Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Vale la pena o no seguir financiando a los partidos políticos con dinero público? Dejo la respuesta para el final del texto, antes argumentemos un poco.
El financiamiento público a los partidos se estableció en 1996. Es decir, desde hace 28 años los institutos políticos en México se sostienen con el dinero de los mexicanos, miles de millones de pesos que son aportados a través de nuestros impuestos.
Técnicamente, el financiamiento a los partidos se llama “prerrogativa” y es el rubro presupuestal más importante y jugoso que administra el Instituto Nacional Electoral. Consiste en la dispersión de dinero a los partidos con registro vigente para que puedan sufragar sus actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas.
¿CUÁL ES EL FIN?
Sin embargo, desde hace varios años se ha venido debatiendo sobre si se debe continuar o de plano eliminar este sistema. Sobre todo, porque el nivel de aprobación de los partidos en el país es muy bajo y ya casi nadie cree que estos cumplan con la función de formar a ciudadanos en políticos profesionales capaces de acceder al ejercicio del poder público mediante el sufragio libre y directo.
Además, en otros países bajo regímenes democráticos todo lo que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos funciona de manera diferente.
En Estados Unidos, por ejemplo, los dos partidos existentes subsisten con las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, que son supervisadas por la Comisión Electoral Federal, institución equivalente al INE en México. Y lo mismo pasa con las campañas electorales, cuyo financiamiento proviene particularmente de la iniciativa privada, lo cual se entiende como una forma legal de ejercer la libertad de expresión y el discurso político.
En España, por otra parte, las organizaciones partidistas tienen al menos cinco formas de captar recursos para su funcionamiento. Éstas son: dinero del Estado que se les concede en función al número de escaños y votos obtenidos en una elección, donaciones de la gente, cuotas de los afiliados, microcréditos con sus simpatizantes a una tasa del 0% y créditos bancarios. Cabe aclarar que las prerrogativas en ese país no forman parte del presupuesto electoral.
En México, en cambio, los mantenemos los mexicanos con nuestros bolsillos.
El financiamiento público se estableció pensando en impedir que el narcotráfico y los grandes empresarios influyeran en los institutos políticos y en sus candidatos. Al parecer, esto no sirvió de nada o quizá de muy poco. Hoy, cada día es más evidente la presencia de los grupos criminales que buscan imponer, a través de los partidos, a gente en el gobierno que los proteja y facilite sus operaciones en ciertos territorios de la nación.
Como botón de muestra está la revelación de Rosa Isela Guzmán Ortiz, presunta hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en 2016 le dijo al diario británico The Guardian que las empresas de su padre financiaban las campañas electorales de muchos políticos en México. Contó que con dinero sucio pagaba los gastos de campaña de los candidatos a cambio de protección y facilidades para sus negocios ilegales una vez que llegaban al poder.
¿Y LOS BENEFICIOS?
Lo peor de todo es que a pesar de la importante inversión pública realizada durante casi tres décadas los partidos no gozan de credibilidad y, para el colmo, los beneficios que deberían aportarle a la democracia no se ven por ninguna parte.
Muestra de ello son las elevadas cifras de impugnaciones registradas en cada periodo electoral por violaciones a los derechos políticos cometidas por los dirigentes en contra de sus propios militantes.
Por si fuera poco, también se señala la complicidad de las autoridades electorales en la comisión de fraudes. Ejemplo de ello fue lo sucedido en las elecciones locales de 2015, en las que los consejeros del IEPC, en complicidad con el Partido Verde, manipularon el padrón de electores con tal de beneficiar a cierto candidato que participaba por la desaparecida figura del diputado migrante.
Por otro lado, tenemos una de las democracias más caras del mundo.
Este 2024, el costo de las campañas sólo para presidente de la República, diputados federales, senadores y gobernadores superará los 8 mil 698 millones de pesos, monto que equivale a varios programas sociales juntos, como La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes Benito Juárez y diversas acciones de agua potable y drenaje, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal.
Por tanto, tenemos una democracia cara, con partidos políticos sin credibilidad y, para acabarla de amolar, con el narco pagando campañas e imponiendo gobernantes a modo. Así que en balde ha sido la millonada de pesos, que al parecer sólo ha servido para enriquecer a familias y camarillas políticas. ¡Ah, porque ese es otro tema!
DESVÍO Y ENRIQUECIMIENTO
El Partido del Trabajo es un caso espectacular de como un partido político es convertido en un feudo familiar. Juzgue usted.
Desde que fue fundado el ocho de diciembre de 1990, Alberto Anaya Gutiérrez ha sido el único dirigente nacional de esta institución, quien además es el que reparte los cargos directivos y las candidaturas plurinominales al Senado de la República y a la Cámara de Diputados entre su esposa, hermanos, cuñados y personas afines. Tan sólo él ha sido cuatro veces diputado federal y dos veces senador.
Aparte, por estar siempre a favor de los regímenes priistas, panistas y el actual de Morena ha recibido enormes prebendas políticas y económicas. Verbigracia, cargos en el gobierno o el control de los fondos multimillonarios de programas sociales como las estancias infantiles, llamadas Cendis. Incluso, al inicio de esta administración estalló el escándalo de que la esposa de Anaya había desviado cientos de millones de pesos que fueron a parar, según investigaciones periodísticas, en las cuentas bancarias de ella y de algunos petistas amigos suyos.
¿Y qué ha dado a cambio por los cientos de millones de pesos que ha recibido durante sus 34 años de existencia? Nada. Sin embargo, Anaya y su familia tienen una vida digna de la realeza.
En Chiapas, hay un caso de este estilo, el recientemente creado Partido Encuentro Solidario, que es dirigido por Maya de León Villard.
Este año, de los 175 millones de pesos que serán repartidos entre los once partidos existentes en el estado por financiamiento público, el PES ejercerá un presupuesto de 21 millones 490 mil pesos para la realización de sus actividades ordinarias. Un dineral.
Por desgracia, el PES es una carga financiera y política para el estado. Financiera, por el mundo de dinero que recibe a través de nuestros impuestos sin que nosotros recibamos nada a cambio. Y política, porque éste es utilizado para beneficiar a los miembros de la familia De León Villard. Como es el hecho de que en la lista de plurinominales aparezca en la primera fórmula Citlaly de León Villard, hermana de la senadora Sasil de León. Un claro acto de nepotismo.
ELIMINAR
Por todo ello, ¿vale la pena seguir financiando con dinero público a los partidos políticos? No lo creo.
Lo mejor sería que éstos se sostengan con las aportaciones de sus propios militantes y que el mundo de dinero que se les ha entregado sea mejor aprovechado en mejorar el sector salud, educativo o en programas de combate a la pobreza. Ahí sí veríamos beneficios.
yomariocaballero@gmail.com
