(II PARTE)
Manuel Aguilar Mora
Después del Otis
…Los pasos del oficialismo durante el primer mes de la tragedia son puntualmente la demostración del abandono institucional de la población acapulqueña y aledaña. Siguiendo su forma autoritaria característica AMLO se pasó por alto la Ley General de Protección Civil que se venía aplicando desde el terremoto de 1985, la cual en forma clara y definitiva promueve la acción solidaria y participativa de los tres niveles del gobierno de la República y de los organismos civiles y de todas las personas sin excepción.
Otro ejemplo escandaloso de ese caótico comportamiento oficial es lo relativo a la declaración oficial de 47 municipios del estado de Guerrero como una zona de desastre natural que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre como resultado de los planes de la gobernadora Evelyn Salgado. Pero al día siguiente el mismo Diario Oficial publicó una Nota Aclaratoria en la que se comunica que la Declaración de Desastre Natural por el huracán Otis no es para los 47 municipios de Guerrero sino sólo para los municipios de Acapulco y de Coyuca de Benítez. O sea que de 47 municipios se reducía a sólo dos la zona considerada como afectada por el desastre natural. Hubiera sido comprensible una reducción de dos tres, hasta de 10 e incluso 20, ¡pero de 45 de los 47 originales! Sólo la decisión individualista y arbitraria de AMLO pudo realizar tamaña decisión. Es también un ejemplo patente del despotismo con el que impone AMLO sus decisiones y lo nulo que son las instancias que pretenden coordinar los procesos de recuperación guerrerense. Por ejemplo, la fantasmagórica Comisión Especial para el seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, creada el 2 de noviembre en el Senado y que está presidida por Félix Salgado Macedonio. El caso de este personaje, juez y parte en la tal Comisión, quien es el dirigente morenista principal de Guerrero, no pudo postularse como el candidato a gobernador en 2021 por haber sido acusado de violador y de irregularidades en el proceso electoral. Fue así como en un gesto tipo monárquico más que republicano, Salgado aceptó, pero a cambio impuso como la gobernadora a su hija, absolutamente ignorante de las funciones administrativas y políticas del puesto como ha sido patente en la crisis actual, como su sustituta.
Muchos e igualmente escandalosos hechos muestran el manejo de colosal torpeza puesto en práctica por el obradorismo en esta coyuntura, conducta encabezada por los movimientos, decisiones y ocurrencias del jefe indiscutible. Un caso que se supo de inmediato dada la situación fue que el presidente había desde el inicio de su gobierno liquidado el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso con cerca de 40 mil millones de pesos reservado para ser utilizado en tiempos precisamente como el provocado por el Otis. La justificación dada por AMLO fue la misma que dio para la desaparición de otros fideicomisos: “era la caja chica para alimentar la corrupción de los políticos”. Y al igual que otros casos parecidos, la medida era tomada sin analizar la función, sin perfeccionar y sanear los objetivos de una instancia que como se demostró fehacientemente era necesaria. El Fonden recibió del Banco Mundial 130 millones de pesos para la renovación del sistema meteorológico en 2012, de los cuales 32 millones tenían como objetivo aumentar de 13 a 21 los radares meteorológicos en funcionamiento. El 25 de octubre había sólo cinco funcionando en todo el país.
La reconstrucción de Acapulco
La reconstrucción de Acapulco es la tarea urgente que sigue. Se trata de una cuestión decisiva en la que han sido patentes las confusiones y las contradicciones que han prevalecido en la forma en que el gobierno ha reaccionado ante el desafío mayúsculo que significa la reconstrucción de Acapulco, literalmente la construcción de una nueva, de otra ciudad enteramente diferente a la destruida por Otis. La ineptitud, la mezquindad y la cruda omisión han sido las señales que han determinado la conducta del obradorismo al respecto.
Después de esa primera torpe decisión de ir vía terrestre al puerto el día de la tragedia, con los resultados grotescos previsibles, AMLO viajó otras varias ocasiones al puerto, pero sin informar al público y para reuniones no comunicadas, ni anunciadas, con los militares. Sólo al cumplirse el primer mes de la tragedia ofreció una conferencia pública en la Base Naval con la gobernadora y los marinos como espectadores. Allí se refirió a las iniciativas que ha puesto en práctica su gobierno consistente básicamente en asistencia directa a los damnificados: ayudas, créditos, exención de pagos de impuestos y de servicios, distribución de despensas y medidas parecidas. El traslado de miles de militares y de miembros de las brigadas del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero no hubo reuniones reportadas con damnificados con los “baños de pueblo” a los que es tan afecto el presidente. Explicando estas ausencias con “el pueblo bueno que lo apoya” AMLO ha explicado que en Acapulco el clima no está para esas asambleas por el riesgo de “la provocación”: “No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación. Que eso es lo que quieren.” (La Jornada, 15.11.2023). Según él mismo es más importante para la toma de sus decisiones las acciones de algunos pocos provocadores que mostrarse presencialmente ante los amplios auditorios de los seguidores de su atribulado “pueblo amado”. ¡Extraña situación para un populista!
