 2020. 

Repito, la actual ley orgánica universitaria fue redactada por los “iluminados” abogados de la UNACH con una desaseada técnica legislativa y luego le solicitaron al actual gobernador que la trasladara al Congreso como una iniciativa de ley, producto de un “supuesto” consenso universitario. La ignorancia jurídica de Carlos Faustino es más que evidente, ya que, sin razón ni justificación alguna, firmó dicho documento como si el rector de la UNACH tuviera facultad de iniciativa legislativa ante el Congreso del Estado.  

Un pequeño análisis jurídico tanto de forma como de fondo, muestra los errores de técnica legislativa que presenta la actual Ley Orgánica de la UNACH. Sin entrar a un estudio profundo, se observan más de veinticinco fallas en su construcción que bien merecen un análisis detallado para subsanar los errores cometidos por los “doctores de la ley”.  

Por cuestiones de espacio, en esta entrega solo se analiza un artículo, me refiero al numeral 13, referente a la estructura de gobierno universitario; dice la ley actual:  

“Artículo 13. El Gobierno de la Universidad se ejerce por:  

I. El Consejo Universitario.  

II. La Rectoría.  

III. La Junta de Gobierno.  

IV. El Comité Permanente de Finanzas.  

V. Las Secretarías, la Oficina del Abogado General, las Coordinaciones y Direcciones  

Generales de la Administración Central.  

VI. Direcciones de Área y Jefaturas de Departamento.  

VII. Direcciones de Escuelas, Facultades, Centros e Institutos.”  

Es evidente que el “autor” de esta ley confundió dos temas torales, como son el concepto de “gobierno” y la “jerarquía”. En el primer caso, enmaraña “gobierno” y coloca a las oficinas administrativas como oficinas de “gobierno”, las cuales no lo son ya que únicamente administran las decisiones que se acuerdan en los órganos de decisión, tales como: Consejo Universitario, Junta de Gobierno, Comité Permanente de Finanzas, Rectoría y las direcciones de escuelas, facultades e institutos. Así, las fracciones V y VI están inoficiosamente incluidas en este artículo.   

En cuanto a la jerarquía, se nota el espíritu tiranuelo del rector Faustino, al proponer y lograr, con deslealtad y ventaja para su propio beneficio, que la rectoría esté jerárquicamente por encima de la Junta de Gobierno e incluso del Consejo Universitario. Ahora resulta que el órgano facultado para nombrar al titular de la Rectoría está por debajo jerárquicamente del nombrado. En la nueva ley orgánica, propuesta por Carlos Faustino, se advierte claramente que la rectoría está por encima de la Junta de Gobierno. Si, ya sabemos que en esta administración es así, que los integrantes de este cuerpo colegiado son marionetas al servicio del actual rector, pero… ¡qué necesidad hay de exponerlos al escarnio, a la burla y todavía dejarlo escrito en una ley! ¡Que ruindad del rector!   

A mayor abundamiento sobre este tema, basta leer el artículo 16; este numeral coloca al rector jerárquicamente sobre todos, incluido el Consejo Universitario:    

“Artículo 16. La Rectoría es la máxima autoridad de la Universidad, estará a cargo de una persona que será denominada Rectora o Rector, quien durará en su cargo cuatro años, será su representante legal, ocupará la Presidencia del Consejo Universitario y podrá ser ratificada por un periodo consecutivo de igual duración.” (sic)  

Nunca imaginé que en pleno siglo XXI y en una institución educativa donde se ejerce el pluralismo, la crítica y es cuna de la inteligencia de una sociedad, pudiera estar encabezada por ineptos y tiranuelos. Hoy recordé la frase “L’État, c’est moi”, es decir, “El Estado Soy yo”, atribuida al rey Luis XIV, un tirano francés que encarna la monarquía y el absolutismo.  

En las siguientes entregas continuaremos con el análisis de este documento fundamental que rige la vida de los universitarios chiapanecos.