Letras Desnudas
Mario Caballero
Algunas ocasiones he sido tildado en las redes sociales de ser un periodista intolerante y enemigo de la libertad de manifestación. Los que me así me consideran se basan en que he cuestionado duramente las distintas movilizaciones estudiantiles y magisteriales que se han presentado en el estado a lo largo de estos años, especialmente de los normalistas y la CNTE. A todos ellos les digo que se equivocan.
Soy un demócrata liberal que respeta y fomenta la libre manifestación de las ideas. Esto incluye, por supuesto, las protestas sociales, siempre y cuando se manifiesten pacíficamente y cuyo propósito a favor o en contra de determinada política, persona, ley, etcétera, esté justificado.
IMPORTANCIA DE LAS PROTESTAS
Por fortuna, no soy de esas generaciones a las que les tocó vivir en un régimen autoritario, donde no había democracia y donde un solo partido político gobernaba el país entero. No existían pesos y contrapesos al poder presidencial, que dicho sea de paso se heredaba por dedazo.
No me tocó vivir esa época en la que las libertades estaban restringidas y donde la mayoría de los medios de comunicación sólo informaban la versión oficial que salía de las oficinas gubernamentales. Memorable será la anécdota de que estando el centro del país devastado por un terremoto de ocho puntos de magnitud, el de septiembre de 1985, el noticiario principal de la empresa televisora más importante del país se dedicó a dar la parte del clima. Ese México de un partido hegemónico y voraz no lo viví.
Lo que sí me tocó ver fue la transición a la democracia. Era yo un mozalbete cuando un hombre de botas y muy lenguaraz llevó al PAN a arrebatarle la Presidencia de la República al PRI, que estuvo en el poder de manera ininterrumpida por más de 70 años.
Este paso a la democracia que no inició en el 2000, sino en 1989, año en que la oposición obtuvo su primera victoria en una gubernatura, la de Baja California, fue un proceso muy lento, costoso, que comenzó precisamente con una protesta social, la de los estudiantes en 1968.
La protesta social es un ejercicio democratizador que tiene la gran virtud de unirnos como seres humanos. A través de ella podemos mostrar empatía, pero también tiene la ventaja de enseñarle a la gente que el dolor por la pérdida de vidas humanas, desapariciones e injusticias es un asunto compartido, una señal de que hay más víctimas y que a una parte de la sociedad le importan.
No sólo eso. También es un derecho humano que trae consigo múltiples beneficios sociales, como la construcción de la paz, de la democracia y la diversificación de los canales de participación ciudadana.
Dicho de otro modo, sin la protesta social no tendríamos la democracia que hoy gozamos, tampoco libertades, ni conquistas sindicales, ni el reconocimiento de derechos como la participación de las mujeres en la vida política del país, entre muchos, muchos otros.
PERO…
Pero una cosa es Juan Domínguez y otra no me chingues. Las protestas sociales, sea cual fuere el propósito de su lucha, bienvenidas sean. Sin embargo, ¿por qué tendríamos que apoyar las que traen como bandera exigencias irracionales? O peor todavía, las que producen disturbios, violencia y actos de vandalismo. Es una insensatez. Sería como aprobar que una persona entre a robar comida a una tienda sólo porque está en su derecho de alimentarse.
En ese tenor, ¿por qué tendríamos que tolerar, aceptar y apoyar las protestas de los normalistas de la Mactumactzá? ¿Acaso sus demandas son justas? No. ¿Sus métodos de manifestación son los correctos? Tampoco. ¿Debe consentirse que trasgredan el orden público, la seguridad y los derechos de los demás sólo porque ellos, los estudiantes, están en su derecho de manifestarse? Para nada.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las protestas de la Mactumactzá son vandalismo puro y reprobable. Son actos criminales disfrazados de libre de manifestación. Son sucesos desequilibrados de supuestos futuros maestros que ponen en riesgo la vida de las personas. Son lo más parecido a una guerrilla urbana, pero sin motivos legítimos.
Pues, ¿qué es lo que exigen? Más apoyos del gobierno para su supuesta preparación académica.
Pero sabe qué, cada uno de estos pseudo estudiantes recibe un apoyo mensual de 14 mil pesos. Apoyo que, dicho sea de paso, no tiene ningún otro estudiante universitario en todo el estado.
Aquel o aquella alumna de Derecho, Psicología, Contaduría Pública, Administración de Empresas o de cualquier Ingeniería, sufraga los gastos de su educación profesional con el dinero de sus propios bolsillos y/o con el de sus padres.
En cambio, los de la “Mactu” gozan de este privilegio que religiosamente les cae mes con mes en sus cuentas bancarias. Algo más. Este dinero les queda libre para que lo utilicen en lo que les pegue su regalada gana, ya que también el gobierno le entrega apoyos económicos para útiles escolares, uniformes, alimentación (desayuno, comida y cena preparados por cocineros, no por ellos), excursiones, eventos deportivos y reciben 800 mil pesos anuales por el Día del Estudiante.
Además, gozan de instalaciones dignas, dormitorios con todas las comodidades y servicios educativos de calidad. Y a pesar de contar con todos estos beneficios, su calificación es de cinco, incluso menos.
No contentos con eso, demandan plazas automáticas para sus egresados. Se imagina qué clase de maestros serán con esa ridícula calificación.
Le pregunto a usted, padre de familia: ¿quisiera usted que uno de esos normalistas estuviera encargado de la educación de sus hijos? Porque más allá de su bajo nivel educativo está su participación en el secuestro de camiones de pasajeros y pipas de combustible, en el saqueo de tiendas de conveniencia, en el vandalismo de edificios públicos, en la toma de casetas de peaje, en el bloqueo de carreteras y hasta en la quema de patrullas.
LA CONSULTA CIUDADANA
Le soy honesto, yo no quiero a uno de esos vándalos como maestro de mis hijas.
Es más, me sumo, y lo invito a que usted también lo haga, a la consulta ciudadana que emprendieron los habitantes de la colonia Plan de Ayala Ampliación Norte que tiene el objetivo de exigirle al gobierno la reubicación de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Para ello se requiere reunir 6 mil firmas, que son un requisito que pide el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para hacer válida la consulta y sea atendida por las autoridades correspondientes.
Sumémonos todos: empresarios, amas de casa, transportistas, estudiantes, obreros, profesionistas, en fin, todos. Ya basta que un grupo de vándalos disfrazados de normalistas crea que su derecho a manifestarse está por encima del derecho de los demás a una vida libre de violencia y en paz.
Bueno, si quiere un motivo más para decidirse a firmar la consulta ciudadana, sepa que hace algunos meses, una pesquisa al interior de esta escuela descubrió un laboratorio en el que estos normalistas, acusados recientemente de incendiar y romper cristales en las instalaciones del IEPC, fabrican artefactos explosivos, como las llamadas bombas molotov.
yomariocaballero@gmail.com