En ningún momento ha sido patente la existencia de un plan de reconstrucción, de un presupuesto calculado para hacer frente a las necesidades. Todo han sido informes, discusiones y decisiones tomadas de una semana a otra por AMLO, jactanciosas declaraciones de que el gobierno dispone de todo el dinero necesario para las necesidades de la reconstrucción acapulqueña pero en la práctica en la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 precisamente días después de la catástrofe la bancada obradorista y de sus aliados en la Cámara de Diputados se negó rotundamente a destinar un peso a los damnificados y a la reconstrucción. El presupuesto aprobado equivale a nueve billones 22 mil millones de pesos (o sea 9 022 seguido de doce ceros), de los cuales ni un peso se etiquetó para hacer frente institucionalmente a la reconstrucción de Acapulco y de ayuda a sus damnificados. A lo más que llegó la solidaridad de los morenistas fue a decidir que un mes de sus dietas serían entregadas al fondo de ayuda a los damnificados: se trata de sólo 60 millones de pesos (¡!). El gobierno obradorista fuera del presupuesto aprobado se comprometió a destinar 61 mil millones de pesos especialmente al financiamiento de la reconstrucción, pero los cálculos reconocidos por diversas fuentes vinculadas a las instancias conocedoras de estas catástrofes consideran que la cifra requerida sería cinco o seis veces mayor. O sea que la reconstrucción de Acapulco costaría más que la refinería de Dos Bocas. Una reconstrucción además que no será rápida, que se medirá no en semanas o meses sino en años, para lo cual no se delinean ni avizoran los planes para llevarla a cabo. Eso sí promesas, buenos augurios y sueños son abundantes en los anhelos del presidente. “Tengo un sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como están haciendo, de que ya en Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Van a estar como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso no va a ver amarga Navidad.” (La Jornada, 31.10.2023). En efecto son sólo sueños, como dicen en inglés “whishfull thinking” (buenos deseos).
En la ocasión de su primera mañanera en el puerto efectuada precisamente en la Base Naval de Icacos al cumplirse el primer mes de ocurrido el cataclismo, AMLO definió la reconstrucción como el resultado de la acción de los damnificados, “la autoayuda de la población, lo cual no es algo del otro mundo” dijo él. Una forma poco elegante de explicitar un relativo abandono de las responsabilidades colosales de su gobierno en Guerrero. Mientras escribimos estas líneas más de 40 días después del desastre es claro que tal “autoayuda” no es ni con mucho suficiente. Precisamente la alcaldesa anunciaba hace unos días que había contratado 200 camiones góndolas para que recogieran las 300 toneladas de los escombros y los desechos amontonados que todavía quedaban en las calles y avenidas. (Milenio, 04.12.2023).
En la práctica en sus visitas al puerto, en sus reuniones dedicadas a la coordinación de las tareas de reconstrucción, AMLO se ha reunido, además de con los marinos y militares, con grupos de hoteleros, de las agencias aseguradoras y en general con los sectores burgueses para trazar las próximas acciones. En una reunión organizada por Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, dueños de hoteles de Punta Diamante y otros adinerados empresarios se comprometieron a realizar 46 eventos en el puerto en 2024. Congresos, convenciones, un Tour de France, un Spartan Race y hasta un concierto de Luis Miguel. También los organizadores del Tianguis Turístico hicieron lo mismo y para marzo prometen disponer de 3 500 habitaciones para turistas. La alcaldesa invita ya a los turistas a acampar en las playas que cientos de voluntarios limpian afanosamente. (Milenio, 03.12.2023). Decisiones de este tipo son enigmáticas y precisamente en la próxima Navidad de los días próximos veremos su realismo y eficacia.
La opinión de urbanistas, ecologistas, ingenieros y arquitectos no concuerda en absoluto con la forma de enfocar de AMLO la colosal empresa de la reconstrucción de Acapulco. Un grupo de ambientalistas, consultores y autoridades de protección civil que se han enfrentado problemas semejantes en Cancún lo dicen con claridad. La reconstrucción del puerto y de toda la zona dañada por el Otis debe actualizar o crear nuevos paradigmas, normatividades en materia constructiva, revisar los usos del suelo, asignar límites de densidad en vivienda y cuartos de hotel, así como un tope máximo a la altura de las edificaciones (no más torres de 20 o más pisos construcciones contraindicadas en las costas). Rediseñar la red eléctrica construyéndola subterráneamente para eliminar las torres de cableado que fueron especialmente golpeadas por el huracán. (El Universal, 27.11.2023.) La forma de enfocar de AMLO la colosal empresa de la reconstrucción de Acapulco es por completo ajena a la colaboración con científicos, al asesoramiento de expertos y la participación democrática de los ciudadanos involucrados que son vistos como objetos y no sujetos conscientes de una empresa colectiva, Él se reúne con subordinados, en especial militares y con incondicionales que no puedan contradecirle.
Por supuesto, se trata de una empresa colectiva democrática imposible de realizarse con la emisión de órdenes verticales desde Palacio. De hecho, la cuestión equivale a la construcción de un nuevo, muy diferente puerto de Acapulco, de asentamientos urbanos y de poblaciones rurales en su entorno, a tono con las necesidades y requerimientos del siglo XXI, del cuidado del ambiente, del uso de las nuevas energías limpias y renovables y, ante todo, de una participación democrática no de individuos aislados que dependen de su “autoayuda” sino de los conjuntos sociales, coordinados en una empresa colectiva democráticamente planificada.
