Ronda Política
Víctor Lara
Rutilio y Zoé van por los no vacunados con nueva estrategia
Anuncian Rutilio Escandón y Zoé Robledo Plan de refuerzo para la población no vacunada en Chiapas.
Será específico para 77 municipios, identificados con una cobertura menor del 65 % en población mayor de 18 años, enfocado en mil 816 localidades que tienen entre dos mil y dos mil 500 habitantes.
“La población objetivo en este componente de vacunación es de 913 mil personas, que representan el 84 por ciento del universo no vacunado. Es una fase inicial y después iríamos por el otro porcentaje”, resaltó Zoé Roblero al precisar que se pretende iniciar este 31 de enero en 10 regiones.
El gobernador destacó que Chiapas registra más del 70 % de población vacunada; este plan es de gran importancia para proteger la salud de las personas rezagadas.
Zoé Robledo indicó que esta estrategia contará con la coordinación entre el IMSS, Sedena, Semar y el Gobierno de Chiapas.
El mandatario destacó que trabajar como un solo sistema de salud ha permitido avanzar en el proceso de inmunización de las y los chiapanecos, muestra de ello es que en julio la entidad tenía un 18 por ciento de personas vacunadas y, de acuerdo con el último reporte, ahora registra más del 70 por ciento; por eso, enfatizó que este anuncio es de gran importancia en la protección de la salud de la población rezagada y lograr el 100 por ciento de cobertura.
Asimismo, detalló que de tres millones 624 mil chiapanecos, se ha vacunado a dos millones 544 mil, y ya es poco más de un millón la población que falta de inmunizar en esquemas primarios. “En Chiapas se calcula a partir del 100 por ciento de la población, porque así ha sido la instrucción del presidente”.
El agua elemento básico y necesario para la sobre vivencia y también es catalogada legalmente como un derecho humano, se encuentra en el total abandono en México. En el artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
También en El artículo 27 y 115 constitucionales
Frente al estrés hídrico que se vive en México, un problema que rebasa la actuación de los gobiernos en todos los niveles, aunado a la escasez y recorte de recursos presupuestales, solo basta enterarse que el presupuesto del 2012 que tuvo la CNA no se compara con el presupuesto del 2022, no hay atención a ese sector en ningún rublo.; expertos en la materia hicieron un llamado para apartar la problemática del agua de la política, y dar certeza a la inversión privada y a impulsar cambios legislativos que promuevan un mejor aprovechamiento frente al cambio climático.
“El problema hídrico del país es del presente y no del futuro y lo debemos atender todos de manera colectiva”, sostuvo Eduardo Vázquez, director Ejecutivo en Agua Capital (Fondo de Agua de la Ciudad de México).
“Tenemos frente a nosotros un problema de interés común que claramente requiere una acción colectiva”, e hizo un llamado a reconocer que es un problema que excede por mucho a las autoridades y que requiere la participación de todos, comentó Vázquez.
José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, refirió que la mayor parte de los organismos operadores de agua en el país están en quiebra técnica, por ello, se deben sacar del vaivén político electoral y contar con consejos ciudadanos que decidan sobre el uso del agua.
En segundo lugar, comentó que se debe trabajar en la tecnificación de las plantas de tratamiento, ya que son obsoletas y no están operando.
El ex titular de la Conagua hizo un llamado a la Cámara de Diputados para destinar mayores recursos a la Conagua ya que a poco más de una década de su administración, el organismo tiene una mayor necesidad de recursos, pero opera con la mitad del presupuesto.
José Ramón Ardavín, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable,
destacó que existe un falso debate sobre si se privatiza o no el agua, “no vale la pena meterse a eso porque hay una serie de planteamientos falaces; en ningún lugar del mundo el agua está privatizada”.
El privado nunca fija las tarifas, quien las fija es la autoridad ya sea municipal o estatal, y para que haya inversión privada se requiere seguridad de largo plazo de que cumplirán los contratos, refirió.
Refirió que las asociaciones público – privadas, son un esquema viable para el financiamiento y operación de las plantas de tratamiento, dónde el privado participa con el diseño, financiamiento, operación y mantenimiento, y cobra en función de sus resultados.
Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, expuso que desafortunadamente existen pocas plantas de tratamiento y estimó que hay cerca de 2,500, algunas costaron entre 70 mil y 80 mil millones de pesos y son recursos “tirados” porque no funcionan.
De acuerdo con el especialista es necesario un cambio en la gestión de la Ley de Aguas Nacionales ya que no responde a los nuevos retos y menos al concepto del cambio climático. Señaló que una de las fallas más graves en el país es la falta de reciclaje de agua, una exigencia de Naciones Unidas, “debemos tener plantas de tratamiento de aguas de descarga cero y reciclar el agua”, recomendó.
México dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica.
El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor estratégico para el desarrollo del país.
México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), donde se recibe 49.6% de la lluvia.
De este total 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22% escurre por los ríos o arroyos y 6% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.
Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua.
Un aspecto importante a considerar en la disponibilidad de agua es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Según estimaciones de Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2012 y 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Además, para 2030, aproximadamente 75 por ciento de la población estará en localidades urbanas. El incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional.
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