Seguridad social a trabajadoras del hogar, la gran incógnita
En todo el territorio mexicano somos algo así como 130 millones de habitantes, de ellas, casi 3 millones son mujeres, principalmente, las consideradas personas trabajadoras del hogar. Esta cifra de mujeres trabajando en casas, sin prestaciones de ley, representan el 4.5 por ciento del total de los ocupados en el país. Esto significa, que miles de hogares requieran los servicios de ellas, debido a que el padre y la madre de familia trabajan y no les da tiempo cumplimentar estas actividades, por ello se avientan a buscar “otras manos que les ayuden a sacar la chamba”.
Es de destacar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México se estima que 96.7% de todas las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, lo hace de manera informal, es decir, no hay un contrato, no existe forma de garantizar un pago de seguro social o mucho menos, acceso a la oportunidad de tener una vivienda propia.
El trabajo doméstico es el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares. Puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales domésticos. Estas tareas las contempla en su encuesta la ENOE.
Esta numerología que se presenta es justamente alusiva a la reciente aprobación por unanimidad que el pleno del Senado de la República hizo para garantizar el seguro social para todas las personas trabajadoras del hogar.
Sin duda, el beneficio de que tengan seguro social es un acierto de parte de las senadoras y senadores, pero seamos prácticos y honestos. El dictamen no podrá ser respetado por la mayoría de las familias mexicanas que contratan estos servicios, pues apenas se tiene lo necesario para sobrevivir.
Una familia promedio, de clase media, gana dos salarios a tres diarios, pero eso apenas le alcanza para la educación de los hijos, afrontar situaciones imprevistas, para comer, para vestir, y quien tiene oportunidad de adquirir los servicios de una mujer en el hogar es porque o no puede o no le da tiempo hacer de comer o atender a los miembros de dicha familia, mientras los jefes de familia trabajan
La Cámara de Senadores se enorgullece por esta iniciativa, porque aseguran, se hará obligatorio el registro en la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Insistimos, la medida es excelente, pero el poder adquisitivo no alcanza en las familias donde el promedio de percepción económica es apenas el ideal para irla pasando.
Consideramos que mientras la desigualdad social y económica permee en el país, estas buenas intenciones de los legisladores quedarán en el limbo. Desde adentro, donde no se puede llevar un control minucioso sobre si una familia tiene contratada a una persona para estas actividades, obligar a alguien a pagar seguro social, estará en chino.
Ahora que, si se refieren a las familias, cuyos hombres y mujeres son funcionarios públicos de jefe de departamento para arriba, pues entonces la situación cambia. O no se diga si estamos hablando de diputados de los estados, legisladores federales o los propios senadores, cuyos sueldos rebasan los cien mil pesos mensuales por los estímulos que tienen al presidir comisiones, viáticos y todas las canonjías de las que gozan por representar al pueblo. O si nos vamos al ámbito académico, empresarial, por citar algunos sectores, ahí sí, nadie dirá que no tengan la oportunidad de brindarle este beneficio a sus empleadas.
Si a ese status se refieren los legisladores, bueno, entonces reculamos. Esta iniciativa aprobada es comparada con las artimañas que hacen las empresas con sus trabajadores. Les obligan a firmar contratos por tres o seis meses para que no hagan antigüedad, para que no tengan derechos laborales y de esta forma, poder deshacerse de ellos en cualquier momento. Si bien la ley se ha modificado, que ahora se castiga esta práctica con las llamadas outsourcing, lo mismo pasaría con quien adquieran los servicios de las trabajadoras del hogar: no las reportan y si llegasen a protestar, pues prescinden de sus servicios.
Como propuesta política está más que bien, pero si somos realistas, tardarán muchos años, cuando el sector político, económico y social del país esté en otro nivel y para ello aún falta mucho. Estamos a años luz. Además, quien contrata a una trabajadora del hogar, como suele pasar en Chiapas, es porque dicha persona no tiene trabajo y lo que es peor, carece de estudios. Entonces, creemos que las buenas intenciones de los legisladores quedarán en eso. Y para ponérselas más sencillo, hay que hacer una encuesta para ver si los 55 diputados locales, federales y senadores representativos de Chiapas, registran este servicio ante el IMSS para apoyar la seguridad social de sus trabajadoras del hogar. ¡Veremos dijo el ciego!
