Ulises Lara López
Inicio el ciclo escolar 2023-2024 en el que regresaron a las aulas más de 29 millones de estudiantes en Educación Básica, Media Superior y Escuelas Normales de todo el país.
El recién estrenado calendario escolar de Educación Básica será de 190 días aplicable para Preescolar, Primaria y Secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Para otros sistemas se incrementa una semana más.
Esto representa un éxito, a pesar de los intentos de sabotajes; se registraron solo dos movimientos, uno en el municipio indígena de Astacinga, Veracruz, por parte de un grupo de padres de familia de la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen”, donde quemaron los nuevos Libros de Texto Gratuitos como expresión de su rechazo por los contenidos que consideraron como no aptos para los pequeños estudiantes. El otro caso fue de padres y madres de familia mayas tzotziles, en la comunidad de San Antonio el Monte, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes quemaron más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por considerar sus contenidos “no aptos” por sus creencias evangélicas.
A pesar de estos casos aislados, la distribución de libros de texto fue aprobada en 30 de 32 entidades, es decir los 95.6 millones de Libros de Texto Gratuitos fueron entregados a los gobiernos de los estados para ser distribuidos en sus escuelas públicas, solo en Chihuahua y Coahuila se encuentra suspendido el proceso por una controversia constitucional.
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que, a pesar del rechazo de la oposición, salvo los libros de secundaria, que «están por llegar», en casi todo el país ya cuentan con el material educativo, por lo que agradeció a gobernadores, padres de familia y maestros. Para el caso del Edomex, donde también unos veinte de padres de familia tramitaron un amparo en contra de los libros, tras pláticas con el gobernador Alfredo del Mazo, se llegó al acuerdo de atender el criterio legal expuesto por la SEP, para amparar sólo a los demandantes y permitir al resto de la población contar con el material bibliográfico.
Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que los libros de texto deben de ser distribuidos, y el decidir si serán o no utilizados, recae en madres, padres y educadores.
Para el caso de Jalisco, respaldada la entrega por un análisis de la propia UdeG, se marcha atrás a la postura contra los Libros de Texto y se informó que se realizará la entrega de los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana.
En estos intentos jurídicos la COPARMEX CDMX mantiene la exigencia a la SEP de completar procesos. Según esto porque se encuentra en falta jurídica ya que incumple con los ordenamientos de diversos jueces que impiden la distribución de los Libros de Texto Gratuitos, exigió que se realice la reposición del proceso para rescatar los buenos materiales que existen en los nuevos contenidos y que se genere un diálogo abierto, profundo y verdadero con la sociedad civil para evitar mayor división social.
Incluso crearon un “Colectivo por la Educación” para generar información, en tiempo real, de lo que sucede en temas de educación; con ello se busca conformar un espacio de unión para que padres de familia, maestros y especialistas actúen juntos en “defensa de la educación”.
Los objetivos de este Colectivo son: generar información verídica y en tiempo real de lo que está pasando en el tema de educación; crear un espacio para que padres de familia, maestros y organizaciones actúen juntos en defensa de la educación de las y los niños. Y generar una plataforma que permita tener de manera fácil y accesible materiales curriculares de calidad, textos y videos de especialistas y pedagogos para avanzar en el aprendizaje.
La plataforma digital con el material que previamente será analizado por un comité de expertos que decidirá, con base en los estándares internacionales, qué información será publicada y distribuida entre la comunidad educativa.
También enfatizaron su total disposición de colaborar con las autoridades para que se cumpla con el mandato legal y reponer el procedimiento de elaboración de planes, programas y materiales con apego a la normatividad y poniendo el interés superior de la niñez en el centro de la toma de decisiones.
Llegado el momento de las clases y la formación de millones de estudiantes en las aulas de las escuelas públicas de todo el país, es tiempo de dejar atrás discusiones y polémicas estériles, el verdadero punto de unión es el mandato constitucional para garantizar la educación a niñas, niños y adolescentes quienes, por ley y por derecho humano no deben detener su formación; queda entonces fomentar su libertad para la consolidación de su pensamiento crítico.
