Letras Desnudas
Mario Caballero
Fichado
La medida precautoria que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió contra del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, por ejercer violencia política de género hacia la regidora Adriana Guillén Hernández, tiene una enorme connotación política.
Lo primero que debemos observar no es que se está fichando a un gobernante que probadamente abusó de su autoridad para intimidar y obstaculizar el ejercicio pleno de sus responsabilidades a una funcionaria pública, porque es eso lo que ha venido haciendo Carlos Morales Vázquez contra la regidora que fue valiente en denunciar y en oponerse a sus execrables decisiones. Si no que esta medida está sentando un precedente en la vida democrática de Chiapas.
Sí, un precedente en la vida democrática de nuestro estado. Te pido que te detengas por un momento a pensar en el número incalculable de mujeres que han sido agredidas, menospreciadas y relegadas en los cargos públicos, y trates de imaginar el sufrimiento, el temor y las humillaciones que tuvieron que pasar porque nadie hizo algo por hacer respetar sus derechos.
Te pido que pienses en la angustia de esas mujeres que, a la par de ser sometidas por los hombres del poder, no pudieron desarrollar sus carreras políticas y vieron desaparecer sus proyectos por los que habían trabajado con mucho esfuerzo. Cierra por un momento los ojos e imagina su frustración.
Dime que al pensar en esto ves en la medida precautoria contra Carlos Morales un antes y un después en la histórica búsqueda de la justicia de género. Que ves una advertencia para los políticos machistas de que el derecho consagrado en las leyes sobre la igualdad de las mujeres y los hombres se ha convertido en realidad en nuestro estado.
ANTECEDENTES
Por años hemos cerrado los ojos ante la violencia de género, entre ella la que tiene que ver con los derechos políticos de las mujeres.
La violencia política por razón de género comenzó a investigarse en forma hasta hace muy poco tiempo por las instancias de procuración de justicia. Antes ni siquiera existía un marco legal uniforme que se ocupara del asunto. Por eso, en el ámbito penal, hasta el año pasado no había un solo caso en el que se hubiera resuelto a favor de la víctima.
Actualmente, las normas nacionales e internacionales vigentes en México reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y prohíben cualquier forma de discriminación, además de enumerar diversos principios para lograr la igualdad y proteger al género que históricamente ha sido más afectado, en este caso las mujeres, contra diferentes maneras de exclusión y violencia.
A mediados de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre este fenómeno que comprende a diversas leyes en México, y que tendrán un impacto significativo en la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir.
La reforma impacta en cinco leyes generales y tres orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir en términos legales qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer y atender estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas.
Y comprende: acciones u omisiones de cualquier tipo; basadas en elementos de género en ámbitos público y privados, y con el objeto de limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales e impedir el acceso a desempeñar un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones o bien el ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.
Se establecen medidas de reparación integral, tales como indemnización a la víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición. Y se faculta al INE y a los organismos públicos locales para iniciar procedimientos sancionadores contra quienes comentan dichos actos de violencia, así como dictar las medidas cautelares correspondientes.
Bajo este nuevo marco jurídico, en Oaxaca ya son cinco los presidentes municipales que fueron sancionados y que se encuentran en la lista de personas inelegibles para el proceso electoral de 2021. Es decir, no podrán reelegirse ni ser candidatos a puestos legislativos.
Cabe mencionar, que en julio reciente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género y hacerlo público. Además, de diseñar lineamientos que establezcan que, para acceder a candidaturas federales, los candidatos no deberán estar en esta lista.
El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos #3de3sinViolencia que obliga a los partidos políticos a vigilar que sus candidatos, así como los independientes, no cuenten con antecedentes o sanciones por incumplimiento de pensión alimenticia, violencia de género y violencia sexual.
EL CASO CARLOS MORALES
La medida precautoria en contra de Carlos Morales Vázquez por ejercer violencia política de género está justificada.
En primer lugar, quien lo acusa, la regidora Adriana Guillén, ha sido una mujer responsable con su encomienda. Desde que asumió el cargo cuestionó cada una de las decisiones del alcalde capitalino.
Fue ella la que ha venido reprobando la prepotencia de los inspectores municipales, que abusando de la fuerza han golpeado y despojado a los vendedores ambulantes de sus mercancías. También la que ha exigido la destitución de funcionarios denunciados por acoso sexual en contra de las trabajadoras del Ayuntamiento. Ha pedido que se respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores y ha sido la única entre todos los regidores de Tuxtla Gutiérrez que se ha opuesto a la aprobación de contratos por adjudicación directa, como la compra millonaria que el edil ha hecho a la empresa Veolia por contenedores de basura.
En otras palabras, Adriana Guillén, en cumplimiento de sus funciones, se ha convertido en una persona incómoda para Carlos Morales.
A la sazón, éste la ha acosado y ha tratado de muchas maneras de coaccionarla y obstaculizar sus labores. Por ejemplo, en junio pasado, trató de difamarla en redes sociales. A través de dos cuentas falsas de Facebook hizo que se difundieran videos que quisieron poner en duda la honorabilidad de la regidora. La acusaban de oportunismo y de recibir apoyos económicos de una pareja de políticos que supuestamente estaba financiando su proyecto a la presidencia municipal.
Pero sólo fueron acusaciones infundadas, parte de una burda campaña de difamación: actos evidentes de violencia política de género.
Por tanto, se aplaude la medida precautoria que el IEPC emitió contra este alcalde que para ocultar la corrupción de su gobierno arremete con violencia contra sus opositores, incluidas las mujeres.
Hoy Carlos Morales es un político inelegible, fichado, cuyo nombre debe inscribirse en el Registro Nacional de Personas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres.
He aquí un precedente que abona a la democracia de Chiapas. Un caso ejemplar por el que se podrán evitar abusos hacia mujeres de parte políticos machistas. ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
