Acuerpada por el Comité Directivo Estatal del PRI, la diputada Yeimi Yazmín presentó una queja por los señalamientos de Layda Sansores
Ainer González / Diario de Chiapas
Acompañada por legisladoras, regidoras, integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), así como del dirigente Estatal del PRI en Chiapas, Rubén Zuarth; la diputada federal, Yeimi Yazmín Aguilar, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; por afirmar que tiene en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
La legisladora del tricolor manifestó que los señalamientos de la gobernadora afectan sus derechos humanos, además de que sus expresiones verbales han sido misóginas ya que violentan la dignidad de todas las mujeres que están presuntamente involucradas en esta acción que lleva a cabo desde Campeche.
En un mensaje a Juan José Zepeda Bermudez, titular de la CEDH en Chiapas, expuso que el pasado 5 de julio de este año, la titular del Gobierno de Campeche condujo un programa, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del PRI en la Cámara de Diputados, generando así violencia directa hacías las políticas.
“La aseveración realizada por la gobernadora representa una seria y grave afectación a nuestros derechos humanos, pues a través de sus señalamientos misóginos estaría violentando la dignidad de todas las mujeres señaladas en este escrito de queja y se está vulnerando nuestra privacidad e intimidad”, subrayó.
Este hecho, advirtió la legisladora que no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.
Por su parte, la dirigente estatal del ONMPRI, Flor Angel Jíimenez, exigió una investigación pronta y eficaz, en el que se lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a los derechos humanos, así como el esclarecimiento de estos hechos.
Con fundamento en dichas disposiciones y lo previsto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las priistas solicitaron se otorguen medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a las afectadas.
Asimismo, solicitaron la pronta eliminación de un vídeo publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas, además de prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, el continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.
Por tanto, las políticas requirieron a la CEDH realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, “pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas”.
