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Ulises Lara López

Ahora que México recupera la categoría 1 en seguridad aérea, el país puede añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, así como las aerolíneas estadounidenses pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por aerolíneas mexicanas. En México se prevé que habrá 50 nuevas rutas aéreas y con ello más de 1 millón de pasajeros.

El pasado 14 de septiembre la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que devolvió la categoría 1 a México, es decir, la máxima calificación de seguridad aérea luego de más de dos años de trabajo entre las autoridades de aviación civil de ambos países, una clasificación que compartía con países como Pakistán, Tailandia, Ghana, Malasia y Bangladesh.

La decisión impedía abrir nuevos servicios y rutas a EU y prohibía que empresas estadounidenses compartieran asientos con vuelos operados por México, lo que afectaba la competitividad de los aeropuertos, en particular el de la Ciudad de México.

La recuperación de la categoría se anunció días después de la visita de Pete Buttigieg, secretario de Transporte de EU, cuando acudió al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugurada el año pasado.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y las líneas aéreas mexicanas elogiaron el retorno a la categoría porque fortalece la operación y oferta en el mercado de ambos países.

En esta materia, existen temas pendientes que deben abordarse transversalmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con otras entidades para analizar, legislar y aplicar la normatividad aeronáutica para el espacio aéreo y el derecho aeronáutico.

Actualmente el artículo 42 Constitucional de nuestra carta magna, establece que el espacio aéreo comprende “el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional y su correspondiente soberanía pero que, además, posea capacidades de proyección a nivel regional, hemisférico y global”.

Hoy día persiste el tema de la delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, aunque ambos espacios están perfectamente definidos en cuanto a su régimen jurídico: el espacio aéreo sujeto a soberanía estatal plena y exclusiva, y el espacio exterior o ultraterrestre dominado por el principio de no apropiación nacional.

No podemos dejar de mencionar a la Agencia Espacial Mexicana (AEM), la cual surgió en julio de 2010 como un organismo con patrimonio propio y desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Según investigaciones de un periódico nacional, la AEM informa que: “a una década, la erogación de la instancia que protege el espacio aéreo mexicano, y en la que recae la responsabilidad de reconocer o no avistamientos extraterrestres, fue de aproximadamente 182 millones de pesos, una cantidad dos veces inferior a la inversión, para la construcción del distribuidor vial de la salida a Quiroga en Morelia, Michoacán”.

Hasta antes del 2016, la AEM tenía un gasto anual de 9 millones 864 mil 586 pesos. En 2014 apenas completó 2 millones 259 mil 192 pesos en cuatro contratos en arrendamiento de vehículos terrestres, servicio integral de administración de personal y proceso de nómina; cursos de inglés y formulación de herramientas jurídico-administrativas.

De acuerdo a la información publicada “la Secretaría de la Función Pública detectó en ese ejercicio, un daño al erario superior a los 26 millones de pesos porque la agencia pagó dos veces el mismo contrato para un evento internacional de astronáutica”.

Al igual que en la revisión de la cuenta pública de 2021, la Auditoria Superior de la Federación advirtió que entre 2019 y 2022, el presupuesto ejercido para el programa “Investigación, Estudios y Proyectos en materia Espacial” -en el que la AEM se sostiene– presentó un decremento de 12.1%, al pasar de 75 millones 877 mil pesos en 2019 a 51 millones 500 mil en 2022.

En este último año se registró la disminución más considerable. Ese fue el escenario para que entre 2019 y 2021 se realizara el menor número de estudios. Hubo siete en total en dicho periodo. Esto se puede explicar por dos importantes acciones:

“… Derivado del decreto presidencial, publicado a inicios del ejercicio 2020 en el que se emiten las disposiciones y ordenamientos para extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, entre estos, el Fondo Sectorial CONACYT-AEM, se terminó con el mecanismo de apoyo de la Agencia Espacial Mexicana a proyectos de investigación”. Y por “su limitada estructura normativa, programática y presupuestal, y la falta de vinculación que existe entre sus facultades y los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y, en consecuencia, la consolidación y el fortalecimiento de la política espacial”, expuso el órgano fiscalizador.

En agosto del 2020, en el Auditorio Javier Barros Sierra, de acuerdo a reportes informativos, el primer astronauta de México, Rodolfo Neri Vela, se reunió con estudiantes de ingeniería y abundó en la soledad de la agencia, dijo: “Las grandes empresas vienen por la mano de obra barata y falta de desarrollo propio. Se debe apoyar a la Agencia Espacial Mexicana, que nació como un bebé que dejan abandonado afuera de una iglesia, pero ha sobrevivido”.

A cuatro años de esas palabras hoy sabemos por las resoluciones de la Secretaria de la Función pública, uno de las más altas de la historia que la corrupción se apodero de esta importante instancia. Para el futuro de México es necesario contar con un proyecto estratégico en materia aeroespacial y fomentar la formación de profesionales e investigadores que se hagan cargo de los proyectos y tecnologías que darán sentido a los grandes proyectos de transporte y comercio en México, me refiero a los nanos satélites, a las redes de soporte logístico nacional e internacional a la entrada de México al transporte ferroviario y aéreo más grande de nuestra historia. Una estrategia que deberá de adoptar los presidentes de los próximos sexenios y que seguramente Claudia Sheinbaum abrazará con entusiasmo.

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