Letras Desnudas
Mario Caballero
Cuando sucedió la captura de Javier Duarte se creyó que había un mensaje implícito para todos los gobernadores y exgobernadores del país: que la tolerancia a sus prácticas deshonestas iba en caída libre, y ellos con ella. Luego supimos que nunca fue así.
El arresto de El Bronco, alias Jaime Rodríguez Calderón, en cambio, no nos dice casi nada. Es más, deja la duda de si se trata realmente de un acto de justicia o de una venganza política por parte del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, que apenas se enteró de la aprehensión de su antecesor salió a festejarlo frente a los medios como si fuera un gran logro de su gobierno y no del sistema de justicia del país.
El Bronco fue detenido por el presunto financiamiento ilegal en la recolección de firmas con las que obtuvo la candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. Ojalá el expediente esté bien armado y Rodríguez Calderón se pase un buen tiempo tras las rejas. Ya viene siendo hora de que los exfuncionarios corruptos paguen por sus delitos.
Si mis cuentas son correctas, entre 2001 y 2022 han sido arrestados diez exmandatarios. Estos son: Mario Villanueva (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Guillermo Padrés (Sonora), Pablo Salazar (Chiapas), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Sandoval (Nayarit) y Jaime Rodríguez (Nuevo León).
¿Por qué los arrestaron? No me refiero al delito.
CASO DUARTE Y YARRINGTON
Propongo dos casos: el de Javier Duarte y Tomás Yarrington.
Días antes de la detención de Duarte, el 15 de abril de 2017, fue arrestado en Italia el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, mientras viajaba con nombre y pasaporte falso, y otros documentos de identidad. Y si fueron prendidos fue por sus errores. Entretanto el primero había dejado muchos cabos sueltos tras su salida del gobierno, entre ellos sus socios, familiares e hijos, el otro permanecía ligado a la administración del priista Egidio Torre Cantú.
Cuando el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entra en funciones, le ordenó a su procurador Irving Barrios que todo el personal del servicio de escolta se presentara en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Así se descubrió que cuatro de estos elementos estaban comisionados para custodiar a Tomás Yarrington. El descubrimiento fue informado a la Procuraduría General de la República que inició nuevas investigaciones con la información recabada por estos cuatro agentes, que finalmente terminó con la captura del exgobernador en ese entonces prófugo.
Javier Duarte de Ochoa, por su parte, abandonó el cargo el 12 de octubre de 2016 con la supuesta finalidad de enfrentar las acusaciones en su contra por el quebranto de 35 mil millones de pesos al erario de Veracruz. Ese mismo día, Flavino Ríos fue designado gobernador interino, y Duarte lo felicitó “sabedor de su alta capacidad” (sic). Luego, en un helicóptero facilitado por el mismo Flavino, Duarte huyó del estado.
Después de eso nada se supo de él durante algunos meses. Hasta que su concuño, José Armando Rodríguez Ayache, fue sorprendido el viernes 14 de abril del año siguiente en el aeropuerto de Toluca. Iba acompañado de los hijos del exgobernador y en su equipaje llevaba varios sobres con miles de euros en efectivo.
Su información fue vital para que las autoridades de México y Guatemala dieran con el lugar donde se refugiaba Javier Duarte: el hotel Riviera de Atitlán, en la Bahía de San Buenaventura.
En menos palabras, cayeron por su torpeza.
¿SABINES POR QUÉ NO?
Ahora con la aprehensión de El Bronco, algunos internautas comenzaron a cuestionar que si había caído el “mocha manos”, ¿por qué no Juan Sabines Guerrero?
El hijo que nunca reconoció como tal el exgobernador Juan Sabines Gutiérrez prometió el cambio y el progreso, pero a su salida dejó un Chiapas sumergido en la pobreza y la marginación. Superó la cifra del famoso “Moreirazo” (el endeudamiento por más de 30 mil millones de pesos del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila), al heredar al estado una deuda por arriba de los 40 mil millones de pesos.
Todo lo contario a Javier Duarte, que huyó del país por temor a ser arrestado, Sabines Guerrero salió del gobierno totalmente blindado. Tuvo el respaldo de los entonces diputados del Congreso del Estado, de diputados federales y senadores, así como de empresarios poderosos que obtuvieron grandes beneficios durante su administración. Como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, que se dice que recibió de Sabines como último regalo la concesión minera del municipio de Acocoyagua, con duración de 20 años, para la extracción de titanio, hierro y magnetita.
Sí, Juan Sabines creó una mafia. Un monstruo de mil cabezas. Por un lado, colocaba en puestos a gente de toda su confianza y a los recomendados de sus amigos poderosos. Asimismo, imponía a alcaldes y diputados. Por el otro, repartía dádivas entre los distintos organismos sociales, sindicatos y pactaba con los partidos el truque de candidaturas por dinero. Muestra de ello es la dirigencia estatal del PRI que consiguió para Arely Madrid Tovilla, en 2007, y recibió a cambio cargos plurinominales para sus allegados.
En ese monstruo de mil cabezas, sometió a los otros poderes del Estado y utilizó a las dependencias del gobierno para beneficiar y beneficiarse. Esa estrategia le agenció una alta cuota de impunidad a su salida. Pero eso fue apenas el comienzo.
En el ocaso de su sexenio envió al Congreso local 23 iniciativas de reforma a la Constitución de Chiapas, leyes secundarias y diversos decretos para garantizar el cierre de su gestión. En ese paquete solicitaba un préstamo por 5 mil 500 millones de pesos para la transición de gobierno, que no obtuvo.
Sin embargo, los diputados, a los que tenía comiendo de su mano, le aprobaron el 3 de octubre de 2012 un crédito por 3 mil 870 millones de pesos. Además, aprobaron en lo oscurito la cuenta pública y una iniciativa de ley que impide que Juan Sabines sea enjuiciado. Esta se trata de la fracción 26 del artículo 31 de la Constitución del Estado de Chiapas, que dice:
“La aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad; de modo que, si apareciera alguna con motivo de revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”.
Y en uno de los párrafos del artículo 66 Bis de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, también reformada en ese tiempo, indica: “Una vez analizada y aprobada en lo general la cuenta pública […] no podrá ser motivo de análisis, revisión o fiscalización posterior alguna. Asimismo, la revisión de conceptos ya fiscalizados con motivo de los informes mensuales de cuenta pública y de avance de gestión financiera no podrán duplicarse”.
Juan Sabines Guerrero es un caso extremo de excesos, que ostenta un puesto diplomático que no merece. Ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador y/o el canciller Marcelo Ebrard revisaran su caso. Con ello enviarían el mensaje de que el combate a la corrupción y la impunidad es una realidad y, mejor aún, darían a entender que en la 4T hay moral y una verdadera voluntad por hacer justicia al pueblo chiapaneco.
@_MarioCaballero
